El Gobierno pisa el acelerador para regularizar inmigrantes después de que el Tribunal Supremo haya señalado que esta medida choca con las normas europeas. Este lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha afirmado en una resolución judicial que el Real Decreto con el que se modificó el Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería el pasado 14 de abril de este año “podría entrar en colisión” con el Pacto de Migración y Asilo que la Unión Europea aprobó en 2024. Unas obligaciones se han plasmado en una serie de normas.
El Ejecutivo estima que a partir del 7 de julio el Supremo decidirá si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Previamente, según han contado fuentes del Gobierno a Artículo14, se trabaja en las alegaciones pertinentes junto con la abogacía del Estado.
El Gobierno, convencido de que encaja
El Gobierno, que trata de agilizar la tramitación para llegar a un número importante de personas con esa notificación provisional que dé derecho a residir y trabajar en España mediante un Plan de Actuación, se muestra convencido de que el procedimiento de regularización encaja con la normativa europea, además de que es un procedimiento normal conforme al derecho.
Previamente, el Supremo había rechazado paralizar de forma cautelar este Real Decreto después de estudiar varias peticiones, entre ellas de la Comunidad de Madrid, Vox o Hazte Oír, que buscaban paralizar la regularización. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal celebró cinco vistas, una por cada recurrente: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia e inadmitió los recursos de las tres asociaciones por falta de legitimación activa, lo que significa que el tribunal considera que estas entidades no tienen capacidad legal para impugnar este tipo de norma. Al inadmitirse sus recursos, tampoco se valoró sus peticiones de suspensión cautelar.
Mientras, el Alto Tribunal, que respondió en la resolución a dos recursos interpuestos por Aragón y la Comunidad Valenciana, señaló que este proceso de regularización “constituye un supuesto de regulación normativa de la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España“. No se trata, indicaron los magistrados, de un “reconocimiento individualizado de dicho permiso”, sino de un “régimen general” a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular, por lo que deben reunir determinadas condiciones.
La Unión debe decidir
Asimismo, los magistrados señalaron que el Reglamento 2024/1351 del Parlamento y del Consejo Europeo establece “con rotundidad” que el marco común es “necesario” para abordar de manera “eficaz” el fenómeno creciente de llegadas mixtas de personas que necesitan protección internacional, y de quienes no la necesitan, así como que la responsabilidad por las llegadas irregulares de migrantes y solicitantes de asilo a la Unión Europea “no debe ser asumida por los Estados miembros por separado, sino por la Unión en su conjunto”.
Sánchez anuncia 500M para integrar migrantes
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno destinará en un año 505 millones de euros al Plan de Integración y Ciudadanía, dirigido a la integración de las personas migrantes, y que se creará “una Agencia Estatal de Movilidad Humana“, que reunirá funciones y recursos ahora “dispersos” para una gestión “mucho más sencilla, coordinada y eficaz“. “No hay integración sin regularidad“, ha subrayado Sánchez, este martes, durante el acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía y de la campaña institucional ¿De dónde vienen? Vienen de hacer país, que se ha celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
Agencia Estatal de Movilidad Humana
El plan tendrá cuatro ejes de actuación y 16 medidas concretas, como la regularización extraordinaria, la nueva Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas de migración, y una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana. En el segundo eje, con una inversión de 185 millones, destacan medidas como el impulso del acceso al empleo en sectores con alta demanda y una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral.
En el tercer eje, centrado en la convivencia, consistirá en casi 30 millones a programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales o un plan para “reforzar la prevención de los discursos de odio”. Por último, el cuarto eje se centrará en la ciudadanía efectiva, con una dotación de más de 260 millones para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades, tal y como ha avanzado.
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