La asignación de un abogado del Estado a una causa se hace de manera interna por la propia Abogacía General del Estado -un organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones-, cuando un procedimiento judicial afecta a los intereses de la Administración Pública. En junio de 2024, Consuelo Castro dimitió como abogada general del Estado por motivos personales tras seis años en el cargo. Entonces, Félix Bolaños agradeció su “profesionalidad y desempeño intachable” y el Consejo de Ministros designó a David Vilas como su sustituto.
Apenas un mes después, la Abogacía General del Estado presentó una querella del presidente Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado. Ocurrió apenas dos horas después de que el juez le tomara declaración en el Complejo Presidencial de La Moncloa, en el marco de la causa contra su mujer, Begoña Gómez. Un texto en el que Pedro Sánchez cuestionó que fuera llamado a declarar en calidad de esposo al entender que suponía un “agravio” a la institución que preside, dado que le tomó declaración en el complejo residencial. La querella estaba firmada por Zaida Isabel Fernández Toro, responsable del departamento penal de la Abogacía del Estado.
De Sánchez a las joyas de Zapatero
Con su firma, Zaida Isabel Fernández Toro tiene en su currículum la redacción de una querella histórica: la primera presentada por un presidente del Gobierno en ejercicio contra un juez que investigaba a su esposa. En un escrito de 35 páginas, defendía que el presidente tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno, al considerar que así lo fija la ley para los casos en los que se le tome declaración por hechos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo de presidente. Finalmente, el 18 de octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) inadmitió por unanimidad esta querella por prevaricación presentada por el presidente.
Dos años después, Zaida Isabel Fernández Toro ha sido elegida por la Abogacía General del Estado para defender los intereses de la Agencia Tributaria en la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por las joyas. Una decisión, tal y como adelantó Artículo14, que se adoptó 35 días después del hallazgo del valioso ajuar en la caja fuerte del despacho del expresidente en la calle Ferraz. De hecho, fue el juez José Luis Calama quien ofreció al Fisco la posibilidad de personarse en la investigación por presuntos delitos fiscales y de contrabando.
La amnistía, la pareja de Ayuso y la Kitchen
Con esta nueva causa, Zaida Fernández Toro suma un nuevo procedimiento judicial de especial relevancia política -y mediática-. Su trayectoria incluye causas relacionadas con los socios parlamentarios del Ejecutivo y con la actuación de anteriores gobiernos del PP. En junio de 2024, Fernández Toro firmó un escrito solicitando el levantamiento de las medidas cautelares contra Carles Puigdemont y otros investigados en la causa Tsunami Democràtic. Posteriormente, la Abogacía General del Estado, con Fernández Toro al frente del departamento Penal, cuestionó los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo para plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la amnistía.
Su nombre también figura en las dos causas relacionadas con Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso: la investigación por presunto fraude fiscal contra el empresario y el procedimiento por revelación de secretos contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, también investigada en el procedimiento.
Fernández Toro reapareció en abril de 2026 con el comienzo del juicio oral del ‘caso Kitchen’, casi trece años después de la presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En este procedimiento, solicitó que se retirara a la Administración General del Estado su condición de responsable civil subsidiario, frente a la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción de que respondiera económicamente por los daños derivados de los hechos investigados.
Una carrera ascendente en apenas diez años
La presencia de Zaida Fernández Toro en estas causas resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta su trayectoria profesional: apenas han transcurrido diez años desde su ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado. En 2016, ocupó el puesto 22 entre los 24 aspirantes que superaron las oposiciones, según informó The Objective.
Tras su paso por la Abogacía del Estado en Ceuta, su carrera avanzó hasta situarla al frente de uno de los departamentos más sensibles de la institución. En febrero de 2024, fue nombrada jefa del departamento Penal de la Abogacía General del Estado, un puesto de nivel 30. Su promoción, tras la salida de Rosa Seoane al sector privado, no pasó inadvertida internamente, cuando otros abogados del Estado contaban con mayor experiencia profesional.
Esta progresión profesional ha estado acompañada de responsabilidades en empresas públicas. En noviembre de 2023, fue nombrada secretaria no consejera del consejo de administración de Enisa y, dos meses después, asumió una responsabilidad equivalente en Hunosa, integrada en la SEPI. Por ambos cargos, tal y como publicó The Objective, percibió casi 45.000 euros brutos en dietas desde su nombramiento hasta el pasado mes de julio.
Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil
En un contexto en el que crecen los recelos por su el uso que desde el Gobierno se está haciendo de la Abogacía del Estado con fines partidistas, que están lastrando el prestigio de la institución, el Ejecutivo ha reconocido públicamente la trayectoria de Zaida Fernández Toro. Hace un año, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la responsable penal de la Abogacía del Estado.
El reconocimiento, aprobado el 30 de septiembre de 2025, se justificó oficialmente por los “méritos y circunstancias” concurrentes en la funcionaria. Pero ahora el Consejo de Transparencia ha obligado al Ministerio del Interior a facilitar parte de la documentación que justificó su concesión, tras una solicitud de acceso a la información pública.
Con este recorrido profesional, la designación de Fernández Toro en la causa de las joyas abre un nuevo capítulo. Ahora deberá representar los intereses de Hacienda en una investigación que afecta al expresidente Zapatero, cuya presunción de inocencia sigue defendiendo Pedro Sánchez. Una circunstancia que, para los más críticos con la utilización de la Abogacía del Estado en causas de relevancia política tiene una lectura en el sentido contrario. Serán sus escritos los que finalmente hablen por ella.
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