Nació en Madrid en 1975 y llegó a la cúpula de la Guardia Civil por una vía poco habitual para el cargo: la comunicación y la política. Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, Mercedes González completó su formación con sendos másteres en comunicación de instituciones públicas en la Universidad Complutense y en la George Washington University, en Estados Unidos. Una trayectoria académica orientada a la gestión de la imagen pública que marcaría el rumbo de toda su carrera profesional.
Su vinculación con el Partido Socialista empezó como asesora del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, y fue escalando posiciones hasta convertirse en directora de Comunicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Más tarde dio el salto a la primera línea política como concejala en el Ayuntamiento de Madrid y, posteriormente, como delegada del Gobierno en la capital. Antes de su actual cargo, ocupó también un escaño como diputada en el Congreso de los Diputados.
Su nombramiento como directora general de la Guardia Civil la situó al frente de un cuerpo de seguridad con funciones muy amplias: dirigir y coordinar sus unidades, ejecutar las políticas de personal, formación, igualdad y diversidad, gestionar los recursos materiales y económicos del cuerpo, y supervisar el cumplimiento de la legislación en materia de armas y explosivos, entre otras responsabilidades. También le corresponde proponer la adquisición de medios operativos -desde helicópteros hasta sistemas de transmisión- y mantener el contacto con organismos nacionales e internacionales en el ámbito de sus competencias.
Sin embargo, el ejercicio de ese cargo ha quedado ensombrecido por una investigación judicial que compromete su gestión. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si González presionó para frenar investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) que afectaban al entorno político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese marco, agentes de la propia UCO se personaron en la sede central de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, para recabar información bajo la dirección del teniente coronel Antonio Balas.
La causa se enmarca en la investigación sobre la denominada trama Leire, instruida en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Según esta investigación, la exmilitante socialista Leire Díez habría orquestado una operación para desbaratar actuaciones de la UCO que afectaban al PSOE, y para ello se habría reunido con González a finales de 2024 en el propio despacho de la directora en Guzmán el Bueno.
Además, según confirma El Independiente, señalan que González habría impulsado expedientes disciplinarios internos contra agentes de la UCO que investigaban casos de gran repercusión política -como el caso Mascarillas, el caso Koldo o el propio caso Leire-, con el objetivo de identificar el origen de presuntas filtraciones a los medios. Esos expedientes, según las mismas fuentes, se cerraron sin que se depurara responsabilidad alguna, pero generaron un clima de desconfianza y malestar dentro de la unidad. González y Díez han negado la existencia de contactos irregulares.
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