La batalla por el censo. ¿Quién podrá votar?

España acaba de cerrar dos de los procesos con mayor capacidad para transformar, al menos sobre el papel, su cuerpo electoral: la regularización extraordinaria de inmigrantes y la denominada Ley de Nietos. El primero ha recibido casi un millón de solicitudes para obtener autorización de residencia y trabajo. El segundo ha abierto la puerta a que cientos de miles de descendientes de españoles recuperen la nacionalidad. Ambos confluyen en un intenso debate político en el que el Gobierno reivindica derechos e integración mientras PP y Vox denuncian una supuesta “ingeniería electoral” destinada a ampliar el número de votantes potencialmente favorables al Ejecutivo.

Qué hay de cierto en todo ello

¿Puede una regularización cambiar el resultado de unas elecciones generales? ¿Hasta qué punto la Ley de Memoria Democrática ampliará realmente el censo? ¿Y existe riesgo de que cambie el mapa político español? La respuesta exige distinguir entre percepción política y realidad jurídica. Porque, como coinciden los especialistas consultados, se están mezclando dos procesos completamente distintos, cuyos efectos electorales son también muy diferentes.

“La enorme confusión que está habiendo ahora es mezclar la regularización extraordinaria con la Ley de Nietos”, avanza el politólogo Pablo Simón. A su juicio, buena parte de la polémica nace precisamente de tratar ambos procesos como si produjeran las mismas consecuencias cuando, en realidad, responden a objetivos distintos y recorren itinerarios jurídicos completamente diferentes.

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno concede autorización de residencia y trabajo a personas que ya vivían en España sin permiso administrativo. Pero no concede la nacionalidad española. Sin ella, no existe derecho a participar en unas elecciones generales ni autonómicas. “Los extranjeros únicamente pueden votar en determinados comicios municipales cuando son ciudadanos de la Unión Europea o de países con los que España mantiene acuerdos de reciprocidad”, advierte Simón.

Jurídicamente, por tanto, no incorpora nuevos votantes al censo de unas elecciones generales. Eso no significa que carezca de consecuencias políticas. Las tendrá, pero más adelante, cuando parte de esos nuevos residentes cumplan los requisitos para solicitar la nacionalidad española y pasen a formar parte del cuerpo electoral.

La Ley de Nietos sí modifica el censo: 1,8 millones más

El escenario cambia cuando se habla de la llamada Ley de Nietos. Incluida en la Ley de Memoria Democrática, esta disposición permite recuperar la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados o afectados por determinados supuestos de pérdida de nacionalidad durante el franquismo. Aquí sí aparecen nuevos ciudadanos españoles y, con ellos, nuevos electores. Hasta marzo de este año se habían concedido ya más de 544.000 nacionalidades, mientras que las solicitudes presentadas superan ampliamente los dos millones y continúan tramitándose. Más de 300.000 nuevos españoles ya figuran inscritos en los registros consulares, paso previo a su incorporación al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Ahora bien, Simón vuelve a introducir un matiz importante. “No está nada claro que esos dos millones se vayan a materializar para 2027. La cifra final será previsiblemente mucho menor. Sin embargo, el cambio demográfico sí acabará siendo muy relevante a medio plazo, hasta el punto de que el número de españoles residentes en el exterior podría pasar de unos 3,2 millones actuales a cerca de cinco millones durante los próximos años”. De ahí la inquietud política por ese censo de residentes ausentes.

No siempre se traduce en voto

La incorporación progresiva de cientos de miles de nuevos ciudadanos procedentes principalmente de Argentina, Cuba, Venezuela, México o Uruguay ampliará ese censo y, potencialmente, el número de personas con derecho a votar. Sin embargo, para Pablo Simón existe una segunda confusión que está distorsionando el debate. “La gente con derecho a voto no es lo mismo que la gente que vota”. Los residentes en el extranjero deben solicitar el voto y remitirlo posteriormente por correo, un procedimiento que reduce la participación. En las elecciones generales de 2023 únicamente ejerció su derecho alrededor del diez por ciento de los españoles inscritos en el CERA.

El politólogo también rechaza el argumento de que los nuevos nacionales puedan elegir libremente la provincia donde votar para influir en el reparto de escaños. “La gente no se puede inscribir donde quiera. La adscripción provincial depende del arraigo acreditado y los funcionarios verifican esa documentación antes de incorporar a los nuevos electores al censo. Los supuestos de fraude son excepcionales”.

Incluso admitiendo que el censo exterior aumente durante los próximos años, ¿votarán todos esos nuevos españoles en la misma dirección? “Eso es totalmente falaz”, afirma Simón. Los estudios disponibles muestran que el comportamiento electoral está lejos de ser homogéneo. Los ciudadanos nacionalizados procedentes de Venezuela o Cuba muestran una mayor inclinación hacia opciones de centroderecha. Entre quienes llegan de otros países latinoamericanos las preferencias aparecen mucho más repartidas. En definitiva, los nuevos electores no constituyen un bloque político uniforme.

Quién está cambiando las reglas y por qué

El problema no es únicamente el funcionamiento técnico del sistema electoral. Carolina San Miguel, consultora especializada en comunicación política, comparte que el debate no debería construirse sobre sospechas infundadas, pero considera que existe una cuestión política de fondo que merece atención, la desconfianza que generan las decisiones del Gobierno. “Mi preocupación no es solo quién podrá votar. Es quién está cambiando las reglas y por qué”, resume. A su juicio, la desconfianza que hoy rodea tanto a la regularización extraordinaria como a la Ley de Nietos no puede desligarse del contexto político. Recuerda que el Ejecutivo ha rectificado posiciones que anteriormente había presentado como irrenunciables, como los pactos con Bildu o la aprobación de la amnistía, y opina que esos cambios explican que una parte de la sociedad reciba ahora con escepticismo cualquier modificación que afecte al cuerpo electoral.

San Miguel subraya que España tiene una larga tradición de acogida y que la regularización de inmigrantes puede responder a razones humanitarias, sociales y económicas, pero insiste en que debe desarrollarse “con todas las garantías”. En su opinión, resulta imprescindible comprobar la documentación, verificar los requisitos legales y asegurar que personas con antecedentes incompatibles con el procedimiento no puedan beneficiarse de él. “Eso es proteger el Estado de Derecho”.

Respecto a la Ley de Nietos, su reflexión se mueve en un plano distinto al estrictamente jurídico. “No cuestiono que puedan recuperar la nacionalidad si la ley lo reconoce. Lo que cuestiono es que puedan influir en el futuro de un país con el que, en la mayoría de los casos, apenas mantienen ningún tipo de vínculo”. También Simón plantea abrir una discusión general sobre si debería mantenerse indefinidamente el voto de quienes llevan décadas sin residir en España, con independencia de cuándo obtuvieron la nacionalidad.

Cree también que España debería estudiar una reforma similar a la existente en países como Francia o Italia mediante la creación de una circunscripción específica para los españoles residentes en el extranjero. Ese modelo permitiría que los ciudadanos de la diáspora eligieran representantes propios, evitando al mismo tiempo que su voto alterase el reparto de escaños entre provincias.

Para San Miguel lo urgente es reforzar la transparencia del proceso. Recuerda que en un sistema electoral como el español un número relativamente reducido de votos puede decidir un diputado y, por ello, defiende que la incorporación de nuevos electores al censo provincial debe realizarse con la máxima publicidad y garantías. “La democracia no solo debe ser legal; también debe generar confianza”, insiste.

La controversia abierta continuará. Simón ve arriesgado sembrar “dudas injustificadas sobre la limpieza del sistema electoral. Tenemos que tener ese debate de fondo, pero no sembrando dudas sobre nuestro sistema electoral”. San Miguel concluye que precisamente porque la democracia necesita confianza, corresponde al Gobierno extremar la transparencia y comprender que una parte de la ciudadanía observe estos cambios con prevención. “Cuando quien gobierna ha incumplido tantas veces su palabra, lo mínimo que puede hacer es entender que muchos españoles analicemos estas decisiones con una enorme desconfianza”, afirma.