El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmite su “preocupación” por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional (María Tardón) de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.
Según ha informado el propio Ministerio, en el texto de la carta Marlaska asegura que, en su doble condición de ministro del Interior y de magistrado, respeta “escrupulosamente” la independencia judicial, el deber de prestar colaboración a los órganos judiciales y la dependencia exclusiva de la policía judicial de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal.
La respuesta de la presidenta del CGPJ no se ha hecho esperar y ha sido para plantarse ante el ministro en la línea de que los órganos de gobierno de los jueces no pueden interferir en ninguna decisión de estos. “La función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia”, ha respondido a Marlaska.
Ley de Seguridad Nacional
La tesis de Marlaska es que ante una crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional bajo el amparo de la Ley 36/2015 (de Seguridad Nacional), “no debería ser incompatible” atender con diligencia los requerimientos de los órganos judiciales con informar a los responsables políticos de las circunstancias que resulten relevantes para la gestión de una situación de tal magnitud.
En este sentido, el ministro argumenta que la información en manos de la Policía Nacional resulta “de gran interés” para que el Ejecutivo pueda ejercer correctamente sus funciones de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado.
Por todo ello, Marlaska concluye que, ante situaciones de extrema gravedad como la de Ceuta, debe ser compatible que la policía judicial informe a los jueces a la vez que facilita al Gobierno la información necesaria para adoptar las decisiones oportunas en defensa de la seguridad nacional y pública, “sin que se resienta la independencia judicial.
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