El primer traslado de unos 500 menores migrantes desde Ceuta a la Península anunciado este miércoles por el Ministerio de Juventud e Infancia anticipa un nuevo choque con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, algunas de ellas en coalición con Vox. Aunque el equipo de Sira Rego avisa que dicho reparto es “de obligado cumplimiento”, los gobiernos regionales estudian vías legales y se quejan de que no han sido informados.
El PP asegura que sus gobiernos “cumplirán la ley”, si bien muestran su rechazo frontal al plan de Rego. “Nos hemos enterado por la prensa”, aseguran desde Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana. “Ninguna información al respecto”, corroboran en estos territorios.
El “no” recorre todas las comunidades. “Estamos en contra, sería un éxito de la invasión y, por tanto, un efecto llamada”, arguye un presidente autonómico, en conversación con Artículo14. “Es una barbaridad, deben procurar que vuelvan con sus madres. Una irresponsabilidad del Gobierno”, añade otro líder regional.
Una posición que coincide con la línea marcada por Alberto Núñez Feijóo, que defiende que debe priorizarse la reunificación de los menores con sus familias y, cuando sea posible y se cumplan las garantías legales, su retorno a los países de origen.
Choque antes de la reunión sectorial
El Gobierno mueve ficha para tratar de aliviar la situación en Ceuta veinte días después de la avalancha. El objetivo, aseguran en el ministerio de Rego, es ejecutar el operativo “de la forma más rápida” y vinculan su desarrollo a las ayudas económicas ya previstas para Ceuta, y que se votarán en la reunión sectorial del 27 de agosto. “Dependerá de si conseguimos el visto bueno para los 25 millones destinados a Ceuta, que irían, en parte, para esto“, explican las citadas fuentes.
En concreto, en el encuentro del día 27, el Gobierno y las comunidades autónomas votarán ese crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a ayudar a Ceuta. Ya han confirmado que no asistirán los consejeros de Vox de Extremadura, Castilla y León y Aragón.
El dispositivo contempla diferentes alternativas. Entre ellas se encuentra el real decreto-ley para la acogida “vinculante y solidaria” por parte de todas las comunidades autónomas, así como el acogimiento familiar.
Por su parte, el equipo de Vivas ha asegurado desconocer el plan del departamento de Rego pese a que esta afirmó que ha sido coordinado desde el primer momento. El Ejecutivo ceutí admite la necesidad de “adoptar medidas extraordinarias”, pero señalan que “la solución no puede pasar únicamente por ampliar indefinidamente la capacidad de acogida, sino por avanzar en el retorno y, mientras este se materializa, adoptar medidas extraordinarias”.
Desoye el pronunciamiento de Bruselas
El plan del Ejecutivo llega después del pronunciamiento de la Comisión Europea sobre los migrantes que entraron en Ceuta desde Marruecos a finales de julio. Bruselas defendió el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio europeo e incluyó en este planteamiento a los menores no acompañados, aunque su devolución está sometida a garantías específicas.
Mientras se concreta el dispositivo, el Gobierno continúa trabajando con la Ciudad Autónoma para reforzar los recursos disponibles sobre el terreno. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que mantiene un “permanente contacto” con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y ha defendido la “colaboración entre administraciones” para afrontar la situación.
“Todo lo que tiene que ver con habilitar espacios y con dar respuesta a esta situación pasa ineludiblemente por la colaboración entre administraciones y eso es en lo que yo estoy y en lo que también encuentro al señor Vivas”, señaló Saiz. La ministra reconoció que Vivas “tiene que hacerse escuchar” y trasladar “las inquietudes de la ciudadanía”, aunque sostuvo que ambos comparten “la necesidad de dar una respuesta humanitaria” a la situación.
En paralelo, ya han comenzado los trabajos para habilitar nuevos espacios de acogida temporal en Ceuta para albergar a 1.500 personas, mientras Juventud e Infancia trata de cerrar la fórmula que permita trasladar a la Península a los menores.
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