El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado nuevas diligencias dentro de la investigación que dirige sobre presuntas irregularidades vinculadas a contratos públicos. Entre las decisiones adoptadas figura la citación en calidad de investigada de Ana María Fuente Pacheco, gerente del PSOE, quien deberá comparecer ante el juzgado el próximo 9 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas. Ese mismo día, media hora después, también está llamado a declarar como investigado Ismael Oliver Romero.
Además de fijar las comparecencias, el magistrado incorpora a la causa nueva documentación remitida por la UCO en respuesta a un requerimiento previo. En concreto, el informe recibido incluye información sobre cuentas bancarias que ahora será analizada por la Fiscalía, a la que se ha dado traslado para que emita el correspondiente informe.
Se investiga la gestión económica del PSOE durante la etapa de Ana María Fuente al frente de la gerencia. Según las diligencias judiciales, el magistrado investiga si desde ese departamento pudieron emitirse encargos y facturas presuntamente irregulares para canalizar fondos destinados a terceros. El juez atribuye a la gerente una posible participación en delitos como falsedad documental, sin perjuicio de lo que determine el avance de la instrucción.
Paralelamente, las cuentas anuales del partido reflejan un incremento significativo del gasto en la partida de “servicios exteriores”, que engloba los pagos realizados a proveedores y empresas externas. Tras el nombramiento de Fuente como gerente en 2021, este capítulo pasó de 35,8 millones de euros ese año a 40 millones en 2022 y alcanzó los 56,2 millones en 2023, la cifra más elevada registrada por la formación. En 2024, ya sin un calendario electoral comparable al del año anterior, el gasto se situó en 39,4 millones de euros.
La resolución judicial sostiene que una parte de esos fondos, cifrada en al menos 180.000 euros, podría haberse desviado mediante facturas supuestamente falsas emitidas por despachos de abogados y consultoras. El PSOE, por su parte, rechaza las acusaciones, asegura que mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción y sostiene que no existen irregularidades en la actuación de su gerente, que continúa desempeñando sus funciones mientras avanza el procedimiento judicial.
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