El limbo de la ley de Nietos: “Lo más normal es que no haya ningún paso y que se queden sin derecho a voto en las próximas elecciones”

Isabel Díaz Ayuso habló en Tuiter (ahora X) de “SOS democracia” en cuanto conoció el fallo del Tribunal Supremo. El Supremo ha bloqueado la inscripción en el censo electoral de miles de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la llamada ley de nietos, y ahí termina, al menos de momento, el alcance real de la decisión.

“El recurso no es contra la ley de nietos”, zanja el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, en conversación con Artículo14. “El problema era la instrucción de justicia en la que decía que no hacía falta demostrar que el exilio fuera político, sino que se presumía. Eso es lo que se impugnó”. La diana no ha sido la norma que aprobó el Congreso, sino el modo en que el Ministerio de Justicia decidió aplicarla, dando por bueno el exilio sin pedir pruebas.

Urías insiste varias veces en el mismo matiz: “El Supremo no ha suspendido la ley, sino la inscripción en el censo electoral de las personas que, conforme a la ley, han adquirido la nacionalidad sin demostrar que han sido represaliadas”. Son españoles y siguen siéndolo, y lo único que se congela es su papeleta.

Pocas salidas al bloqueo

A partir de ahí, las salidas escasean. “No hay muchos pasos posibles. Podría pasar que algún ciudadano español, conforme a esa ley, impugnase la decisión y lo llevara al Tribunal Constitucional. Pero sería muy difícil”, admite. Técnicamente cabe, sí: “Sería posible que esto se llevara al Constitucional y que anule la medida cautelar”. Pero el problema es el reloj. “Aunque se lleve al TC no daría tiempo a que resolviera. Lo más normal es que no haya ningún paso y que se queden sin derecho a voto en las próximas elecciones“.

La medida, cautelar de momento, no es firme y precisamente por lo que congela su aplicación es extremadamente delicada. “La inscripción en el censo es un derecho fundamental. Por eso es tan complicado que a un español, de manera definitiva, no le permitan inscribirse”. Anular directamente las nacionalidades tampoco resuelve nada: “Para anular la nacionalidad habría que ir casi caso por caso. Eso sería aún más complicado”.

Lo más plausible, sostiene Urías, apunta en otra dirección: “La única salida probablemente será que se levante la medida cautelar, y que se tenga mucho ojo en las siguientes nacionalizaciones”. Y remata con la grieta que deja abierta toda la resolución: “Si alguien no puede ser español, no es español, pero no puedes quitarle derechos a un español ya reconocido. ¿Por qué el derecho a voto y no otros?”.

El equipo de expertos de Ayuso

El ruido político, mientras tanto, lleva meses cocinándose por otra vía. Tal y como ha publicado el diario ‘El Mundo’, Ayuso montó hace casi un año un equipo de juristas, analistas electorales, exdiplomáticos y expertos en datos, coordinado por el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, con la misión de “vigilar, analizar y preparar medidas legales y políticas” frente a una ley que, según sus propios cálculos, podría mover hasta diez escaños en la Asamblea. El grupo se reúne desde diciembre de 2025 y de ahí sale buena parte del discurso con el que la presidenta acusa al Gobierno de un “pucherazo” a través del voto exterior.

De momento la ley sigue en pie (como quería el Gobierno) y el derecho a voto suspendido (como pretende la oposición), pero resolver el choque según el propio Supremo llevará meses. Ni siquiera resuelto, avisa Urías, habría garantía de que la solución no choque con algún derecho fundamental por el camino.