“En la casa de los pobres la alegría dura poco”, reza el refranero. En el corazón del Gobierno ha durado algo menos de tres horas. El Ejecutivo ha celebrado este jueves el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía a los involucrados en el procés catalán, como el penúltimo paso de su hoja de ruta para recuperar la normalidad política en Cataluña. Es decir, como el escalón previo al retorno de Carles Puigdemont y la aplicación de la norma a todos su potenciales beneficiarios, si así lo permite la Justicia española.
Veían culminar un tortuoso camino que comenzó cuando accedieron a las exigencias de Junts y ERC para construir los cimientos de la legislatura, hace algo menos de tres años. Después de decenas de manifestaciones convocadas por PP y Vox, incluso cuando el texto legal ni siquiera existía como borrador, el Gobierno ha corrido a felicitarse por el espaldarazo a esta norma, un tanque de oxígeno político en uno de sus momentos de mayor debilidad. Munición política frente al PP de Alberto Núñez-Feijóo, que hace poco más de dos semanas pidió “pasar página” del procés independentista.
“Ya ha salido la Audiencia Provincial de Madrid al rescate“, ironizaban poco después del fallo fuentes del Ejecutivo, preguntadas por la situación en la que quedan los conservadores, que siempre han esgrimido la supuesta inconstitucionalidad de la norma. Y que, hasta el estallido de los casos de presunta corrupción que cercan al PSOE, basaron su oposición en las cesiones de Pedro Sánchez a Cataluña.
Se referían así al auto de la Audiencia de Madrid conocido en la misma mañana, que era esperado -las deliberaciones comenzaron el lunes-, y que corrige algunas decisiones del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Finalmente, la Audiencia ha respaldado que la juzgue un jurado popular -el escenario más temido por su defensa- por dos supuestos delitos: tráfico de influencias y malversación, y no por corrupción en los negocios y apropiación indebida, como le atribuyó el magistrado.
“Una causa política”, “acoso” y “persecución” a Gómez
Fuera de cámara, desde el Ejecutivo muestran su malestar por la decisión de la Audiencia, que consideran infundada. “Begoña Gómez es inocente”, aseguran fuentes de Moncloa. Las mismas que no dudan en considerar ésta “una causa política”, cuya “única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno”.
“Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa de una organización ultraderechista, basada en noticias falsas”, inciden desde el Ejecutivo.
Llueve sobre mojado: el martes se conoció la condena al hermano del presidente, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación. En privado, en el Gobierno señalan que ambos, Sánchez y Gómez, se ven en esta situación por ser familiares del presidente. E inciden en que instancias superiores acabarán “haciendo Justicia”, reconociendo su inocencia.
“¿Lo veis niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante”, tuiteó el ministro de Transportes, Óscar Puente. Como ocurrió cuando el ministro afirmó que la sentencia contra el hermano del presidente busca “derribar” al Gobierno, el Ejecutivo secunda este mensaje, independientemente de las palabras que escoja cada uno de sus integrantes para expresarlo.
El malestar es enorme. “No deberíamos acostumbrarnos a que se condene a inocentes sólo para lograr titulares periodísticos”, advirtieron el martes. No está previsto que el propio Sánchez se pronuncie sobre el auto, como tampoco lo estaba cuando tuvo que digerir la condena a su hermano. El plan pasa por seguir vendiendo su iniciativa política compaginada con una respuesta medida a estas resoluciones judiciales.
Les toca aguantar el chaparrón hasta finales de julio, cuando ansían que el parón veraniego actúe como una suerte de bálsamo. No se ven con mucho más margen de maniobra. Desde aquel diciembre de 2024, cuando el propio Sánchez aludió a las “cartas marcadas” con las que cree que cuenta el PP, en referencia a supuestas informaciones privilegiadas sobre las investigaciones judiciales, casi se están quedando sin palabras para defender sus posiciones.
Bruselas reprende a España por los escasos avances anticorrupción
Los frentes judiciales que salpican al PSOE y al Gobierno no se acotan únicamente a Sánchez y Gómez, pero son precisamente el resto de causas aquellas a las que el Ejecutivo sí otorga credibilidad. En las que admite que hay indicios preocupantes, y cuyos avances pueden generar nuevos dolores de cabeza a los socialistas.
No ayuda que el jueves se conociera que la Comisión Europea va a reprender a España por los casos de corrupción y por los escasos avances en la lucha contra esta lacra. Político adelanta que esta llamada de atención se incluirá en el próximo informe anual sobre el Estado de Derecho, que se presentará este viernes.
Por separado, cada uno de estos frentes preocupa. Pero juntos, contribuyen a opacar la celebración del “logro colectivo” que ha supuesto la amnistía, escenificada por Félix Bolaños. “Ha valido la pena”, aseguró el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en una comparecencia institucional durante la mañana. Ahí fue cuando reclamó a la Justicia española que aplique la amnistía a Puigdemont “lo antes posible”. Dos horas después llegó el fallo sobre Gómez, que volvió a redirigir el foco.
Sin noticias de Junts: “Hasta que vuelva Puigdemont, no”
El Gobierno había asumido que la sentencia del TJUE no bastaría para reconstruir los puentes con Junts per Catalunya, que oficializó su ruptura de relaciones con la coalición PSOE-Sumar en noviembre de 2025. Por si las dudas, en rueda de prensa, el secretario general de Junts, Jordi Turull, se encargó de enfatizarlo.
Desde Barcelona, Turull aseguró que la norma, que per sé no basta para garantizar el retorno del expresident prófugo, no puede ser considerada una victoria del PSOE. Aseguró que supone “una victoria rotunda” de “toda Cataluña” y reclamó a los socialistas que no se intenten “poner una medalla”.
De hecho, fuentes del PSC admitieron que la resolución no ha obrado el milagro. “Hasta que vuelva Puigdemont, no”. Las últimas encuestas, en las que la ultraderechista Aliança Catalana amenaza con devorar a los neoconvergentes, los mantienen “catatónicos”. Esperan que después del verano haya más opciones.
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