Kissy Chandiramani es vicepresidenta segunda del Gobierno de Ceuta y consejera de Hacienda. Y ha estado en primera línea de la gestión de la crisis desde la avalancha de migrantes a la ciudad autónoma, el treinta de julio. Mano derecha de Juan Jesús Vivas, es rotunda en su diagnóstico. “Normalidad todavía no hay”, zanja, y por ello pide que “no” les dejen solos. “Añoramos la Ceuta anterior a esos fatídicos días”, reconoce en esta entrevista para Artículo14.
A Mónica García, la ministra que incendió las relaciones entre gobiernos, le exige una rectificación. “Por respeto a los ceutíes”, añade. Y aplaude las nuevas medidas del Ejecutivo central, como los nuevos equipamientos para los migrantes, aunque partiendo de la base de que la situación continúa siendo “insostenible”. En cuanto al reparto de menores migrantes a otras comunidades, y pese a los reparos de PP y Vox, sentencia: “No podemos asumir solos una responsabilidad que es de país”.
A Chandiramani le preguntamos también si le gustaría ver al Rey Felipe VI visitando la ciudad autónoma. Parte de la premisa de que “debemos ser extremadamente respetuosos y no utilizar a la Corona como un instrumento de confrontación política”. Pero reconoce que sí, que querría recibir la visita del jefe del Estado: “Su presencia tendría un significado muy especial”.
Pregunta. ¿Cómo se encuentra la situación en Ceuta en estos momentos? ¿Se avanza hacia la normalidad?
Respuesta. No podemos decir que Ceuta haya recuperado la normalidad. Al revés, creemos que la situación ha empeorado, seguimos viviendo una situación absolutamente insostenible. Hay miles de personas que permanecen en la ciudad como consecuencia de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio, tenemos una presión extraordinaria sobre nuestros servicios públicos y, muy especialmente, una situación absolutamente desbordada en la atención a menores. A ello se añade el impacto que todo esto está teniendo sobre la vida cotidiana, la economía y el estado de ánimo de los ceutíes.
Por tanto, normalidad todavía no hay. Nuestro objetivo no es acostumbrarnos a vivir en la excepcionalidad, sino recuperar cuanto antes la situación anterior al 30 de julio. Añoramos la Ceuta anterior a esos fatídicos días.
P. El presidente Vivas ha dado un ultimátum al Gobierno para que actúe. A su juicio, ¿ha cambiado algo desde entonces?
R. El anuncio de nuevos dispositivos de atención humanitaria y el comienzo de su instalación son pasos, pero llegan 19 días después de la invasión. El Gobierno ha anunciado cuatro dispositivos temporales con unas 1.500 plazas adicionales y el Ejército ya ha comenzado a instalar parte de esas infraestructuras.
Pero una cosa es que se empiece a reaccionar y otra muy distinta que el problema esté resuelto.
El presidente no ha dado ese plazo de 30 días por capricho. Lo ha hecho porque entiende que el Estado dispone de medios humanos, administrativos y materiales suficientes para actuar y que lo que necesitamos ahora es voluntad, coordinación y ejecución. Si hay una respuesta eficaz, seremos los primeros en reconocerla. Pero lo que vamos a valorar son resultados, no anuncios.
P. ¿Qué tendría que ocurrir durante estos 30 días para que el Gobierno de Ceuta considere atendidas sus reclamaciones?
R. Algo muy sencillo: que Ceuta recupere la normalidad. Eso significa que las personas adultas que entraron irregularmente tengan resuelta su situación conforme a la ley; que se tramiten con agilidad los procedimientos de extranjería; que dejemos de tener personas viviendo en playas o espacios inadecuados; y que los menores sean atendidos dignamente y se activen con verdadera rapidez los mecanismos previsto en la ley para su protección.
También necesitamos una frontera segura, medios suficientes, coordinación efectiva entre ministerios y administraciones y medidas para reparar el daño económico y reputacional que esta crisis está causando a Ceuta.
El presidente ha defendido incluso reforzar Extranjería con personal adicional para poder tramitar miles de expedientes en pocas semanas. Por tanto, no estamos pidiendo nada imposible: estamos pidiendo que el Estado utilice todas sus capacidades.
P. Vivas ha llegado a preguntarse si la falta de actuación del Gobierno responde al temor a “molestar” a Marruecos. ¿Comparte esa sospecha?
R. Comprendo perfectamente la reflexión del presidente. Cuando ocurre un episodio de esta magnitud y pasan los días sin que veamos una respuesta proporcional a la gravedad de lo ocurrido, es legítimo preguntarse cuáles son las razones.
Ahora bien, creo que corresponde al Gobierno despejar cualquier duda con hechos. La relación con Marruecos es estratégica para España y también lo es para Ceuta. Nosotros siempre hemos defendido unas buenas relaciones de vecindad, cooperación y respeto mutuo. Pero esa relación nunca puede significar que se relativice la defensa de Ceuta, de nuestra frontera o de los derechos de los ceutíes. El presidente planteó precisamente esa pregunta públicamente ante la falta de respuesta que apreciaba por parte del Ejecutivo.
Buena relación con Marruecos, sí; pero sobre todo y, ante todo, defensa inequívoca de Ceuta.
P. Con los nuevos equipamientos anunciados por Elma Saiz, ¿dejaremos de ver esas imágenes de migrantes durmiendo a la intemperie?
R. Eso esperamos y, desde luego, vamos a colaborar para que ocurra cuanto antes. Las 1.500 nuevas plazas anunciadas son una medida necesaria, especialmente teniendo en cuenta las condiciones en las que todavía están viviendo muchas personas. Pero habrá que comprobar si la capacidad es suficiente y, sobre todo, entender que la acogida temporal resuelve la emergencia humanitaria inmediata, pero no resuelve por sí sola la crisis.
No queremos sustituir una playa por un campamento permanente. No queremos que nadie duerma a la intemperie, por humanidad y por salud pública, pero simultáneamente necesitamos que se resuelva la situación administrativa de esas personas y que Ceuta recupere su normalidad.
P. ¿Cree que la ministra Mónica García debe pedir perdón, tras la polémica generada por sus palabras?
R. Creo que, como mínimo, debería rectificar. Me parecieron profundamente injustas unas declaraciones que podían interpretarse como si la Ciudad de Ceuta o su presidente no hubieran querido proporcionar una atención digna a estas personas. La ministra llegó a reprochar al Gobierno de la Ciudad no haber habilitado espacios seguros y salubres como en 2021.
Ceuta lleva semanas poniendo recursos, instalaciones, personal y muchísimo esfuerzo encima de la mesa. Y, sobre todo, los ceutíes han vuelto a demostrar una enorme humanidad y solidaridad. Podemos discutir competencias, emplazamientos o decisiones administrativas. Lo que no acepto es que nadie pueda poner en duda la solidaridad de esta ciudad o pretenda trasladar a Ceuta responsabilidades que corresponden al conjunto del Estado. Por eso, más que una disculpa al Gobierno de la Ciudad, creo que sería conveniente una rectificación por respeto a los ceutíes.
P. ¿Cree que el Rey debería visitar la ciudad autónoma?
R. Por supuesto que me gustaría. Una visita de Su Majestad el Rey tendría para Ceuta un enorme valor institucional, emocional y simbólico. Pero precisamente porque hablamos del Rey, creo que debemos ser extremadamente respetuosos y no utilizar a la Corona como un instrumento de confrontación política. Ceuta forma parte de España con la misma plenitud que cualquier otro territorio y los ceutíes sentimos un enorme cariño hacia la Corona. Si Su Majestad considera oportuno visitarnos, será recibido con el afecto, el respeto y la lealtad de siempre. Y estoy segura de que, en momentos como este, para muchos ceutíes su presencia tendría un significado muy especial.
P. ¿Se han sentido abandonados por parte del Gobierno?
R. Hemos sentido que la respuesta del Gobierno de España no ha estado durante demasiados días a la altura de la gravedad de la situación. Y eso hay que decirlo con claridad. Pero quiero hacer una distinción fundamental: el Gobierno de España no es todo el Estado. No puedo hablar de abandono del Estado cuando aquí están nuestros guardias civiles, nuestros policías nacionales, nuestros policías locales, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros sanitarios y tantos servidores públicos trabajando sin descanso. Sería profundamente injusto para todos ellos.
Nuestra crítica es política y está dirigida a quienes tienen la capacidad de decidir, coordinar y movilizar recursos. El presidente ha expresado precisamente esa idea al anunciar que, si no obtiene respuesta suficiente del Ejecutivo, acudirá a otras instituciones del Estado. Ceuta no se siente fuera de España. Todo lo contrario: lo que estamos reclamando es que España responda a Ceuta como Ceuta merece.
P. ¿Existe el temor de que la avalancha migratoria vuelva a ocurrir?
R. Naturalmente existe preocupación. Después de lo que hemos vivido sería irresponsable afirmar que no puede volver a suceder. Pero no podemos gobernar desde el miedo. Tenemos que hacerlo desde la prevención, la planificación y la seguridad. Eso exige reforzar permanentemente nuestra frontera, mejorar los mecanismos de inteligencia y anticipación, y disponer de un protocolo estatal que se active automáticamente cuando exista una amenaza de entrada masiva.
De hecho, ante nuevas convocatorias difundidas para mediados de agosto, España y Marruecos reforzaron las medidas de vigilancia fronteriza. Eso demuestra precisamente que el riesgo debe tomarse en serio y anticiparse. Ceuta no puede volver a encontrarse ante una situación semejante improvisando la respuesta después de que haya ocurrido.
P. Sobre el reparto de los menores migrantes, ¿qué mensaje lanza a las comunidades autónomas, principalmente las gobernadas por PP y Vox?
R. Aquí mi posición es muy clara. Si un menor puede ser reagrupado con su familia o retornar a su país con todas las garantías que establece la legislación y atendiendo siempre a su interés superior, debemos agilizar esos procedimientos. Pero mientras eso no ocurra, es un menor bajo nuestra protección y merece ser tratado como tal.
Mi mensaje sería exactamente el mismo gobierne quien gobierne: Ceuta no puede asumir sola una responsabilidad que es de país. Comprendo perfectamente las dificultades que puedan tener otras comunidades autónomas. También ellas tienen recursos limitados y problemas en sus sistemas de protección. Nuestra capacidad ordinaria está absolutamente sobrepasada. Hemos llegado a atender a más de mil trescientos menores cuando nuestras plazas ordinarias se cuentan por unas pocas decenas.

