El Gobierno prepara uno de los mayores cambios de los últimos años en la política migratoria española. El Consejo de Ministros ha aprobado dos anteproyectos destinados a adaptar la legislación nacional al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo: una nueva Ley de Asilo y una reforma de la actual ley de extranjería.
Los textos introducen procedimientos más rápidos para resolver solicitudes de protección internacional, nuevas obligaciones para quienes llegan irregularmente a España y mecanismos que permitirán limitar temporalmente sus movimientos. También contemplan distribuir solicitantes entre distintos territorios según su capacidad de acogida y acelerar los retornos cuando se rechace una petición de asilo.
Las modificaciones todavía no están en vigor. Se encuentran en fase de anteproyecto y tendrán que superar la correspondiente tramitación parlamentaria antes de convertirse definitivamente en ley.
Hasta 12 semanas en el procedimiento de frontera
Uno de los grandes cambios llegará con el nuevo procedimiento fronterizo. Determinados solicitantes de protección internacional deberán permanecer a disposición de las autoridades mientras se decide si pueden entrar formalmente en España.
El plazo máximo será de 12 semanas. El objetivo declarado por Interior es resolver con mayor rapidez aquellas solicitudes presentadas en frontera y facilitar posteriormente el retorno de quienes no obtengan protección.
La nueva regulación también crea procedimientos acelerados para expedientes considerados poco fundamentados o para solicitudes correspondientes a personas procedentes de países con tasas muy bajas de reconocimiento de protección internacional.
Cuando una petición sea rechazada, la resolución podrá incorporar directamente una decisión de retorno. De este modo, asilo y salida del territorio dejarán de tramitarse necesariamente como dos procedimientos completamente independientes.
La ley permitirá limitar los movimientos de algunos solicitantes
Otro de los elementos más controvertidos de la reforma afecta a la libertad de circulación. El futuro marco permitirá asignar a determinados solicitantes una zona geográfica concreta mientras se tramita su expediente.
La Administración podrá utilizar este mecanismo para organizar territorialmente el sistema de acogida, agilizar los procedimientos y evitar desplazamientos no autorizados hacia otros países de la Unión Europea.
En determinados supuestos, la obligación podrá restringirse incluso a un edificio o lugar específico, especialmente cuando exista riesgo de fuga o sea necesario proteger el orden público.
La regulación prevé excepciones para necesidades justificadas, como tratamientos médicos no disponibles en el lugar asignado o circunstancias familiares urgentes.
Reparto entre comunidades según su capacidad
La futura regulación vinculada a la ley de extranjería permitirá además distribuir territorialmente a solicitantes de protección internacional.
El Gobierno podrá asignarlos a comunidades autónomas, provincias o grandes ciudades atendiendo, entre otros criterios, a la capacidad disponible y a la rapidez y eficacia con la que puedan tramitarse sus expedientes.
No se trata, por tanto, de un reparto general de todos los migrantes que lleguen a España, sino de un mecanismo relacionado con determinadas personas incluidas en el sistema de protección internacional.
El modelo responde a uno de los principios establecidos por la nueva legislación europea: evitar que unas pocas regiones fronterizas concentren toda la presión administrativa y de acogida.
Internamiento y un nuevo triaje en frontera
La reforma de la ley de extranjería incorpora además el llamado triaje, un control inicial que deberán superar los nacionales de terceros países que hayan cruzado irregularmente la frontera, sean desembarcados después de un rescate o soliciten protección en determinadas circunstancias.
El procedimiento incluirá identificación, toma de datos biométricos, controles de seguridad, reconocimiento médico y evaluación de posibles situaciones de vulnerabilidad.
España mantendrá inicialmente un límite de 72 horas. Cuando resulte imposible completar el proceso dentro de ese tiempo por razones objetivas, será necesaria una decisión judicial para prolongar la permanencia en las instalaciones correspondientes, sin superar los siete días.
Los anteproyectos contemplan también el internamiento en determinados supuestos o medidas alternativas cuando resulte necesario, entre otros motivos, para proteger la seguridad nacional o el orden público y no exista otra medida eficaz menos restrictiva.
Menos recursos y expulsiones más rápidas
Otro cambio importante afecta a las personas cuya solicitud de asilo sea denegada. El nuevo sistema eliminará con carácter general el recurso administrativo previo que actualmente puede retrasar la firmeza de una decisión.
El interesado conservará la posibilidad de acudir a los tribunales, pero pasará directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Interior sostiene que esta modificación permitirá reducir el tiempo entre una denegación y la ejecución del retorno, una de las prioridades del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Más obligaciones y garantías para los vulnerables
El endurecimiento de determinados procedimientos convivirá con mayores garantías para colectivos vulnerables. La nueva Ley de Asilo introduce referencias específicas a menores, personas con discapacidad, víctimas de trata o violencia, mujeres embarazadas y persecuciones relacionadas con el género o la identidad y expresión de género.
Los solicitantes tendrán también mayores obligaciones: deberán facilitar documentación, datos biométricos, comparecer cuando sean requeridos y colaborar con las autoridades durante el procedimiento.
La reforma supone, en definitiva, un cambio profundo del modelo español de asilo y extranjería: procedimientos más rápidos, mayor control sobre los movimientos y retornos más ágiles, pero también nuevas garantías individuales.
Ahora comienza la batalla parlamentaria. Hasta que las Cortes aprueben los textos definitivos, todas estas medidas continúan siendo propuestas legislativas y pueden experimentar modificaciones durante su tramitación.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.