Este lunes se terminaba el secreto decretado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la causa que investiga a Leire Díez, exmilitante del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y Antxón Alonso, empresario y socio de Santos Cerdán. Sin embargo, el magistrado ha prorrogado un mes más el secreto de las actuaciones porque a la Guardia Civil no le ha dado tiempo a analizar la “cantidad ingente” de información incautada.
“Hay mucho por analizar, mucho material que la UCO tiene que investigar y muchas diligencias que el juez tiene que acordar”, aseguran a Artículo14 fuentes autorizadas del caso.
Ya han pasado casi seis meses desde que Pedraz ordenó detener a los tres imputados en el caso. Estuvieron tres noches en un calabazo mientras los agentes realizaron 19 registros en los domicilios de los detenidos y distintas sedes de empresa. Requirieron expedientes en el ministerio de Transición Ecológica, en Correos donde Leire Díez trabajó y en organismos dependientes del ministerio de Hacienda, liderado por la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a quien se le asocia con Fernández por su etapa en la política andaluza.
En concreto, hay cinco contratos bajo la lupa valorados en 133 millones de euros, y los investigadores sospechan que se pudieron llevar hasta 750.000 euros en mordidas. Por ello, se les imputan delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos, pertenencia a organización criminal y prevaricación administrativa.
Al principio, la investigación puso el foco en cinco contratos públicos en los que los tres “habrían desplegado sus capacidades, obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas Administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos”, apuntó la UCO al juez, motivando las detenciones y aludiendo a posibles futuras imputaciones de otros cargos públicos implicados.
El juez Antonio Piña, que estaba de guardia en el momento de la detención, determinó que los tres detenidos -a través de un grupo autodenominado “Hirurok”, nosotros tres en euskera– podrían “haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública” para obtener “el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones”.
Lo habrían hecho, según el juez, “adoptando medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones”. Esto es, usando aplicaciones de mensajería mucho más seguras de Whatsapp como signal.
Las mordidas las habrían canalizado a través de una empresa instrumental llamada Mediaciones Martínez entre los años 2021 y 2023. Años, subraya el auto, en los que Fernández estuvo contratado por Servinabar, la empresa de Antxon Alonso sobre la que se sospecha que Santos Cerdán tenía gran poder de decisión.
Cerdán, acechado por la Justicia
Cabe recordar que hay una causa abierta en la Audiencia Nacional en la que Cerdán y Alonso están imputados por el amaño de obra pública a través de Servinabar. Se sospecha que canalizaron mordidas de hasta 6,7 millones de euros.
En lo que respecta a Hirurok, el dinero obtenido lo habrían canalizado los tres imputados en inmuebles en Jaca y Marbella como “inversiones comunes” compartidas. Pero también se llevaron cada uno su parte individual cuyo “volumen y forma de ingreso variaron según la persona”.
Tras los primeros meses de secreto, la defensa de Leire Díez solicitó acotar el periodo de tiempo a analizar de los dispositivos incautados por la UCO. Pidió “el expurgo de todas las actuaciones procesales, documentación e información que haya podido obtenerse fuera del periodo temporal 2021-2023, habida cuenta de que los hechos objeto de investigación datan única y exclusivamente de dichos años”.
Petición que el juez Pedraz admitió. Para Díez, fue una victoria porque ella sigue sosteniendo que su detención es una “venganza de la UCO” porque en sus trabajos “como periodista” ha acumulado “mucha información confidencial sobre la policía patriótica y las cloacas del Estado”.
Por otro lado, en los juzgados de Plaza Castilla se sigue investigando a Leire Díez junto al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales.
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