María Luisa Llop lleva casi tres décadas ejerciendo su función fiscal. Ingresó en el Ministerio Público en 1997 y un año después pasó a la situación de juez en excedencia. Durante once años estuvo destinada en la Fiscalía Provincial de Madrid, donde se especializó en delitos económicos.
En enero de 2024, Llop fue destacada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Nueve meses después, en octubre de ese año, el Consejo de Ministros la nombró fiscal del citado organismo a propuesta del entonces fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Un ascenso que, ante el panorama actual, no está exento de polémica.
Una fiscal que, como reveló el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía Nacional, era denominada “amiga” por los investigados en el caso Plus Ultra. Entre varios investigados, entre los que se encuentran el abogado Miguel Palomero, abordan que “la instrucción es muy importante” y que había que “hablar” inmediatamente con Julio (Martínez Sola) y montar lo que denominan un “Kitchen Gabinet” porque “la fiscal jefe es amiga”.
El caso Plus Ultra
El nombre de María Luisa Llop quedó ligado al rescate de la aerolínea Plus Ultra, una de las operaciones de ayuda pública más controvertidas del Gobierno durante la pandemia. La SEPI concedió a la compañía, con capital venezolano, un rescate de 53 millones de euros a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. La causa llegó a los juzgados tras una querella que señalaba posibles delitos de malversación y fraude en la concesión de esos fondos públicos.
Llop fue de las fiscales que participaron en el caso. Y su actuación en él resultó determinante, aunque no en el sentido que cabría esperar del Ministerio Público. Según informa The Objective, en lugar de impulsar la investigación para esclarecer si hubo irregularidades, la fiscal solicitó en varias ocasiones el archivo de la causa sin promover las diligencias necesarias para determinarlo. Fuentes consultadas por dicho periódico llegaron a afirmar que “la fiscal parecía que ejercía de abogada defensora de Plus Ultra en lugar de defender el interés público e impulsar la acción de la justicia”.
El episodio más llamativo se produjo en agosto de 2021. La juez instructora, Esperanza Collazos, había acordado en julio de ese año suspender cautelarmente el desembolso de los 34 millones que aún quedaban por pagar, a la espera de que la aerolínea justificase la concesión de la ayuda. Aprovechando que Collazos estaba de vacaciones, Llop solicitó al juez sustituto, Jaime Serret, que desbloqueara esos fondos. El magistrado accedió, y los fondos fueron entregados.
La juez Collazos continuó la instrucción pese a que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado apoyaban seguir adelante, y solo pudo hacerlo gracias a las acusaciones populares. Aun así, en enero de 2023 se vio obligada a cerrar la causa después de no haber podido interrogar al representante legal de la compañía por acordar su imputación fuera de plazo. El caso quedó archivado.
Meses después de ese desenlace, Llop recibió su premió con un puesto en la Audiencia Nacional. Ahora, en ese nuevo puesto lleva asuntos de perfil mediático, entre ellos la Operación Titella, en la que se investiga al productor televisivo José Luis Moreno.
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