Regularización

Policías alertan de que las regularizaciones podrían multiplicarse hasta los cuatro millones

Desde el Seguridad Social insisten en que las 900.000 solicitudes son cifras "todavía pendiente de filtrado, ya que pueden existir duplicidades y factores que influyan en los datos iniciales"

Una oficina de Extranjería en Valladolid.
Efe

La regularización extraordinaria avanza entre colas, expectativas y una guerra de cifras que crece a cada semana. Mientras miles de personas ya han iniciado el proceso convencidas de que este será el paso definitivo para estabilizar su vida en España -y se preguntan incluso si llegarán a votar en las próximas elecciones-, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mantiene su previsión oficial de que no superarán los 900.000 beneficiarios.

La estadística de Seguridad Social

Los últimos datos ofrecidos por la cartera que lidera Elma Saiz -que datan del 12 de junio- y que adelantó El País, cifran en 900.000 solicitudes presentadas, e insisten en que “se trata de cifras todavía pendiente de filtrado, ya que pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales”. Por nacionalidades, los ciudadanos colombianos representan el 30% de todas las solicitudes, seguidos de los marroquíes (14%), venezolanos (10%) y peruanos (9%).

Además, desde el ministerio señalan que ya se han admitido a trámite 360.000 expedientes, y que “el proceso se está desarrollando con total normalidad” e inciden en que “tras su minuciosa revisión, caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España”. 

Pero al otro lado del mostrador, en las unidades de Extranjería, la lectura es muy distinta. Policías y sindicatos policiales alertan de que el impacto real podría multiplicarse hasta los cuatro millones. Para los agentes, la cifra oficial solo refleja la foto fija del inicio; lo que viene después, advierten, “será mucho mayor”. 

La primera fase ya supera las previsiones

Desde Jupol advierten de que en esta primera fase -la regularización directa- ya está superando ampliamente las previsiones del Ejecutivo. Las estimaciones internas apuntan a más de un millón de solicitantes solo en este primer tramo. “La Dirección General de la Policía ha tenido que pedir a Interior cifras porque no las están dando”. 

Y es que el anuncio político, realizado antes incluso de que existiera un decreto aprobado, ha provocado desplazamientos desde otros países europeos, especialmente Francia y Reino Unido, y ha incrementado la presión en oficinas de Extranjería y consulados. Para los agentes, la percepción exterior de que España es el país europeo más proclive a regularizaciones masivas ya está instalada pues sirve de puerta de entrada para poder ser ciudadano europeo.

Centenares de personas migrantes vuelven a hacer cola desde primera hora de este martes en el recinto ferial La Farga de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
EFE/ Quique García

El verdadero salto cuantitativo llegará después. Una vez regularizados, los beneficiarios podrán solicitar la reagrupación familiar. Las unidades de Extranjería manejan una media de cuatro familiares directos por cada persona regularizada. Ese efecto multiplicador elevaría la cifra total hasta esos cuatro millones de nuevos residentes legales en España.

Diferencias entre el Gobierno y la Policía sobre la regularización

La diferencia entre las previsiones del Gobierno y las policiales se explica también por cómo se diseñó el proceso. En la fase inicial, el Ejecutivo decidió dejar fuera a la Policía Nacional y encargó a Correos y Tragsa la recogida de solicitudes. El anuncio político provocó colas en embajadas y consulados de ciudadanos no comunitarios que buscaban información sin que existiera aún un marco normativo claro. La externalización impidió filtrar documentación fraudulenta y generó un volumen de expedientes que ahora debe ser revisado por quienes sí tienen competencias en extranjería.

Centenares de personas migrantes vuelven a hacer cola desde primera hora de este martes en el recinto ferial La Farga de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
EFE/ Quique García

Tras semanas de saturación, Interior rectificó y devolvió a la Policía su papel en el proceso. Solo en Barcelona se revisan unos 500 expedientes diarios. Sumando Madrid, la cifra asciende a unas 1.200 revisiones al día, según fuentes policiales. Aun así, los expedientes extraordinarios todavía no han llegado a comisaría. Cuando lo hagan, deberán pasar por revisión policial. Y es que, hay quien en la administración parecía haber olvidado que los que tienen las máquinas para dispensar esas tarjetas es la Policía dentro de sus competencias. Primero tendrán que pasar por la toma de huellas y, en otra cita posterior, la expedición de tarjeta, un circuito que se suma a la tramitación ordinaria que ya desborda a las unidades. “Las brigadas de extranjería ya están desbordadas y ahora vendrá lo siguiente, en las comisarías”.

El SUP advierte del riesgo que no es solo operativo, sino jurídico. Una regularización masiva sin refuerzo policial puede colapsar las oficinas de extranjería, saturar los procedimientos administrativos y generar una litigiosidad creciente. Y es que, si los expedientes no se resuelven en plazo, se abrirá la vía contenciosa con el consiguiente coste económico para el Estado. Los agentes insisten en que advertir de este escenario no es alarmismo, sino responsabilidad institucional.

Necesidad de reforzar las plantillas

El grueso de la resolución de solicitudes llegará en los próximos tres meses. Este martes finaliza el plazo de presentación de solicitudes y, a partir de ese momento, las autoridades e instituciones competentes tendrán que resolver las más de 900.000 solicitudes de regularización en un plazo máximo de tres meses que concluirá el próximo 30 de septiembre. Se trata de un periodo que coincide con las vacaciones de verano y que, en algunos casos, deja a las plantillas “en mínimos”, por lo que la falta de empleados en la época estival podría generar “cuellos de botella” en la resolución de expedientes.

En este sentido, los sindicatos han trasladado a Artículo 14 su preocupación por esta situación: “Hemos pedido al gobierno cifras oficiales sobre cómo van resolviendo las solicitudes”, señala Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT. Además, añade que “estamos detectando que hay bastante retraso en las respuestas a las solicitudes y además hay problemas de citas para atender. Nos han dicho que hay intención de reforzar plantillas en las comisarías para concluir el proceso, pero estamos pendientes que nos confirmen si se reforzará la plantilla del resto de administraciones de la unidad de tratamiento de extranjería”.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso de los Diputados.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso de los Diputados.
EFE/Kiko Huesca

“Creemos que se puede generar un colapso”

Por su parte, desde Csif alertan que hasta el momento “se han resuelto pocas solicitudes y tememos que lo peor va a llegar a partir del día 30”. Si bien es cierto que señalan que se han contratado 504 interinos en Policía para toda España “no sabemos como se va a repartir, aunque entendemos que el grueso va a ir a grandes ciudades”. El nuevo pago de horas extraordinarias ha encendido  también a los sindicatos policiales. Las horas ligadas a la regularización se abonarán a 25 euros, mientras que los servicios que sostienen el día a día de miles de policías continúan pagándose muy por debajo. La brecha es tan amplia que, en algunos casos, duplica la retribución. Pues un agente de Documentación que haga ocho horas extra para las TIE -las tarjetas de identificación de extranjeros- ingresará 200 euros; otro compañero, por un servicio especial, apenas 80.

Además, último proceso de regularización coincide con las vacaciones. Desde Csif señalan que “creemos que se puede generar un colapso porque ya hay avalanchas de gente que solicitan pasaportes, DNI… Por lo que se prevé que se vaya a pasar mal”. 

Respecto a la cifra final de solicitudes, el sindicato que lidera Miguel Borra asegura que “ya no se está percibiendo actividad apenas, por lo que se podría decir que el proceso de solicitudes está prácticamente finalizado”.

Por su parte, desde CCOO confían en que la Administración “haya dimensionado de forma correcta los recursos necesarios para atender las miles de solicitudes que se han registrado”.

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