El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a su exasesora Cristina Álvarez. El magistrado ha firmado el auto de apertura de juicio, el último trámite que quedaba, y da por terminada su una instrucción que se ha extendido por dos años y que sentará en el banquillo a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y malversación, tal y como estableció la Audiencia de Madrid. Álvarez lo hará por malversación. Las dos tendrán que responder como responsables civiles directas y solidarias.
Además, Peinado rechaza la testifical del profesor Jose Manuel Ruano, pedida por la defensa de Gómez, sin perjuicio de que pueda celebrarse en el juicio. Y también se acuerda la averiguación de la capacidad económica de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial, librándose oficio a la Agencia Tributaria para que envíe sus últimas cinco declaraciones de la renta.
Ésta es la segunda ocasión en la que el magistrado abre juicio oral contra las dos imputadas. En la primera, el pasado junio, Peinado atribuyó a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y acordó la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio.
Gómez y Álvarez recurrieron la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, este órgano confirmó la decisión del juez de enviar a juicio con jurado popular a las imputadas: a la esposa del presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y a su asesora sólo por el segundo.
La implicación de Barrabés
Además, decidieron apartar del juicio con jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer imputado en la causa, acordando que contra él se siga la investigación en lo relativo “a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos”.
La Audiencia de Madrid señaló que los “indicios” que existen sobre Gómez sitúan su participación en presunto tráfico de influencias cometido por particular tanto en la creación de la cátedra como en “la intermediación en favor de Barrabés”, y supuesta malversación de patrimonio público tanto por el destino del software como en “la utilización para fines privados de su asistente personal”.
De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas de las imputadas y la Fiscalía piden su absolución.
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