Fue el asesinato de su colega Carmen Table a manos de la banda terrorista ETA en 1989 la tragedia que cambió el devenir profesional de la entonces fiscal en la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado. Treinta y siete años después, tras pedir excedencia en 2007 en el Ministerio Fiscal para dedicarse a la abogacía, Márquez de Prado se ha convertido en una gran preocupación para José Luis Rodríguez Zapatero como abogada de Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’.
El presunto testaferro del expresidente del Gobierno, imputado en el caso Plus Ultra, decidió a finales de mayo confiar su defensa a la exfiscal y reconocida penalista tras la renuncia de su anterior letrado, Bernardo del Rosal. Tras conocerse el sumario de la causa, el catedrático Del Rosal presentó su renuncia por “diferencias irreconciliables en la estrategia de defensa”, a pesar de que llevaba trabajando en el caso desde su detención en diciembre de 2025.
El fichaje de Dolores Márquez de Prado se interpretó desde el primer momento como un movimiento táctico en la estrategia de defensa de ‘Julito’, encaminada a colaborar con la Justicia. La conveniencia de esta vía se confirmó poco después tras el fallo del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas. El pasado 22 de junio, el empresario Víctor Aldama logró eludir la cárcel gracias a su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.
Colaboración con la Justicia
Anteayer, un día antes de su declaración en la Audiencia Nacional, María Dolores Márquez de Prado remitió al juez José Luis Calama el escrito más temido por José Luis Rodríguez Zapatero. Un documento de seis páginas en el que Julio Martínez Martínez, tras manifestar su voluntad de colaborar con la Justicia, señaló al expresidente como quien “marcaba los pasos a seguir” a la hora de buscar financiación para Plus Ultra. Y, además, como la persona que “lideraba” la empresa de asesoría Análisis Relevante, administrada por Martínez y que aparece en la causa como “una pieza instrumental” para “canalizar fondos” hacia el entorno de Zapatero. Ayer, como gráficamente señaló el PP, Julito “cantó la Traviata” en sede judicial.
Un giro respecto a su declaración pública anterior en el Senado, cuando leyó dos líneas para negarse a responder y rechazar la “obligación impuesta en su situación de baja médica acreditada”. En este sentido, lamentó la “vulneración” de su “derecho a la integridad física y moral” por su estado de salud. “Nunca me he negado a comparecer, pero en el momento en que mi estado de salud me lo hiciera más conveniente”, aseguró entonces.
Arropando a ‘Julito’
En este paso adelante para convertirse en confidente de la Justicia, un perfil como el de ‘Julito’, una persona que se ha mostrado introvertida y abatida por la causa como así que patente en el Senado, se ha sentido arropado por su abogada. Una letrada que habría asumido un papel casi maternal con un cliente con una personalidad como la de Julio Martínez Martínez, quien es consciente de que su posición como “correveidile” de Zapatero puede tener graves consecuencias.
Ayer, a su llegada a la sede judicial trató de mostrar una imagen serena conversando con Márquez de Prado, quien incluso esbozó una sonrisa.
Contrapeso
La fortaleza ha demostrado en su trayectoria profesional la exfiscal supone el contrapeso psicológico para su cliente en un caso de enorme repercusión mediática. Ella está forjada en estas lides, pues entre otras causas participó en la defensa de Rosario Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas. Una causa en la que su marido, el abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, asumió la defensa del extesorero del PP. Entonces, Gómez de Liaño aseguró que su despacho GLMP (Gómez de Liaño Márquez de Prado Abogados) “no se ofrece a nadie; acude a quien le llama”.
Y este podría haber sido también el caso de ‘Julito’. Según fuentes jurídicas Márquez de Prado es meticulosa al extremo en la defensa de sus clientes, una reputación forjada en su espíritu combativo con el poder. Su trayectoria profesional es bien conocida por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su primera legislatura, cuando el Gobierno nombró a Cándido Conde-Pumpido como Fiscal General ella ya formaba parte del cuerpo fiscal del Tribunal Supremo. Accedió a este puesto en 1997, tras más de 17 años en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La única mujer en “los fiscales indomables”
Fue en esta etapa como fiscal en la Audiencia Nacional, donde ahora se investigan las actividades del expresidente, cuando Márquez de Prado formó parte de un grupo de cuatro fiscales conocidos como los “indomables”. El grupo recibió este sobrenombre por su espíritu combativo tras denunciar que sus superiores en el Ministerio Fiscal bloqueaban sus investigaciones sensibles siguiendo las directrices del Gobierno de Felipe González.
Junto a ella, la única mujer del grupo, figuraban Ignacio Gordillo, quien luchó contra ETA, el GRAPO o los GAL; Eduardo Fungairiño, destituido en 2006 “por las exigencias de los terroristas” -según él mismo señaló entonces-; y Pedro Rubira, que en 2019 defendió la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar a Josep Lluis Trapero como mayor de los Mozos de Escuadra tras el referéndum del 1 de octubre.
De exfiscal a interlocutora con Anticorrupción
Tras casi tres décadas en el Ministerio Fiscal, María Dolores Márquez de Prado vuelve a encontrarse con sus antiguos compañeros, aunque esta vez desde el otro lado de la mesa. La estrategia de colaboración con la Justicia emprendida por su cliente abre la puerta a un eventual entendimiento con la Fiscalía Anticorrupción, siguiendo la vía Aldama. En este procedimiento, la representante del Ministerio Público es Elena Lorente, fiscal de Anticorrupción desde 2006, quien dirige la acusación en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.
Si la estrategia culmina con una colaboración plena, el escenario judicial para José Luis Rodríguez Zapatero va camino de tornarse en una pesadilla. De momento, a la confesión escrita remitida al juez José Luis Calama se suma ya su ratificación en sede judicial de las acusaciones contra el expresidente. Un paso que estrecha el margen de maniobra de la defensa de Zapatero para desacreditar la investigación y refuerza el peso procesal de las acusaciones formuladas por quien fue uno de sus hombres de máxima confianza.
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