El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye el ‘caso Leire Díez’, deja en evidencia a una serie de implicados en la trama por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. La estructura que describe el auto de Pedraz guarda un parecido incómodo con el llamado “Caso Kitchen”.
Lo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que ha protagonizado las principales operaciones contra altos cargos en los últimos años ha ido reconstruyendo a lo largo de meses apunta a una red de contactos, intermediarios y presuntos favores que habrían circulado entre la sede del partido en la calle Ferraz, despachos de abogados, fiscalías y hasta algún rincón de la propia Dirección General de la Guardia Civil.
Los protagonistas de la trama
Según informa El Mundo, hay nueve implicados principales. Primero, Leire Díez, la “fontanera” del PSEO. Fue concejal en Cantabria, luego directiva en empresas públicas como ENUSA y Correos durante el gobierno de Sánchez. El juez la sitúa como la agente enviada a presionar a fiscales, guardias civiles y abogados, ofreciendo prebendas a cambio de información o inhibición. Ella sostiene que realizaba trabajo de “investigación periodística”. Por otro lado está Santos Cerdán, Secretario de Organización del partido entre 2021 y 2025, considerado el hombre fuerte de la estructura interna durante ese período. El juez lo señala como quien habría encargado la presunta operación de neutralización de las investigaciones judiciales.
El empresario del sector audiovisual, Javier Pérez Dolset, tiene causas pendientes en la Audiencia Nacional por fraude con subvenciones. Habría aportado a Díez el acervo de grabaciones del ex comisario Villarejo para identificar información útil contra adversarios del partido. También está Gaspar Zarrías, figura histórica del socialismo andaluz, consejero con Manuel Chaves y secretario de Estado con Zapatero. Inhabilitado por los ERE, luego exonerado en 2024 por el Tribunal Constitucional. Habría contratado a Díez para rastrear si los audios de Villarejo contenían material sobre aquella causa.
Asimismo, Pedraz la señala por indicios de facturación presuntamente falsa para encubrir los pagos a Leire Díez a Ana Fuentes, gerente del PSOE desde 2021, antes parlamentaria andaluza y directora de Cumplimiento Normativo del partido. Jacobo Teijelo es otro implicado. Es abogado ovetense con décadas de experiencia en Madrid, habría dado cobertura legal a las actuaciones de Díez. En su despacho tuvo lugar la reunión clave con el empresario exiliado en Dubai. Visitó a Santos Cerdán en prisión.
En la lista aparece Ismael Oliver, abogado especializado en penal económico con trayectoria en grandes corporaciones. Representó al “Pollo” Carvajal y a Koldo García. Imputado, aunque el juez no ha individualizado aún los tipos penales concretos. El nombre de Juan Sánchez Yepes aparece vinculado al gabinete de la anterior directora general del cuerpo. Oficial de la Guardia Civil con historial en investigaciones de blanqueo. Los agentes de la UCO acudieron a la propia Dirección General para tomarle declaración.
Por último, Juan Francisco Serrano, mano derecha de Santos Cerdán entre 2022 y 2025, diputado por Jaén. Asumió interinamente la secretaría de Organización cuando Cerdán fue imputado. La investigación evaluará su papel según lo que aflore en los registros.
Lo que busca el juez en Ferraz
Las diligencias ordenadas por Pedraz revelan la amplitud de lo que la instrucción pretende acreditar. El juez ha solicitado a la UCO el volcado íntegro de los correos electrónicos corporativos de Santos Cerdán y de la gerente Ana María Fuentes, así como de otros cargos como Ion Antolín y Celia Rodríguez. La petición abarca cuentas activas e inactivas, desde 2021 hasta la actualidad, e incluye la estructura completa de carpetas y la identidad de los responsables de la infraestructura informática del partido.
Más allá del rastro digital, el magistrado ha reclamado al PSOE el acceso presencial a sus libros contables de 2024 y 2025 y una descripción detallada de los procedimientos internos de autorización de gastos. También ha pedido información sobre los contratos suscritos con los abogados Teijelo y Oliver, y con Gaspar Zarrías, incluyendo los justificantes de pago y la identificación de quién los autorizó dentro del partido.
El control de accesos a Ferraz es otro frente abierto. Pedraz ha solicitado el registro de entradas y salidas de Leire Díez, Pérez Dolset y al menos otras seis personas vinculadas a la trama, con fechas, horas, acompañantes y motivo de cada visita, extendiéndose también al párking subterráneo. A ello se suma un inventario completo de viajes, alojamientos y alquileres de coches que el PSOE haya gestionado en favor de cualquiera de los implicados.
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