El general de división Leonardo Sánchez Peláez, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, ha reconocido ante el juez Santiago Pedraz que propuso amonestar verbalmente a un agente de la Unidad Central Operativa sin disponer de un informe jurídico que respaldara la medida. El investigador había trabajado en el análisis de los correos electrónicos intervenidos en la causa judicial que afectaba a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.
La declaración se produjo como testigo dentro del denominado caso Leire, en el que la Audiencia Nacional investiga las presuntas maniobras dirigidas a desacreditar o condicionar a los agentes que participaban en investigaciones relacionadas con el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.
Según fuentes conocedoras del interrogatorio citadas por El Independiente, cuando se preguntó a Leonardo Sánchez si existía algún dictamen legal que justificara la amonestación, el general respondió: “No, lo propuse yo”. También admitió que la advertencia verbal “no está tipificada como sanción”.
Una amonestación que nunca llegó a ejecutarse
El episodio tiene su origen en una información reservada abierta por la Guardia Civil en diciembre de 2024 para averiguar cómo había llegado a un medio de comunicación una imagen con referencias a tres correos electrónicos de Begoña Gómez.
La captura procedía de un documento técnico elaborado por un analista de la UCO para preparar una reunión con la magistrada que instruía en Badajoz la causa contra David Sánchez. El archivo habría terminado a disposición de las partes personadas en el procedimiento por un error de la propia autoridad judicial.
El jefe de la Jefatura de Policía Judicial, el general Alfonso López Malo, comunicó internamente que la difusión no podía atribuirse a una filtración voluntaria de la UCO. Pese a ello, la cúpula del cuerpo mantuvo abierta la investigación interna.
Leonardo Sánchez cerró finalmente la información reservada sin identificar ninguna responsabilidad disciplinaria. Sin embargo, incluyó en sus conclusiones una recomendación para que el analista fuera amonestado verbalmente por no haber extremado el cuidado al manejar información relacionada con la esposa del presidente.
La propuesta fue recogida posteriormente por el director adjunto operativo, Manuel Llamas, pero no llegó a aplicarse. López Malo declaró ante el juez que nadie ordenó finalmente amonestar a ningún guardia civil.
El problema jurídico de una sanción inexistente
La comparecencia de Leonardo Sánchez adquirió especial relevancia cuando las partes le preguntaron por las garantías empleadas durante aquella investigación. El general había defendido previamente que en esta clase de procedimientos se procuraba proteger los derechos de los afectados y que la instrucción contaba con personal de perfil jurídico-militar.
Sin embargo, reconoció que la amonestación verbal no estaba prevista como sanción disciplinaria y que su propuesta no se apoyaba en ningún informe legal específico. Esa admisión no equivale por sí sola a una declaración judicial de ilegalidad, pero cuestiona el fundamento administrativo de la medida.
La contradicción central es que el expediente terminó sin responsabilidades, pero aun así se recomendó reprender al agente. Ese punto es ahora utilizado por quienes sostienen que las investigaciones internas no pretendían esclarecer filtraciones, sino generar presión sobre los miembros de la UCO.
Las tres investigaciones internas sobre la UCO
Los mandos de la unidad han descrito ante el juez como “excepcional” la apertura de varias informaciones reservadas en menos de un año contra el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción.
Estas actuaciones se iniciaron mientras la UCO intervenía en procedimientos con una fuerte dimensión política, entre ellos los relacionados con David Sánchez, Begoña Gómez y el denominado caso Koldo.
Los responsables de la Guardia Civil que declararon ante Pedraz han ofrecido versiones diferentes sobre la finalidad de esos expedientes. Algunos niegan que existiera una estrategia política organizada, mientras otros los interpretan como un intento de intimidar a los investigadores o conocer la identidad de quienes trabajaban en los casos más sensibles.
La causa judicial debe determinar si esos episodios formaron parte de una operación coordinada o si respondieron a decisiones administrativas independientes.
La orden de “ponerse de perfil” en las causas políticas
La declaración de Leonardo Sánchez coincide con otros testimonios comprometidos para la antigua cúpula del Instituto Armado. Rafael Yuste, exjefe de la UCO, y Alfonso López Malo ratificaron ante el juez que en julio de 2024 recibieron instrucciones para no ser “proactivos” en procedimientos con afectación política.
Según sus testimonios, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, mostró su malestar por el contenido de un informe sobre David Sánchez y pidió que se acelerara el análisis de los correos para concluir que “no había nada”.
Días después, el DAO Manuel Llamas habría solicitado a los investigadores que se “pusieran de perfil” y dejaran que fuera la autoridad judicial quien tomara la iniciativa en este tipo de procedimientos.
Los mandos que han relatado esas conversaciones no aseguran conocer quién dio la orden política ni si existió una instrucción directa del Gobierno. Sus declaraciones reflejan presiones internas, pero la atribución de responsabilidades continúa bajo investigación.
Qué investiga el juez Santiago Pedraz
El caso Leire analiza una presunta estructura destinada a obtener información comprometedora sobre investigadores, fiscales y jueces vinculados a causas que afectaban al PSOE o al Gobierno.
La investigación se centra en las actividades atribuidas a Leire Díez y en sus contactos con antiguos responsables socialistas, así como en la posible utilización de recursos o influencias para neutralizar procedimientos judiciales.
La comparecencia de Leonardo Sánchez no se produjo como investigado, sino como testigo. Por tanto, su declaración no implica que se le atribuya formalmente un delito.
Lo que sí deja es una cuestión difícil de explicar: por qué se propuso reprender a un agente cuando la propia información reservada había descartado cualquier responsabilidad disciplinaria y cuando la medida sugerida carecía de una base jurídica documentada.
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