Dos años antes de la fecha en la que José Luis Rodríguez Zapatero sitúa ahora la entrega de las joyas del rey de Arabia Saudí, su propio Gobierno había aprobado unas reglas específicas sobre los regalos que podían aceptar los miembros del Ejecutivo y los altos cargos. El Código de Buen Gobierno de 2005 establecía dos principios: debían rechazarse los presentes que fueran más allá de los usos habituales de cortesía y los obsequios institucionales de mayor significación tenían que incorporarse al Patrimonio del Estado.
La regulación ha recuperado actualidad después de que Zapatero haya comunicado al juez José Luis Calama que tres juegos de joyería encontrados en su despacho proceden de un regalo realizado en 2007 por Abdalá bin Abdulaziz Al Saud, entonces rey de Arabia Saudí. La defensa del expresidente sostiene que fue una “atención estrictamente personal” que aceptó por deferencia durante la visita oficial que el monarca realizó a España los días 18 y 19 de junio de aquel año.
Los tres conjuntos están formados por doce piezas —collares, pulseras, sortijas y pendientes— diferenciadas por sus rubíes, esmeraldas y zafiros. Según la defensa de Zapatero, representan más del 90% del valor atribuido a las joyas intervenidas. El expresidente sostiene que permanecieron guardadas durante años junto a piezas familiares y regalos de amigos, sin que tuviera conciencia de su valor material, y ha pedido que Arabia Saudí certifique oficialmente su procedencia.
El Código de Buen Gobierno que Zapatero aprobó en 2005
El origen de las normas se encuentra en el Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2005. El Ejecutivo de Zapatero aprobó entonces un programa destinado a elevar las exigencias éticas aplicables a sus altos cargos. La medida terminó plasmándose en la Orden APU/516/2005, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 7 de marzo y en vigor desde el día 27 de ese mismo mes.
El Gobierno presentó aquel Código como un instrumento para reforzar principios como la integridad, la responsabilidad, la transparencia, la ejemplaridad, la austeridad y la honradez. La propia referencia oficial del Consejo de Ministros hablaba de una “autoexigencia” asumida por el Ejecutivo y defendía la necesidad de elevar el listón del comportamiento esperado de los responsables públicos.
Entre las obligaciones introducidas aparecía expresamente la relativa a los regalos. El Código establecía que los altos cargos debían rechazar cualquier presente, favor o servicio ventajoso que superase los usos habituales, sociales y de cortesía. Añadía inmediatamente una segunda previsión: cuando se tratase de obsequios de mayor significación y carácter institucional, debían incorporarse al Patrimonio del Estado.
La norma afectaba a los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y al resto de altos cargos de la Administración General del Estado y del sector público estatal. Zapatero, como presidente del Gobierno, quedaba por tanto incluido dentro de ese marco cuando se produjo la visita de Abdalá a España en junio de 2007.
La norma no fijaba un límite de 150 euros
El Código aprobado por el Gobierno de Zapatero no establecía, sin embargo, una cantidad económica concreta a partir de la cual un regalo tuviera que rechazarse o entregarse al Estado. No existía un límite de 150 euros ni ninguna otra cifra equivalente en la regulación de 2005.
El criterio era cualitativo. La frontera estaba situada en aquello que pudiera considerarse dentro de los usos habituales de cortesía y, en el caso de los obsequios institucionales, en su “mayor significación”. El límite de 150 euros que aparece en otras regulaciones sobre regalos públicos corresponde a normas posteriores y no formaba parte del Código vigente cuando Zapatero presidía el Gobierno.
El texto remitía además expresamente a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Esta norma regula las adquisiciones gratuitas a favor de la Administración General del Estado y establece que quienes conozcan, por razón de su cargo público, una oferta de donación a favor de la Administración deben comunicarla a los servicios patrimoniales del Ministerio de Hacienda.
El Código tampoco contenía un régimen sancionador autónomo específico para cada incumplimiento. Preveía que el ministro de Administraciones Públicas presentara anualmente al Consejo de Ministros un informe sobre posibles vulneraciones de sus principios y que, en caso de detectarse, el propio Consejo adoptase las medidas que considerase oportunas.
La visita de Abdalá a España en junio de 2007
El contexto en el que Zapatero sitúa ahora el regalo fue plenamente institucional. Abdalá bin Abdulaziz Al Saud realizó los días 18 y 19 de junio de 2007 una visita de Estado a España, la primera de un soberano saudí en 26 años. El monarca fue recibido oficialmente por Juan Carlos I y mantuvo contactos con las principales autoridades españolas.
La defensa de Zapatero sostiene que fue durante aquella visita cuando el rey saudí le entregó en su residencia de La Moncloa los tres juegos de joyas. El expresidente afirma que los recibió como un gesto personal y por deferencia hacia el monarca. Para acreditar esa versión ha solicitado al juez Calama que curse una comisión rogatoria a Arabia Saudí y reclame a la Jefatura de Protocolo de la corte saudí una certificación de la entrega.
La distinción entre un regalo estrictamente personal y un obsequio institucional se convierte así en uno de los elementos relevantes del contexto. El Código de 2005 establecía el destino de los segundos, pero determinar la naturaleza jurídica concreta de las joyas corresponde a la investigación y no puede deducirse únicamente de que fueran entregadas durante una visita oficial.
El regalo saudí de aquel mismo día que sí acabó en Patrimonio
Existe, sin embargo, otro elemento documental. Cuando Zapatero abandonó La Moncloa se elaboró un acta, fechada el 1 de marzo de 2012, con más de medio millar de bienes recibidos durante sus dos legislaturas en el contexto de relaciones institucionales y que fueron incorporados al patrimonio de la Administración.
El inventario incluye objetos de muy diferente naturaleza y procedencia. Y entre ellos aparece Arabia Saudí. En concreto, consta un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas recibido el 19 de junio de 2007, precisamente durante la misma visita del rey Abdalá en la que Zapatero sitúa ahora la entrega de los tres conjuntos de joyas.
También aparecen otros dos obsequios del monarca saudí correspondientes a 2008: otro reloj de sobremesa y una pieza artesanal que representa una escena del desierto elaborada con distintos materiales. Los tres juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros que Zapatero atribuye ahora a Abdalá, en cambio, no aparecen en el acta conocida.
La ausencia de esas piezas en el inventario no determina por sí sola si jurídicamente debían haber sido consideradas regalos institucionales. Sí muestra, no obstante, que otros presentes recibidos por Zapatero del mismo monarca, incluido uno fechado exactamente durante la visita de junio de 2007, siguieron el cauce previsto para los obsequios institucionales y terminaron incorporados al Estado.
Los técnicos de Hacienda piden explicaciones
La explicación trasladada ahora al juez ha llevado a los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, a recuperar precisamente el Código de Buen Gobierno aprobado durante la Presidencia de Zapatero. La organización considera que el expresidente debe explicar por qué las joyas permanecieron en su patrimonio particular si se acredita que las recibió mientras ejercía como jefe del Ejecutivo.
Gestha señala que la cuestión depende, entre otros elementos, de si las piezas fueron entregadas a Zapatero en su condición de presidente y en representación de España. Los técnicos recuerdan que el Código contemplaba expresamente el ingreso en el Patrimonio del Estado de los obsequios de mayor significación institucional.
La explicación ofrecida por Zapatero casi dos décadas después sitúa así el debate en una norma aprobada por su propio Gobierno antes de que se produjera el regalo. Una regulación que no establecía precios ni límites automáticos, pero que sí trazaba una frontera entre los presentes de cortesía, los que debían rechazarse y los obsequios institucionales que tenían como destino el patrimonio público.
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