Desde el principio las cloacas del PSOE que investiga el juez Santiago Pedraz se han dirigido a hacer favores a Carles Puigdemont y los independentistas para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Más allá de su acción en los casos judiciales que afectaban al presidente del Gobierno, especialmente el de su hermano, y al Ejecutivo y al PSOE, como el de hidrocarburos y de cargar contra la UCO, la trama que buscaba amedrentar a jueces y fiscales se centró en este objetivo de la supervivencia de Sánchez en el poder. Cabe recordar que este grupo empezó a operar de manera completa y coordinada en los días de reflexión de Sánchez en abril de 2024, apenas cinco meses después de la investidura y de las reuniones en Waterloo con Puigdemont, en las que fue una pieza clave Santos Cerdán. Y compartían el objetivo común de desacreditar al Gobierno de Mariano Rajoy.
Estos favores pasaron en un primer momento por la oferta de Leire Díez al excomisario José Manuel Villarejo de un pacto con la Fiscalía a cambio de información para extorsionar al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena con el fin de que avalara la amnistía de Puigdemont, según ha informado Artículo14.
Miembros de la cloaca con intereses en Cataluña
Además de interés electoral y de supervivencia en el poder del que llamaban el one, varios integrantes de las cloacas estaban relacionados con la llamada Operación Cataluña y tenían tratos con las causas judiciales contra el procés o contacto con los independentistas. Es el caso de Javier Pérez Dolset. En el audio de la reunión entre este empresario, Leire Díez, el fiscal Stampa y Luis del Rivero, éste le explica al fiscal, que no entiende a qué se dedican: “Ellos han trabajado con Dolset todo el tema de lo que llaman Operación Cataluña, es un especialista… […] Dolset es la persona que más se ha dedicado a oír los audios… empresarios catalanes y comparecientes a una comisión de investigación del Congreso”.
Los Pujol y la banca andorrana
Un objetivo que pasaba por desvelar las supuesta persecución que habrían sufrido los independentistas de la llamada Policía Patriótica, y las presiones a la banca andorrana y algunos de sus clientes, como el exviceministro de Chávez Nervis Villalobos, para desvelar datos de las cuentas de los Pujol en el Principado.
Villalobos estuvo investigados en la causa PDVSA que precisamente instruía el juez Juan Carlos Peinado en 2018 y acusaba el fiscal José Grinda, una bestia negra para los independentistas que le acusan de participar en la “persecución” a empresarios y políticos catalanes simpatizantes con el procés. Una de las piezas a batir cuando Puigdemont exige reabrir la Operación Cataluña a cambio de dar la presidencia del Congreso a Francina Armengol.
Nervis y Rosell
Villalobos compareció el 28 de noviembre de 2024 en la Comisión de Investigación parlamentaria de la Operación Cataluña, donde señaló a Peinado por vulnerar sus derechos fundamentales y a Grinda por presionarle para que entregase pruebas relativas al caso Banca Privada de Andorra, reseña la UCO. “Presumiblemente, es esta causa [que acabó en la Audiencia Nacional] la que habría originado los intereses de Nervis con respecto al Magistrado Peinado y al Fiscal Grinda, dos de las personas contra las que el grupo investigado también habría dirigido su actividad”, señala la UCO. “A modo introductorio, Nervis, quien habría establecido el primer contacto con Leire el 08.05.2024, colaboró con ella mediante la facilitación de información y/o la gestión de encuentros de interés”, añade.
La “fontanera” del PSOE también negociaba tratos para Sandro Rosell y los Pujol. Hizo llegar al fiscal anticorrupción Grinda un acuerdo para obtener datos de la investigación al expresidente del Barça y cerrar causas relacionadas con los Pujol dentro del compromiso del PSOE con Puigdemont sobre la Operación Cataluña.
En este sentido, el trabajador de Correos Francisco Ortega declaró a la UCO que Leire Díez hacía referencia a la UCO como “UCO patriótica”, haciendo similitudes con la Operación Cataluña y el caso del expresidente del Barça.
Pérez Dolcet y su abogado, Jacobo Teijelo, presente también encuentros para recabar pruebas contra la UCO, conoció a Sandro Rosell durante la estancia de ambos en la prisión de Soto del Real. Ahora la “lucha contra las cloacas” del estado habría vuelto a unir sus destinos a través de “amigos” con intereses comunes como Puigdemont y Cerdán.
Gonzalo Boye
En esta cadena de coincidencias el abogado Jacobo Teijelo también ha compartido clientes con Gonzalo Boye, encargado de la defensa del expresidente catalán. Teijelo y Boye participaron en la defensa del narcotraficante Sito Miñanco.
Boye mantuvo contacto estrecho con Díez. Las conversaciones de la fontanera con el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, muestran que el abogado de Puigdemont también le ofrecía ayuda, que se supone que era a cambio de información.
Díez señaló que la vía para la resolución de su situación procesal pasaría por la consecución de un acuerdo con la Fiscalía, “para que la cosa se quede en lo menos posible, y por supuesto en libertad, y por supuesto intentando salir de todo esto cuanto antes y mejor”. Ante dicha manifestación, Martínez indicó que esa posibilidad ya le había sido previamente ofrecida por Boye, a lo que Leire respondió: “Pero es que Gonzalo no es”, dando a entender que este no ostentaría la posición que ella disponía.
El contrato con Villarejo
La acción de las cloacas del PSOE respecto a los independentistas se centró en 2024 en la amnistía, con la oferta a Villarejo reseñada, según ha volcado la UCO de los dispositivos de Díez: “A finales de julio de 2024 llegamos a un acuerdo con Villarejo para que nos facilitara toda la documentación que no ha salido a la luz. Entre esa documentación están los audios y los pagos que involucran a Marchena”. Precisamente el 24 de julio de 2024, la Sala Segunda del Supremo que presidía Manuel Marchena planteó cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.
Un asunto que un año más tarde seguía entre sus prioridades. En un documento del 27 de abril de 2025 titulado “Acciones Cataluña” se alude a que se estaría avanzando y continuarían vigentes los acuerdos con Villarejo: “Uno de los obstáculos para poder ser más ágiles para poder culminar con éxito el tema de la amnistía es el Tribunal Supremo. También nosotros lo padecemos. Se puede decir que estamos avanzando, yo creo que estamos en la meta volante antes del final de la etapa para que el acuerdo con Villarejo y Paco Martínez se ejecute y nos podamos hacer con la documentación de Villarejo, sobre todo la que afecta a Tribunal Supremo, jueces y fiscales”.
Listado de objetivos
En el documento hay un listado, en el que aparecen “Marchena padre e hijo”, y se enumera a exdirigentes del PP como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y su exmarido, Ignacio López del Hierro.
También incluye al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su entonces número dos, Francisco Martínez, además de al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Todos ellos, junto a Villarejo, están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen, el presunto operativo orquestado para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Del mismo modo, la lista también recoge “otros miembros del PP”, “Mauricio Casals y todos los asuntos del Grupo Planeta”, Javier Iglesias, Manuel Corbí -jefe de la UCO cesado por Marlaska-, Alfonso Carrasco, Legálitas, Rafael Catalá, “la Operación Cataluña completa”, entre otros.
La obsesión de Leire
En sus anotaciones en 2025, Díez se muestra también preocupada con la Comisión sobre la Operación Cataluña, sobre la que anota los días 5 y 6 de febrero y 20 y 28 de marzo. El 27 de febrero escribe: “Procés TSJ Cataluña”.
El comandante de la Guardia Ciivl Rubén Villalba y Francisco Ortega dieron fe del interés de Leire Díez sobre la Operación Cataluña y su vinculación con el fiscal Grinda y el teniente coronel Basileo, más allá de su obsesión con incriminar a la UCO, según constataron en sus reuniones del 10 y 26 de marzo de 2025.
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