La Fiscalía de Ceuta argumentó en un escrito el pasado miércoles que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la supuesta responsabilidad penal del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, en la crisis migratoria. Algo que finalmente se produjo.
El Ministerio Público subrayó en dicho escrito que debido a que el objetivo de la investigación que dirige la jueza María Tardón, entre otras cuestiones, es saber si las autoridades incurrieron en una “eventual existencia de omisiones relevantes” en materia de prevención, auxilio o protección, “la fragmentación de estas actuaciones entre distintos órganos judiciales podría provocar una investigación incompleta y artificialmente dividida“. Así lo expuso la Fiscalía, que se mostró a favor de que los juzgados ceutíes remitieran a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas por la actuación de Pérez Triano tras las denuncias interpuestas por Manos Limpias y Hazte Oír.
Días antes de que una plaza de los juzgados ceutíes finalmente se inhibiera, el Ministerio Público hizo hincapié en que “las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos”. “La investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado, la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes, la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección”, señaló concretamente.
Las denuncias presentadas contra Pérez Triano apuntan a su “eventual responsabilidad” por las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la “presunta omisión de medidas” que “pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo”.
Evitar duplicidades
La Fiscalía, recoge Europa Press, apostó por investigar en los mismos juzgados, por un lado, “la actuación de quienes promovieron o facilitaron la entrada masiva” que, a su juicio, “constituye el presupuesto inicial de la secuencia”. Y, por otro lado, “la actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno”, que “forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación”.
A su entender, si bien las conductas denunciadas pudieron haber ocurrido “en momentos y espacios distintos”, todas ellas “se producen sobre un mismo acontecimiento”, por lo que no se trata “de hechos aislados o independientes”, sino de “actuaciones que presentan una unidad de contexto”. Y es que esta conexión, expresó, “no se limita a la identidad de las personas investigadas, sino que se extiende a la unidad del hecho histórico, la comunidad de prueba y la interdependencia de las conductas”.
Por ello argumentó que la investigación separada “podría impedir valorar adecuadamente el conjunto del engranaje operativo e institucional, producir duplicidad de diligencias y generar resoluciones contradictorias sobre cuestiones esenciales como la previsibilidad del riesgo”.
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