La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado este viernes como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le llamó debido a la filtración de la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez. Sin embargo, ha añadido, ella iba en el AVE, no tenía cobertura y fue cuando Marlaska llamó al Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, y le dijo que la información reservada ya estaba abierta.
Además, González ha expresado sentirse víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha asegurado que no dio órdenes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita sobre investigaciones judiciales que afectan al Gobierno. Así lo han indicado fuentes jurídicas este viernes tras la declaración de González como imputada en el marco del caso Leire Díez, que indaga sobre la presunta trama que habría liderado Cerdán y coordinado Díez, para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido socialista o al Gobierno.
La directora de la Guardia Civil, que fue imputada después de que la UCO apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, ha asegurado que se siente víctima de la presunta trama investigada, según las fuentes jurídicas.
De hecho, las mencionadas fuentes han contado que González ha reconocido que, de haber sabido que Díez había sido enviada por Cerdán, no se habría reunido con ella.
Como ya hizo en la Comisión de Interior del Senado, González ha declarado que se vio en dos ocasiones con Díez, en la que esta se presentó como periodista freelance, pero ha negado una tercera que la UCO sí plasmó en uno de sus informes, según las mismas fuentes.
En uno de estos encuentros, las fuentes jurídicas han indicado que, según el relato de la directora del Instituto Armado, Díez le habló sobre el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, momento en el cual González frenó la conversación.
González estaba citada para este jueves, pero el juez pospuso su interrogatorio debido a la extensión de la declaración del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas. El juez le atribuye a ella y a Llamas la presunta autoría de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP solicitaran sus imputaciones.
La tramitación de la información reservada
Cabe recordar que la citada información reservada, según expuso la Fiscalía Anticorrupción, fue abierta el 4 de diciembre de 2024 por el DAO debido a la publicación en prensa de un pantallazo que permitió conocer la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez en la causa en la que estaba siendo investigado David Sánchez. En este sentido, los agentes de la Benemérita que declararon durante la tramitación de esta información reservada señalaron que, “tan pronto como dicha noticia saltó en la prensa”, el DAO fue informado por el general de la Jefatura de Policía Judicial (JPJ) sobre el “origen accidental” del volcado de un pantallazo de la dirección del correo electrónico de Gómez al redactar las instrucciones para que la instructora, Beatriz Biedma, pudiera examinar los informes elaborados al respecto y sus evidencias.
Anticorrupción relató que después de que Llamas abriera esa investigación interna el 4 de diciembre, el instructor designado para llevarla a cabo dictó una resolución el 14 de diciembre acordando la declaración de varios mandos de la Benemérita, “sin señalar en qué condición”, con la posibilidad de acudir asistidos de letrado. Sin embargo, el 17 de diciembre dictó otra, de carácter sustitutivo, con la que se acordó escuchar solo al coronel jefe de la UCO como testigo. La declaración incluida en aquella información reservada, según apuntó el Ministerio Público tomando como referencia varios testimonios vertidos en sede judicial, la protagonizó exclusivamente el coronel Rafael Yuste porque “quiso asumir toda la responsabilidad que pudiera existir para que sus subordinados no tuvieran que prestar declaración sobre un procedimiento judicializado sobre el que debían continuar las pesquisas sin presiones”.
Finalmente el DAO concluyó la información reservada señalando lo siguiente: “Dicho documento (en el que se incluía el correo de Begoña Gómez) no formaba parte de aquel atestado, y su destino no era otro que ilustrar al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sobre cómo podía acceder al contenido de unos correos electrónicos, objeto de un informe que había solicitado aquel órgano jurisdiccional. Sin embargo, su señoría trasladó dicho documento a las partes del procedimiento, y alguna de estas, presumiblemente, al referido medio periodístico. Y dado que en el repetido documento se daban a conocer datos de personas ajenas a la investigación, que a través de aquella publicación fueron divulgados, con fecha 4 de diciembre de 2024 ordené instruir una Información Reservada. Con ella se pretendía conocer los términos en los que se había elaborado aquel documento, por si de su confección, exponiendo aquellos datos personales al conocimiento público, cabría exigir algún tipo de responsabilidad”.
A pesar de todo ello, el instructor de aquella investigación interna propuso que el coronel jefe de la UCO amonestase “verbalmente” al agente que había llevado a cabo dicha diligencia y que se archivaran las actuaciones relativas a aquella información reservada. Y pese a que Yuste ni su superior -el general de la Jefatura de Policía Judicial- “nunca tuvieron conocimiento de lo resuelto”, el DAO sí dio cuenta a la directora general de la Guardia Civil del resultado de ese procedimiento administrativo, según detalló Anticorrupción.
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