Este jueves 14 de mayo se cumple un año de que la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso, plantearon sendas quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, Jorge Martínez Ribera, por la injerencia de éste. Un órgano de los jueces dividido alcanza este plazo excepcional cuando además del disenso, entre la causas del retraso emergen tanto propias como ajenas. La propia jueza ha planteado dos solicitudes de amparo, que han sido admitidas el 27 de abril, cuando Ruiz Tobarra las planteó en diciembre y febrero.
A esto se añade que el CGPJ ha empezado a tramitar diligencias y a analizar la clave, los audios que grabaron víctimas con el marido de la juez dirigiendo interrogatorios de su mujer, por las mismas fechas, esto es, hace unas semanas, y ha reclamado recientemente que certifiquen que no han sido manipulados durante este tiempo.
La tardanza
El CGPJ abrió en mayo de 2025 diligencias informativas contra la jueza, el procedimiento habitual cuando se recibe una queja contra un juez. En este momento se comprueba si hay materia disciplinaria o si se archiva la queja por no haber una infracción o no ser los hechos competencia del Poder Judicial.
Las quejas están en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, quien se inclinaría por estimarlas al menos en parte.
Ante la tardanza en su resolución, fuentes del CGPJ trasladan que la ley no fija ningún plazo para las diligencias informativas, en las que se debe establecer si hay o no indicios para incoar expediente disciplinario (que sí tiene plazo establecido para su resolución: un año).
La duración de las diligencias informativas varía en función de las actuaciones que se acuerden en las mismas, de si aparecen elementos nuevos, etc., insisten.
Nuevos elementos y cerco a Manos Limpias
Ante el CGPJ hay nuevos elementos. Los propios Pradas y Argüeso han ampliado sus quejas, y la juez ha presentado las citadas dos peticiones de amparo. La primera, en diciembre, después de que Colegio de la Abogacía de Valencia (ICAV) defendiera a una de sus colegiadas, Pilar Esquinas, expulsada de la causa por Ruiz Tobarra, y al abogado José María Bueno, letrado de Argüeso, a quien la magistrada ha reprochado que ejerza la defensa de éste a la vez que la organización para la que trabaja, Manos Limpias, pretendiese personarse como acusación popular.
Precisamente, el marido de la jueza ha dictado este martes auto de expulsión contra Manos Limpias de la causa que se sigue en su juzgado contra el ex alto comisionado del Gobierno Sánchez para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla, por un supuesto delito de falsedad de su títutlo como funcionario, causa que archivó dos veces y que la Audiencia Provincial de Valencia le ha obligado a reabrir. Manos Limpias también ha planteado una queja al CGPJ contra la jueza y Martínez Ribera por injerencia de éste.
Y la segunda el pasado febrero, por una publicación en X del diputado del Partido Popular Rafael Hernando en la que le acusa de “prevaricación palmaria” por “desacreditar” un informe de la Guardia Civil “porque incrimina al Gobierno de Pedro Sánchez”.
Una de cal y otra de arena
El Poder Judicial ha respaldado al Colegio de Valencia en su petición de que la jueza evite lanzar expresiones de descrédito o menosprecio a los abogados personados en la causa. Los letrados consideraban ofensivas las referencias a “defensa desnortada” y “dislate procesal” y “petición de prueba denigratoria” en un auto que rechazaba sus pretensiones. La magistrada vinculó además a Pilar Esquinas con declaraciones públicas de su clienta, Yolanda Garrido, quien perdió a tres familiares en la tragedia, y citó vídeos publicados por Esquinas en Youtube llegando a calificarlos de “bulo”.
El Colegio señaló que la jueza introdujo “juicios personales” sobre la letrada y consideró especialmente grave la alusión directa en la que afirmó: “Como comprenderá la letrada de la acusación, no es éste el lugar donde se han de investigar los bulos de miles de asesinatos, ni tampoco donde se me investigue a mí con el resultado que pretende su cliente”.
El CGPJ sí deniega la petición de que la jueza archive el procedimiento abierto para sancionar al letrado de Argüeso.
La pelota, en su tejado
Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha archivado la querella de siete familias de víctimas mortales contra la jueza y su marido por haberles tomado éste declaración, cuyo recurso de súplica no ha admitido finalmente, la pelota parece quedar definitivamente encima del tejado del CGPJ.
Este medio informó el pasado 31 de marzo de que el auto del TSJ que desestimó la querella ya señalaba al CGPJ. No veía trascendencia penal pero sí apuntaba a una “irregularidad procesal” y una “causa de incompatibilidad” que sería una “falta disciplinaria”, precisamente lo que estudia el CGPJ. Y el último auto conocido así vuelve a hacerlo y apunta a una “irregularidad procesal” con “algún tipo de responsabilidad disciplinaria”, precisamente la competencia del CGPJ.
Relevancia penal
El abogado Rubén Gisbert, que representa a la familia de siete víctimas mortales, sostenía en la querella: “Los querellantes no solamente eran parte activa en las diligencias grabadas (sus propias declaraciones) sino que fueron ellos mismos los que realizaron dichas grabaciones con sus propios dispositivos dando a posteriori copia a su letrado de lo que habían registrado al advertir, por manifestárselo directamente, que la instructora no iba a grabar su declaración, por lo que la grabación es plenamente válida como principio de prueba”, insistía.
El letrado ha aportado declaración jurada de que las grabaciones las realizaron sus clientes en la Sala y de que él es el custodio directo.
A Gisbert, en declaraciones a Artículo14, le parece muy relevante por insólito que el TSJ sostenga en un auto que no tiene relevancia penal que el marido de la jueza tome declaración a las víctimas, y traslada que va a recurrir en casación al Tribunal Supremo.
La hermana de la jueza fue despedido del PP por Mazón
La intervención de Jorge Martínez en la toma de declaraciones era conocida en la causa, pero la publicación de audios el pasado febrero por OkDiario la ha puesto en el foco, junto a la querella que presentó Gisbert, que pedía “apartar a los magistrados de la carrera judicial” de manera cautelar, además de la nulidad total de la causa.
Este periódico ha revelado que la hermana de la jueza de la DANA fue despedida por Mazón del PP. Pilar Ruiz Tobarra trabajaba en la sede del PP regional desde al menos 2011 y fue cesada por Mazón cuando llegó a la Presidencia en 2021, una circunstancia que podría haber aconsejado que Nuria Ruiz Tobarra se inhibiera.
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