El Gobierno mueve ficha para trasladar “de manera urgente” a la península a alrededor de 500 menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio, un plan que Juan Jesús Vivas (PP) apoya como “medida extraordinaria”. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia consultadas por Artículo14 consideran clave la reunión sectorial de la próxima semana con las comunidades autónomas, que estará presidida por Sira Rego.
El objetivo, aseguran desde el departamento de Rego, es ejecutar el operativo “de la forma más rápida” y vinculan su desarrollo a las ayudas ya previstas para Ceuta. “Dependerá de si la semana que viene conseguimos el visto bueno para los 25 millones destinados a Ceuta, que irían, en parte, para esto”, explican las citadas fuentes.
El dispositivo contempla diferentes alternativas. Entre ellas se encuentra el real decreto-ley para la acogida “vinculante y solidaria” por parte de todas las comunidades autónomas, así como el acogimiento familiar. En una reciente entrevista en Artículo14, la propia Rego recordó que el reparto de los menores migrantes es de obligado cumplimiento y desde el PP han dejado claro que no incumplirán la ley aunque sus autonomías estudian opciones legales.
La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia presidida por la ministra Sira Rego se celebrará el 27 de agosto. En el encuentro, el Gobierno y las comunidades autónomas votarán ese crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a ayudar a Ceuta. Ya han confirmado que no asistirán los consejeros de Vox de Extremadura, Castilla y León y Aragón.
Pese al anuncio del departamento de Rego de este miércoles, las comunidades autónomas carecen de momento de información al respecto y se han enterado de estos planes por los medios de comunicación. Esto es, desconocen los criterios del reparto ni cuándo se producirá. “Ninguna información”, aseguran desde Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón o la Comunidad de Madrid, entre otras regiones.
Ceuta acepta el plan de traslado
Por su parte, el equipo de Vivas no ha tardado en responder al anuncio, aceptando la propuesta del Ejecutivo. Si bien, considera que la salida a la crisis migratoria pasa por “el retorno a Marruecos de todas las personas que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma a finales de julio, incluidos los menores extranjeros no acompañados”.
El Ejecutivo ceutí admite la necesidad de “adoptar medidas extraordinarias”, pero señalan que “la solución no puede pasar únicamente por ampliar indefinidamente la capacidad de acogida, sino por avanzar en el retorno y, mientras este se materializa, adoptar medidas extraordinarias”.
Desoye el pronunciamiento de Bruselas
El plan del Ejecutivo llega después del pronunciamiento de la Comisión Europea sobre los migrantes que entraron en Ceuta desde Marruecos a finales de julio. Bruselas defendió el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio europeo e incluyó en este planteamiento a los menores no acompañados, aunque su devolución está sometida a garantías específicas.
Mientras se concreta el dispositivo, el Gobierno continúa trabajando con la Ciudad Autónoma para reforzar los recursos disponibles sobre el terreno. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que mantiene un “permanente contacto” con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y ha defendido la “colaboración entre administraciones” para afrontar la situación.
“Todo lo que tiene que ver con habilitar espacios y con dar respuesta a esta situación pasa ineludiblemente por la colaboración entre administraciones y eso es en lo que yo estoy y en lo que también encuentro al señor Vivas”, señaló Saiz.
La ministra reconoció que Vivas “tiene que hacerse escuchar” y trasladar “las inquietudes de la ciudadanía”, aunque sostuvo que ambos comparten «la necesidad de dar una respuesta humanitaria” a la situación.
En paralelo, ya han comenzado los trabajos para habilitar nuevos espacios de acogida temporal en Ceuta para albergar a 1.500 personas, mientras Juventud e Infancia trata de cerrar la fórmula que permita trasladar a la Península a los menores.
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