Durante dos décadas, la Unidad Central Operativa (UCO) ha sido la élite silenciosa de la Guardia Civil. La que entra cuando el caso es demasiado grande, demasiado complejo o demasiado sensible. La que investiga corrupción, crimen organizado, blanqueo y mucho más. La que no improvisa, no habla y no se deja usar. La que aparece cuando ya no queda nadie más capaz de hacerlo.
Y precisamente por eso, por no pertenecer a nadie más que a España, por no mirar el color político del investigado, la UCO ha acumulado también años de presiones, expedientes, ceses y maniobras internas destinadas a frenar su trabajo cuando tocaba intereses demasiado cercanos al poder. Una unidad incómoda para todos los gobiernos, porque no se puede domesticar. “La UCO no se doblega”, subraya a Artículo 14 fuentes beneméritas.
Son muchas las voces que han asegurado alguna vez hablar “en el nombre de la UCO” pero la realidad es que ellos no concede entrevistas, no filtran, no opinan. Solo habla en un lugar: ante el juez. Y por eso, cada vez que se les menciona, es porque su trabajo ya ha empezado a mover placas tectónicas. “Los que componen la unidad son gente muy cabal y muy reservados”, destacan agentes de la guardia civil.
Su independencia tiene un precio. Y quienes conocen la casa lo resumen sin rodeos: “Desde hace años estamos viendo un desgaste constante hacia la Guardia Civil y especialmente hacia aquellas unidades que resultan incómodas para el poder” y recuerdan que para ello no hace falta intentar hacerla desaparecer de golpe sino bajo la fórmula de cuestionar su trabajo, desacreditar públicamente a sus agentes, poner en duda investigaciones sensibles y generar un relato de sospecha permanente sobre la institución.
Ese desgaste, advierten las mismas fuentes, no es una teoría ni una sensación: ha tenido consecuencias reales. La prueba más evidente llegó con un gesto que jamás había ocurrido en la historia reciente de la Guardia Civil: la UCO entrando a registrar el despacho de la directora general del Cuerpo.
Un movimiento que, dentro de la Benemérita, se ha vivido como un terremoto. No por sorpresa, las tensiones venían de lejos, sino por lo que simbolizaba:
la unidad más prestigiosa y silente investigando a la propia cúpula que debía garantizar su independencia.
La escena retrata una década de presiones soterradas: agentes de la UCO revisando expedientes disciplinarios, interrogando a instructores internos en el servicio de expedientes disciplinarios y buscando pruebas de si se habría ordenado expedientar a agentes por investigar. Pero, si alguien pensó que podía domesticarla desde dentro, se equivocó. “La UCO no se doblega”, subrayan fuentes consultadas.
Porque lo que buscaban no era un trámite administrativo sino la huella de una maniobra: la posibilidad de que se hubieran utilizado los resortes disciplinarios del Cuerpo para silenciar a los investigadores de los casos Ábalos y Cerdán. “Esto no va de un expediente mal tramitado“, resume fuentes del Instituto Armado.
El precio de investigar “demasiado”
Cada vez que la UCO ha rozado intereses de alto voltaje, alguien ha pagado un precio.
El caso más simbólico fue el del coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la UCO hasta 2018. Su destitución llegó envuelta en la fórmula de siempre, “pérdida de confianza”, pero dentro del Cuerpo nadie lo interpretó así. Corbí había dirigido investigaciones que incomodaban a todos los colores políticos. Su salida se leyó como un mensaje nítido: “Si la UCO investiga demasiado arriba, se mueve al que la dirige”. Fue el primer golpe visible de una estrategia de desgaste que, según mandos veteranos, llevaba tiempo en marcha.
La confianza que se retira cuando no conviene
Antes de todos los episodios recientes, hubo un caso que marcó un precedente inquietante dentro de la Guardia Civil: el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Fue destituido por negarse a informar al Gobierno sobre una investigación judicial en curso, una exigencia que vulneraba de forma directa la independencia del procedimiento. El mensaje que dejó aquel movimiento fue devastador para la institución: “Si no haces lo que quieren, te quitan”.
La destitución se justificó, de nuevo, con la fórmula habitual: “Pérdida de confianza“, pero el Tribunal Supremo terminó anulándola y ordenando su restitución. Ese fallo resonó en todas las unidades operativas, incluida la UCO, que vio en él un recordatorio de que la independencia tiene un precio, pero también una garantía: los mandos no pueden ser apartados por negarse a vulnerar la ley. Desde entonces, explican fuentes internas, el miedo a sufrir una destitución política se evaporó. Y ese cambio cultural es hoy una de las razones por las que una de las unidades de élite de la Guardia Civil mantiene su rumbo incluso cuando sus investigaciones rozan intereses sensibles.
Mover la ćupula
El movimiento más llamativo llegó cuando, en pleno avance de las investigaciones del caso Koldo y del caso Begoña Gómez, el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, ascendió a general al coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO. Su promoción implicaba, de forma automática, su salida de la unidad en el momento más delicado, con los agentes trabajando también en la presunta trama de mordidas en la Diputación de Almería y en las diligencias ordenadas por el Tribunal Supremo contra el ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, recientemente condenado por revelación de datos reservados.
Desde el Gobierno se defendió que el ascenso ·entraba dentro de la normalidad”, pero dentro de la Guardia Civil la lectura fue distinta. No porque se cuestionara la trayectoria de Yuste -considerado uno de los mandos más sólidos de su generación-, sino por el contexto en el que se produjo el relevo. “Yuste era el número uno. Su ascenso es un reconocimiento, nadie lo discute” aunque “da que pensar si fue también una forma de quitárselo de encima”, resume una fuente conocedora de la situación.
Aviso de “interferencia”
Asociaciones profesionales de la Guardia Civil ya habían advertido de las presiones a los miembros de la Unidad. Jucil subrayó hacía unos meses “intentos de interferencia” en investigaciones sensibles, y también IGC había expresado su “máxima preocupación” por lo que consideraban movimientos dirigidos contra el jefe del Departamento de Delincuencia Económica, el teniente coronel Antonio Balas. “Su labor encomiable nos representa a todos los guardias civiles que nos sentimos orgullosos de su profesionalidad”.
Por ello, ayer, también desde Aprogc lanzaron un mensaje de “apoyo a nuestros compañeros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil” y subrayaban que “su labor encomiable nos representa a todos los guardias civiles que nos sentimos orgullosos de su profesionalidad” y recordaban que la UCO, “bajo las órdenes de jueces y tribunales, ha investigado los casos de mayor relevancia desde su fundación”.
Balas: objetivo de una trama
El teniente coronel Antonio Balas es quizá el ejemplo más paradigmático de esta década de presiones.Primero fue objetivo de una supuesta trama de cloacas socialistas. En los audios del caso Leire Díez, la exmilitante llegó a decir: “Si Balas está muerto, mejor”. Balas fue señalado, atacado y convertido en diana de un aparato que buscaba desacreditarle. Pero el destino dio un giro inesperado: ha sido él mismo quien lideraba el operativo que llevó a la UCO a registrar la Dirección General de la Guardia Civil en busca de pruebas de si se había intentado expedientar o frenar a los agentes que investigaban los casos Ábalos y Cerdán. Balas ha vivido las dos caras del poder: la del señalamiento, y la de la resistencia. Su nombre se ha convertido en símbolo de una unidad que, pese a los ataques, sigue avanzando.
Leire Díez y la fábrica de acusaciones
El episodio de Leire Díez marcó un antes y un después. La exmilitante socialista no solo atacó públicamente a Balas sino que, según la investigación, habría participado en una trama destinada a fabricar acusaciones falsas, manipular testimonios y construir un relato para destruir la credibilidad del teniente coronel y de la UCO.
La frase “Si Balas está muerto, mejor” no fue una anécdota: fue la expresión más cruda de un intento de eliminar al investigador para salvar al investigado. Hoy, esa misma trama está bajo la lupa del juez Pedraz, con imputaciones que alcanzan a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la gerente del PSOE, Ana Fuentes.
La obsesión de Ábalos
El caso más visible de desgaste externo llegó con José Luis Ábalos, que convirtió a la UCO en su enemigo público en cuanto la unidad empezó a documentar su papel en la presunta trama del caso Koldo. El exministro desplegó una ofensiva política y mediática sin precedentes: acusó a la UCO de actuar “selectivamente”, insinuó motivaciones partidistas, pidió a la Fiscalía que investigara a los agentes y trató de desacreditar sus informes, incluso responsabilizándoles de supuestas filtraciones de mensajes con Pedro Sánchez. Mientras tanto, los investigadores continuaban entregando al juez informes que señalaban a Ábalos como una pieza relevante en una presunta red de comisiones ilegales. Dentro de la Guardia Civil, aquel episodio se leyó como un intento de golpear al mensajero.
A pesar de las presiones, de los movimientos internos y de los intentos de moldear su rumbo, la UCO seguirá haciendo lo único que ha hecho siempre: trabajar. Lejos del foco, ajena a los titulares y al ruido político, guiada únicamente por los jueces y por los hechos. Y mientras continúe así, seguirá llegando donde otros no llegan y alumbrando lo que otros preferirían mantener en la sombra.
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