El 29 de abril de 2025, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota que elevó a la cadena de mando en la que advertía de las acciones que presuntamente realizaba Leire Díez para menoscabar y desprestigiar la imagen de la Unidad Central Operativa (UCO). En ella se señalaba también que detrás de esta “estrategia” se encontraría Santos Cerdán, entonces secretario general de Organización del PSOE.
A raíz de esa nota, un mes después se celebró una reunión -más bien, un comité de crisis- de la cúpula de la Guardia Civil. Participaron la directora general, Mercedes González, el Director Adjunto Operativo (DAO) y el teniente coronel al mando de la Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN). En dicha reunión, Mercedes González omitió un detalle relevante: su relación con Leire Díez. González también ocultó esta circunstancia en una reunión, al día siguiente (30 de mayo de 2025), con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pese a que ha quedado acreditado que previamente se había reunido tres veces con la exmilitante socialista.
Todo ello mientras la propia cúpula de la Guardia Civil activaba los mecanismos para tratar de neutralizar las actuaciones de la UCO vinculadas con investigaciones que afectaban, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente. Unas actuaciones que desembocarían en la apertura de varias informaciones reservadas contra la propia unidad de élite, bajo la sospecha de haber filtrado información de causas sensibles para el Ejecutivo.
Anticorrupción acredita ocultación
Así lo acredita el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que acompaña el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, por el que cita como imputados a la directora general de la Guardia Civil y al entonces DAO del Instituto Armado, Manuel Llamas, el próximo 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
En relato de los hechos, y basándose en un informe previo de la UCO, las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen detallan que el 29 de mayo, tras la nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información que ponía sobre aviso de las maniobras de Leire Díez contra esta unidad, tuvo lugar una reunión. “Dicha reunión se celebró sin que aquella -en alusión a Mercedes González- les hiciera saber que conocía y se había comunicado y entrevistado personalmente con Leire Díez“.
Las fiscales detallan que, un día después, el 30 de mayo de 2025, se mantuvo una reunión “con contenido similar”, esta vez con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su despacho. En ella, “tampoco se hizo constar que la directora conociera y se hubiera entrevistado con Leire Díez” en tres ocasiones: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
Reunión en la sede central
Precisamente, en la providencia por la que el juez Pedraz cita como investigada a Mercedes González, se destaca la relación documentada entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, desde su toma de posesión el 17 de septiembre de 2024. Como principal novedad, el auto señala que el primer encuentro “físico constatado” no tuvo lugar en las inmediaciones de la sede de la Dirección General, sino dentro de la propia sede central de la calle Guzmán el Bueno, como así acredita la geolocalización del terminal intervenido a la fontanera del PSOE.
“Tras mi nombramiento como directora general de la Guardia Civil, la señora Díez me planteó la posibilidad de tomar un café. Quedamos en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil y ahí nos vimos personalmente por primera vez. Tuvimos un breve encuentro en el que simplemente me trasladó cuál era su nueva situación laboral, comunicándome su retorno al mundo del periodismo, en el que estaba trabajando como freelance“, afirmó Mercedes González en su comparecencia en el Senado.
Una multa, como prueba
“Con respecto al segundo hipotético encuentro, tres meses después, al que se hace referencia por anotaciones de agenda y por mensajes relativos a una multa, en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, tengo que decirles que, sinceramente, no lo recuerdo. Yo estaría a esa misma hora reunida en las instalaciones de la Dirección General de la Guardia Civil”, añadió.
En este sentido, el auto de imputación de González detalla que el segundo encuentro “físico” tuvo lugar el 20 de diciembre de 2024. En este caso, la “corrobación objetiva” del encuentro radica en que Leire Díez fue multada por aparcamiento indebido, con una sanción que posteriormente trasladó a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. El tercer encuentro tuvo lugar apenas un mes antes de que la directora general acudiera al despacho de Grande-Marlaska. El 2 de abril de 2025, Díez transmite a un tercero: “Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía”.
Por su parte, la directora afirmó en su comparecencia en el Senado que “ya entrados en 2025, la señora Díaz contacta de nuevo conmigo proponiéndome que tomemos un café, aprovechando que en esos días se encontraría en Madrid. Una cita que finalmente quedó anulada, retomando más tarde, en las mismas condiciones que el primer encuentro, una conversación sobre su situación personal”.
Borrado de comunicaciones por González
“La Sra. González ha incurrido en contradicciones sucesivas sobre los hechos que se investigan durante sus comparecencias públicas: (i) inicialmente, a través del Ministerio del Interior, se negó toda reunión con la Sra. Díez; (ii) tras la difusión del atestado de la UCO, reconoció dos reuniones en cafeterías; (iii) posteriormente admitió tres, alegando que la segunda no la recordaba y la tercera versó sobre “cuestiones personales y familiares”; (iv) reconoció que en uno de los encuentros la Sra. Díez le solicitó la readmisión del Comandante Rubén Villalba —entonces detenido en el caso Koldo—.”, señala textualmente el auto judicial.
“A ello se añade la activación, el 11 de mayo de 2025, del borrado automático de WhatsApp con cadencia de 24 horas, así como la eliminación de la conversación previa. La destrucción dolosa de fuentes de prueba, contemporánea a la apertura del expediente interno contra la UCO es, en sí misma, indicio adicional de relevancia.”, añade.
Expedientes a la UCO
Cabe recordar que las reuniones del 29 y el 30 de mayo de 2025 coinciden con la incoación de un procedimiento de información reservada sobre las filtraciones de principios de mayo de 2025 de los mensajes entre el presidente del Ejecutivo y José Luis Ábalos. En su escrito, la directora general señalaba que serían varios los indicios que apuntarían “como posible fuente de filtración a mandos de la Guardia Civil y/o algún integrante de la UCO”.
En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción destaca que el 24 de abril de 2025, apenas cinco días antes de la primera nota de la UCO alertando de la campaña contra esta unidad de élite, Leire Díez anotó en su agenda: “Investigación interna G.C. para filtraciones”.
Como recuerdan las fiscales, sobre dicho concepto, “filtraciones”, se abrirán las tres informaciones reservadas que se han traído en el procedimiento y en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares. Así se recoge en las distintas resoluciones por las que el DAO o, en su caso, la Directora General de la Guardia Civil, acuerdan la apertura de esas informaciones reservadas o, los instructores, a impulso de aquellos, acuerdan las diligencias.
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