La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) diluyó el impacto de la regulación extraordinaria en la sostenibilidad del sistema de pensiones hasta prácticamente un efecto casi nulo. Si en el primer año, el efecto positivo podría rondar el 0,07% de PIB en las cotizaciones, cuando se analiza el modelo a largo plazo -hasta 2050- se queda en el 0,03% del PIB. “Según las estimaciones de la AIReF, el impacto de esta regularización extraordinaria sobre las cotizaciones sociales podría situarse en torno a 0,031 puntos porcentuales de PIB en promedio durante el periodo 2022-2050”, recoge específicamente el Informe.
¿Qué significa en términos de la aportación al coste en pensiones? A precios actuales, equivaldría de media a poco más de más de 500 millones de euros al año, partiendo de una previsión de PIB de 1,75 billones de euros en 2025. Para contextualizar el impacto: en 2026, la Seguridad Social estima un gasto de 128.545 millones de euros, que se eleva a 422.315 millones en 2050.
Las estimaciones provisionales de la AIReF sitúan el universo potencial de personas regularizables en 965.698 personas de 18 años o más —948.876 entre 18 y 64 años— a 31 de diciembre de 2025.
De total, los que pasarán a estar ocupados cotizando serán 337.000 personas.
No se calcula su efecto cómo perceptores de una pensión
Este efecto nulo en las pensiones se explica -según la AIReF- en el hecho de que la regulación extraordinaria lo único que hace es acelerar la incorporación de las personas en situación irregular al mercado formal. Y en la práctica, la población en situación irregular también habría conseguido por el cauce previsto anteriormente, como por ejemplo arraigo.
Otro factor importante, además del rango muy amplio de incertidumbre, es que el ejercicio realizado no incluye el cálculo de los derechos de jubilación generados por estos inmigrantes, ni de las prestaciones sociales a las que podrían tener acceso. Por el lado de los ingresos, tampoco se consideran posibles efectos adicionales sobre la recaudación por IRPF.
Es una de las conclusiones expuestas del nuevo Estudio sobre la Regla de Gasto de Pensiones 2026, en el que el único mensaje positivo sobre su sostenibilidad futura es la aportación de los trabajadores autónomos, cuyo impacto se revisa al alza en 0,3 puntos del PIB.
De esta forma, el primer mensaje bajo la nueva presidencia de Inés Olóndriz ratifica la línea de su antecesora: el cumplimiento de la regla de gasto, pero ello no garantiza la sostenibilidad del sistema. Es decir, ratifica las conclusión del primer informe 2025 -aunque reduce el impacto del gasto en dos décimas- y vuelve a lanzar una llamada de atención al Gobierno sobre la necesidad de reformar la regla de gasto en pensiones. “Consideramos que la regla de gasto en pensiones está mal diseñada“, avisó la presidenta.
Las cifras en detalle
En relación la regla de gasto, el estudio de 2026 concluye que la regla de gasto de pensiones vuelve a cumplirse formalmente y que el gasto en pensiones neto de medidas de ingresos se situará en el 13% del PIB promedio entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% previsto en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno.
A su vez, las previsiones de la AIReF suponen una mejora de casi dos décimas con respecto a su informe del año anterior, que preveía un gasto del 13,2%, que viene explicado por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema. En este sentido, la mayor diferencia positiva viene de las aportaciones de las cotizaciones de los autónomos, que se cuantifican en 0,3% del PIB entre 2022 y 2050, cuando anteriormente era nula.
Gasto bruto en pensiones
Por otra vez, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB promedio en el periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.
Así, tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, este escenario lleva la deuda a un 123% del PIB en 2050. De esta forma, en un escenario a políticas constantes, la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo, impulsada por el envejecimiento de la población, “agravado por la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas”.
Conclusiones
La AIReF también mantiene las conclusiones sobre las sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo recogidas en el informe de 2025. Así, subraya que el cumplimiento formal de la regla no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, según informa Europa Pres.
Por otro lado, la AIReF ha reiterado su visión de que existen problemas de diseño en la regla de gasto, ya que parte de una “visión parcial” de la sostenibilidad que se limita al gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y a una definición “imprecisa” de medidas de ingresos.
También lamenta que su vinculación a las previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea impide incorporar la información más reciente sobre la situación del sistema público de pensiones y la economía en general y, en tercer lugar, critica que “no encaja en el nuevo marco fiscal europeo”. Por todo ello, sugiere que se revise la regla de gasto.