La investigación sobre la entrada masiva de personas en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio acaba de abrir un nuevo frente político. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha exigido explicaciones urgentes a la Dirección General de la Policía después de conocer que la información remitida a la Audiencia Nacional apunta a una posible intervención de agentes marroquíes en los acontecimientos.
Según adelantó El Español, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras habría comunicado a la jueza María Tardón que gendarmes marroquíes guiaron sobre el terreno a grupos que se dirigían hacia la frontera, bajo las indicaciones de agentes de paisano.
La conclusión policial es especialmente sensible porque plantea que el objetivo pudo ir más allá de una entrada irregular de carácter exclusivamente migratorio y perseguir el colapso de los sistemas españoles de control fronterizo.
Marlaska exige saber desde cuándo conocía la Policía estos datos
La reacción del ministro del Interior llegó durante la madrugada de este miércoles. Marlaska remitió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, solicitándole que confirme la veracidad de la información publicada y le remita todo lo que el cuerpo conoce sobre lo ocurrido en Ceuta.
“Necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información”, afirma Marlaska en la misiva.
El titular de Interior considera que se trataría de información “absolutamente esencial” para que el Gobierno pueda adoptar decisiones relacionadas con una crisis que ha adquirido dimensiones migratorias, diplomáticas y de seguridad nacional.
La cuestión que ahora deberá aclararse es por qué unos datos de semejante relevancia habrían llegado a la Audiencia Nacional sin que previamente fueran conocidos por el ministro responsable del mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un informe apunta a una operación planificada
La documentación remitida a la Audiencia Nacional sostiene, según las informaciones publicadas, que lo ocurrido en Ceuta pudo responder a una operación organizada y no únicamente a un movimiento espontáneo de decenas de miles de personas.
Los investigadores habrían analizado imágenes y otros elementos relacionados con el comportamiento de las fuerzas marroquíes antes y durante los acontecimientos. Su conclusión preliminar señala que agentes uniformados habrían guiado movimientos sobre el terreno mientras otros efectivos de paisano supervisaban la operación.
El informe vincularía además lo sucedido con la histórica reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, aunque esta interpretación permanece dentro de una investigación abierta y todavía no constituye una conclusión judicial.
Esta diferencia resulta fundamental: que una unidad policial haya comunicado una hipótesis o conclusión de inteligencia a la jueza no significa que la Audiencia Nacional haya establecido ya responsabilidades.
La Audiencia Nacional investiga lo ocurrido desde agosto
La magistrada María Tardón abrió diligencias después de la entrada masiva registrada a finales de julio. En los primeros días de agosto solicitó informes tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil.
A la Policía le pidió determinar si aquella entrada irregular podía responder a una “acción concertada o dirigida”. A la Guardia Civil le reclamó información sobre posibles avisos previos que hubieran permitido anticipar la llegada masiva y sobre el dispositivo desplegado durante la crisis.
La investigación judicial se encuentra todavía en una fase inicial. Precisamente por eso, Marlaska sostiene que la existencia de diligencias no puede impedir que Interior reciba inmediatamente cualquier información relevante para la seguridad nacional.
El Gobierno había descartado pruebas contra Marruecos
El nuevo escenario resulta particularmente delicado porque contradice, al menos aparentemente, la posición pública mantenida hasta ahora por el Ejecutivo.
El pasado 27 de agosto, Félix Bolaños aseguró en el Congreso que el Gobierno no disponía de información previa y precisa sobre la magnitud de la entrada en Ceuta. Ese mismo día pidió además no atribuir responsabilidades a Marruecos sin pruebas y sostuvo que no existía evidencia de que Rabat hubiera impulsado los acontecimientos.
La aparición de este informe policial obliga ahora a aclarar cuándo se elaboraron sus conclusiones, quién las conoció dentro de la Policía y en qué momento fueron trasladadas a la Audiencia Nacional.
También será necesario determinar si esa información estaba disponible cuando miembros del Gobierno realizaron sus anteriores declaraciones públicas.
Una cuestión que alcanza al Consejo de Seguridad Nacional
Marlaska recuerda en su carta que la crisis de Ceuta fue declarada situación de interés para la seguridad nacional conforme a la Ley 36/2015.
Por ello, si se confirma la existencia de información que apunta a la participación de agentes de otro Estado, el ministro considera que debía haberse puesto inmediatamente a disposición de los órganos competentes, entre ellos los miembros del Consejo de Seguridad Nacional.
La investigación entra así en una fase de enorme trascendencia. Ya no se trata únicamente de reconstruir cómo decenas de miles de personas consiguieron acceder a territorio español durante aquellas jornadas, sino de determinar si hubo una actuación organizada desde el otro lado de la frontera.
Marlaska espera ahora una respuesta de la Dirección General de la Policía “a la mayor brevedad”. De confirmarse las conclusiones conocidas, la crisis de Ceuta adquiriría una dimensión política y diplomática considerablemente mayor que la reconocida hasta ahora por el Gobierno.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.