La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en la causa que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. La magistrada cita a Vivas para el 30 de septiembre y al exjefe de Gabinete para el 1 de octubre. El mismo día 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.
En un auto en el que acuerda múltiples diligencias, solicita a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.
En el auto dictado por María Tardón solicita también al CENIF las “actuaciones el informe íntegro sobre organización digital mencionado en el informe principal” para conocer el origen de la convocatoria. Quiere identificar a los gendarmes que aparecían en los vídeos de dicho informe guiando a la masa para el “análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores”. Para ello libra oficio a la Comisaría General de la Policía Judicial.
Asimismo solicita a todos los órganos competentes cuál fue el orden cronológico de los avisos para que “aporten todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026. Deberán asimismo identificar los destinatarios de las alertas, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas”.
Solicitud de ayuda a las plataformas
Por otro lado, emite comisiones rogatorias a WhatsApp, Meta, Telegram y Tiktok para que aporten información para “identificar el origen de la convocatoria”.
En la radiografía que quiere hacer Tardón también pide a la UCO un “informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada. Dicho informe deberá analizar movimientos económicos relevantes detectados en la zona”.
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