“Muchos no creían que llegaría este momento“. La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, ha provocado un auténtico terremoto dentro del Instituto Armado. En los primeros momentos la noticia se vivió con una mezcla de “sorpresa”, alivio e indignación.
Asociaciones de guardias civiles como APROGC y AUGC han exigido públicamente la dimisión inmediata de ambos responsables e incluso miembros del Instituto Armado coinciden en señalar que la continuidad de la cúpula resulta difícilmente compatible con la situación procesal abierta por la Audiencia Nacional.
Y es que no pueden tolerar que una vez más la Institución vuelva a estar en entredicho por quienes ocupan la cúpula de la Guardia Civil y cuando debería ser garantes de la misma.
APROGC subrayó su indignación por ver “salpicada por circunstancias lamentables” al Cuerpo y denuncia que cargos políticos utilicen las instituciones “para los intereses de sus partidos”. La asociación también reivindica el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), asegurando que “nunca ha dejado de trabajar al amparo de la legalidad y bajo el mandato de la autoridad judicial”, y recuerda el respaldo que muchos agentes mostraron públicamente a esa unidad cuando, según sostienen, estaba siendo cuestionada.
Ayer ya se intuía que algo estaba cambiando. En un acto interno, el “¡viva la UCO!” que resonó en la Lonja del Real Monasterio de San Lorenzo durante la entrega de despachos de suboficiales, dejó de ser un gesto rutinario para convertirse en una declaración de ánimo que, en el contexto actual, sonó casi a desafío. Ensalzar públicamente a la unidad investigadora justo delante de la directora general y del ministro del Interior no parecía una escena de normalidad, sino la expresión visible de un malestar que llevaba tiempo acumulándose.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclama la dimisión de Mercedes González y el cese de Manuel Llamas y recuerda que la petición de investigarlos no solo fue formulada por las acusaciones populares, sino también por la Fiscalía Anticorrupción, un extremo que evidencia la “gravedad del procedimiento”.
AUGC sostiene que la investigación analiza, entre otros extremos, las reuniones mantenidas entre la directora general y Leire Díez, así como las presuntas instrucciones trasladadas a mandos de la UCO para evitar una actitud proactiva en investigaciones con repercusión política. Recuerda que ya denunció estas supuestas maniobras en 2025 y advierte de que la permanencia de ambos responsables “daña gravemente la imagen de la institución”.
Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Artículo 14 reclaman también una respuesta inmediata del Ministerio del Interior. “Fernando Grande-Marlaska debe explicar urgentemente si está defendiendo el trabajo de la Guardia Civil o protegiendo políticamente a quienes hoy están judicialmente señalados”, sostienen.
Y es que, el problema trasciende la investigación abierta contra la cúpula del Instituto Armado. Guardias civiles destacan que, cuando desde el ámbito político se pone en cuestión el trabajo de policías, guardias civiles o jueces en lugar de responder a los hechos que se investigan, “se rompe la confianza institucional”. Alertan además de que presentar una investigación judicial como una batalla política debilita la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Justicia, al sembrar dudas sobre la independencia de quienes investigan. “Un guardia civil, un policía o un juez que investiga causas con repercusión política puede sentirse expuesto si desde el poder se le presenta como parte de una operación contra el Gobierno”, explican.
Miembros del Instituto Armado subrayan que la situación reviste una “especial gravedad” por tratarse de un cuerpo jerarquizado. Recuerdan que la directora general y el DAO han sido citados como investigados en una causa en la que el juez aprecia indicios que justifican investigar posibles delitos de prevaricación administrativa continuada y contra la Administración de Justicia por lo que mantener a ambos en sus cargos mientras se cuestiona públicamente el trabajo de la UCO “solo agrava el conflicto institucional” y erosiona la confianza tanto de los propios agentes como de la ciudadanía.
Desde IGC se muestran “preocupados” por todo lo que está ocurriendo y esperan que la imagen de la institución y del colectivo “no se vean afectadas”.
Aplicar la Ley del Régimen de Personal
En un comunicado conjunto, asociaciones de mandos como Asesgc, Unión de Oficiales o la de Cabos subrayan que, respetando la presunción de inocencia se les debería aplicar el artículo 42 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil que establece que el “procesamiento, inculpación o investigación por un delito puede derivar en una suspensión” algo que, recuerdan “así le ocurre a todos los guardias civiles que son imputados”. En concreto, destacan cómo, el artículo 66 contempla el escenario actual en el que “a quienes están incursos en una causa penal o expediente disciplinario” dicha Ley permite que se les aparte de los procesos de ascenso. “No son pocos los guardias civiles que han sido apartados de sus funciones o suspendidos de sus procesos de ascenso, de condecoraciones, etc. por estas autoridades, al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria”. Por ello, desde estas asociaciones no pueden entender que “quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan”. Por ello, y en virtud de este artículo reclaman la dimisión de la directora general y el cese del DAO.
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