La última resolución de la Audiencia Provincial encarrila el juicio oral contra la mujer de Pedro Sánchez. Será acusada de dos delitos: tráfico de influencias y malversación. Y la juzgarán nueve personas anónimas que conformen el jurado popular. Si bien, esto no ocurrirá previsiblemente hasta octubre del año que viene, según avanzan las fuentes consultadas por Artículo14. Esto es, meses después de la celebración de unas elecciones generales y con el juez Juan Carlos Peinado jubilado.
La decisión de este jueves de la Audiencia de Madrid vuelve a delimitar y perfilar la causa que instruye Peinado desde hace dos años. Le avala llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular en lugar de ante una sala con magistrados. Aunque con muchos matices. Deja fuera del jurado al amigo y socio de Gómez, Juan Carlos Barrabés, que continuará imputado por prevaricación en una pieza separada. Además, tumba dos de los cuatros delitos que le imputaba Peinado, el de apropiación indebida y corrupción en los negocios.
Con estas correcciones, la causa vuelve ahora al juzgado de instrucción de Peinado, que tiene que pedir a las partes que vuelvan a formular escritos de acusación. A continuación, Peinado o el juez que lo sustituya tras su jubilación en septiembre, volverá a enviar la causa a la Audiencia, que finalmente tendrá que asignar en qué sección recae el procedimiento para fijar fecha de juicio oral.
Cabe recordar que las defensas pidieron el archivo de la causa, la Fiscalía también y solo acusó la acusación popular liderada por Hazte Oír que pedía 24 años de prisión por los cuatro delitos. Por la gravedad de los delitos y la petición de penas, Hazte Oír reclamó como medida cautelar la retirada de pasaporte para Begoña Gómez y su asesora. Medida que aprobó Peinado.
Le devuelven el pasaporte
Ahora, el esquema ha cambiado porque hay menos delitos que calificar. Por tanto, la Audiencia revoca la medida cautelar y devuelve el pasaporte a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, su asesora también imputada, como ya avanzó este periódico. Los magistrados además no aprecian riesgo de fuga en las imputadas porque se han puesto a disposición de la Justicia siempre que se las ha requerido.
Así las cosas, la Audiencia avala el aspecto troncal de la causa contra Begoña Gómez. Considera que logró beneficio en su actividad profesional por estar casada con Pedro Sánchez para acreditar el delito de tráfico de influencias. “La investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control”, dicen en referencia a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense.
Considera la Sala de la Audiencia que aunque la cátedra no le comportara grandes cantidades de dinero sí le generó “prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios master insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos”.
Delito de malversación
Los magistrados también ven delito de malversación en dos aspectos. En primer lugar, intentó lucrarse con la elaboración de un software. Una herramienta didáctica para la Cátedra mencionada valorada en cientos de miles de euros sufragados con financiación privada que Begoña Gómez consiguió gracias al “paraguas institucional”.
Así, para la Audiencia, hay indicios “verosímiles de que existió beneficio personal” porque “desvió este activo hacia su esfera de exclusiva disponibilidad”. Y aunque el software se desarrollara como un programa informático gratuito dudan de que lo fuera: “Un software puede ser totalmente gratuito beneficio económico. para el usuario, pero detrás de su gratuidad siempre existen diferentes modelos de negocio o filosofías de distribución que financian su existencia de los cuales se puede extraer un beneficio económico”.
Por otra parte, los jueces avalan las sospechas de Peinado de que su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, se extralimitó de sus funciones ayudándola en sus gestiones privadas. Ven indicios de delito de malversación aquí también por haberse aprovechado de un salario público para su vida privada. “Los indicios sí permiten sostener provisionalmente que la investigada Begoña Gómez Fernández solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia”, concluyen.
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