La regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno llega este martes 30 de junio a su última jornada después de dos meses y medio de tramitación. El proceso extraordinario se cierra con cerca de un millón de solicitudes, según las estimaciones de las organizaciones sociales que han acompañado a los afectados, una cifra que prácticamente duplica las previsiones iniciales.
El balance definitivo tardará todavía en conocerse. La Administración deberá eliminar las peticiones duplicadas, revisar los documentos presentados y comprobar qué expedientes cumplen realmente las condiciones establecidas por el decreto. Aun así, todo apunta a que será la regularización extraordinaria más numerosa de las celebradas en España desde los años ochenta.
Las cifras reflejan la existencia de una población muy superior a la prevista que ya vivía y, en muchos casos, trabajaba en España sin autorización administrativa. El proceso no ha provocado su llegada, sino que ha permitido que salgan a la superficie situaciones que hasta ahora permanecían fuera de los registros oficiales.
Una demanda que desbordó las previsiones iniciales
El último dato oficial disponible corresponde al 12 de junio. Para entonces se habían presentado 900.000 solicitudes y unas 360.000 habían sido admitidas a trámite. Las entidades colaboradoras calculan que el volumen final alcanzará aproximadamente el millón.
Pedro de Santiago, portavoz de Accem, considera en 20 Minutos que el resultado demuestra que la medida respondía a una necesidad real. “Solo hay que ver las cifras que han salido, que demuestran que había mucha gente que necesitaba que este proceso se realizara porque eran personas que ya estaban viviendo y, en muchos casos, trabajando en nuestro país”, señala.
Mauricio Valiente, director general de CEAR, comparte en 20 Minutos ese diagnóstico y sostiene que “la necesidad era mayor incluso de la que habíamos previsto”. Ambas organizaciones realizan un balance positivo, aunque advierten de que el elevado número de peticiones generó problemas importantes durante las primeras semanas.
Quién podía solicitar el permiso extraordinario
El decreto abrió una vía excepcional para obtener una autorización de residencia y trabajo durante un año. Podían acogerse las personas extranjeras que acreditaran haber estado en España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses.
También debían aportar documentación identificativa y carecer de antecedentes penales. La admisión a trámite concedía ya autorización provisional para residir y trabajar en cualquier sector y punto del país mientras se resolvía el expediente.
Los requisitos eran relativamente sencillos, pero conseguir los documentos no siempre lo fue. Uno de los principales obstáculos apareció con los certificados penales expedidos por los países de origen, especialmente en Estados con administraciones lentas, servicios consulares saturados o relaciones diplomáticas complejas.
Las organizaciones mencionan dificultades particulares para solicitantes procedentes de países como Argelia o Venezuela, donde la obtención de los certificados provocó retrasos y obligó a numerosas personas a presentar documentación complementaria.
Colas, confusión y oficinas desbordadas
El comienzo del procedimiento estuvo marcado por la falta de información y una avalancha de consultas. Ayuntamientos, oficinas de extranjería, consulados y entidades sociales recibieron a miles de personas que necesitaban certificados de empadronamiento, antecedentes penales o ayuda para presentar la solicitud.
La posibilidad de tramitar los expedientes por diferentes vías también favoreció las duplicidades. Algunas personas presentaron más de una petición por miedo a quedar fuera o por no saber si la primera había quedado correctamente registrada.
Valiente cree que, una vez depurado el recuento, la cifra final podría acercarse a las 900.000 regularizaciones. “Seguramente habrá muchas duplicadas, porque hay que tener en cuenta que ha sido un proceso donde había mucha incertidumbre”, explica en 20 Minutos.
Otro foco de confusión fue el certificado de vulnerabilidad. Según Accem, y como comparten en 20 Minutos, muchos solicitantes pensaron que era imprescindible en todos los casos, cuando solo se exigía en determinados supuestos. Las organizaciones tuvieron que realizar una intensa labor informativa para aclarar los requisitos.
Colombia encabeza las solicitudes presentadas
Los datos provisionales muestran una gran diversidad de perfiles. Entre los solicitantes figuran personas que no lograron regularizarse mediante las distintas modalidades de arraigo, antiguos solicitantes de protección internacional y familias que llevaban años construyendo su vida en España.
Por nacionalidades, los colombianos representan aproximadamente el 30% de las peticiones. A continuación aparecen los ciudadanos marroquíes, con un 14%; los venezolanos, con un 10%; y los peruanos, con un 9%.
La regularización de inmigrantes permitirá a muchas de estas personas abandonar la economía informal, firmar contratos y cotizar a la Seguridad Social. También facilitará cuestiones cotidianas como alquilar una vivienda, abrir determinadas cuentas, viajar o reagrupar a familiares.
Las comunidades reclaman más financiación
El proceso también ha generado oposición política e institucional. Varias comunidades autónomas han acusado al Gobierno de aprobar la medida sin aportar financiación específica para responder al aumento de personas con acceso pleno a los servicios públicos.
Algunas administraciones han recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional. El tribunal ha admitido los recursos a trámite, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de las reclamaciones.
Las entidades sociales rechazan que la regularización deba interpretarse únicamente como un aumento de usuarios de la sanidad, la educación o los servicios sociales. Recuerdan que muchas de estas personas ya utilizaban determinados recursos y que, al obtener autorización para trabajar, también comenzarán a cotizar y contribuir de manera formal.
El plazo termina, pero la tramitación continúa
El cierre del periodo de solicitudes no significa que todos los expedientes vayan a quedar resueltos de inmediato. La Administración dispone de tres meses para responder a cada petición y podrá exigir que se corrijan errores o se aporten documentos pendientes.
CEAR, Accem y el resto de las casi 500 entidades colaboradoras seguirán acompañando a quienes tengan que subsanar sus expedientes, presentar alegaciones o esperar una admisión a trámite.
También persisten retrasos en las notificaciones y en la expedición de las tarjetas físicas de residencia. La elevada cantidad de beneficiarios ha tensionado los recursos de las oficinas de extranjería y de las dependencias policiales encargadas de emitir la documentación.
La regularización de inmigrantes termina así su fase más visible, pero entra ahora en la etapa decisiva: convertir cientos de miles de solicitudes en permisos efectivos y evitar que los retrasos administrativos prolonguen una irregularidad que el propio procedimiento pretendía resolver.