De nada han servido las declaraciones del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y quien fuera su número dos, Francisco Martínez, para el fiscal Cesar de Rivas. Intentaron defender su inocencia y asegurar que no hubo una operación Kitchen, esto es, un operativo parapolicial urdido por ambos para espiar a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.
De Rivas ocupó cuatro horas en la sesión número 32 del juicio, que comenzó a principios de abril, y elevó a definitivas su petición de penas para los nueve acusados. Después de escuchar todas las declaraciones del juicio, no mueve un ápice su postura y sigue pidiendo 15 años de prisión para el exministro y también su número dos.
“Ha quedado acreditado que desde 2013 con anterioridad a la captación de Sergio Ríos -el chófer de Bárcenas– se había puesto de manifiesto el interés de los acusados por recabar información y documentación que Bárcenas pudiera tener en su poder relacionada con el caso Gürtel y que pudiera ser comprometedora para el PP y sus dirigentes”, manifestó el fiscal.
De nada sirvió la estrategia de defensa de los ex altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy. Martínez hizo alusión a una operación legal de inteligencia con el objetivo de encontrar el dinero en negro que guardaba Bárcenas en Suiza en el marco del caso Gürtel. Por su parte, Fernández Díaz negó la mayor diciendo que no conocía ningún espionaje. “Me entero de esta operación cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación”, dijo en el juicio.
Si bien, para el fiscal, “se ha acreditado la participación tanto de Francisco Martínez como de Jorge Fernández Díaz” en la operación, que rechazó que fuera legal porque el ex director del CNI Félix Sanz Roldán dijo en sede judicial desconocer estas maniobras.
Asimismo, da por buenos los mensajes que Martínez llevó ante notario. Mensajes intercambiados con el exministro que para el fiscal no dejan lugar a dudas de que estaban al tanto de todo. En una de esas comunicaciones, le informaba de que Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas, la persona captada por la policía para hacer el seguimiento al extesorero, seguiría trabajando para ellos tras el ingreso de Bárcenas en prisión provisional. A partir de ese momento, espiaría los movimientos de su mujer, Rosalía Iglesias.
El fiscal indicó que Martínez llevó estos mensajes ante notario porque conocía la carga incriminatoria y le afeó que no los mencionara en su declaración, en la que decidió contestar solo a las preguntas de su abogado. Un intento de Martínez para destensar la situación con Fernández Díaz después de un tenso careo en la fase de instrucción en el que se echaron las culpas.
Otra prueba crucial para el fiscal son las agendas de Villarejo. Aun asumiendo que pudiera “fanfarronear y exagerar con sus interlocutores”, reiteró en varias ocasiones que en sus agendas “no se engañaba a sí mismo”. Por ello, las considera clave para evidenciar que tanto Fernández Díaz como Francisco Martínez fueron los urdidores de la operación.
“Lo relevante de las anotaciones de Villarejo es que palma la participación de todos los encausados”, sentenció el fiscal. Así las cosas, el juicio afronta su recta final con un mal pronóstico para los encausados, que tendrán sentencia más de 13 años después de haber cometido los hechos presuntamente delictivos.
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