La militante y “fontanera” del PSOE, Leire Díez, no sólo velaba por las causas que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, su hermano o la investigación al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sino que entre sus trabajos como “periodista de investigación” estaba también ofrecer tratos que beneficiasen a empresarios y políticos “damnificados” en la conocida como “Operación Cataluña”, nombre que recibe la presunta trama parapolicial diseñada en la etapa de Mariano Rajoy para obtener información sobre políticos y empresarios catalanes.
Como desveló ayer Artículo14 el ex presidente del Barça, Sandro Rosell, mantuvo reuniones con el secretario de Organización, Santos Cerdán, dentro de la supuesta conspiración para desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y a jueces y fiscales que investigan casos relacionados con el partido en el Gobierno.
El pasado mes de febrero, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, recibió una denuncia de su compañero José Grinda en la que éste le exponía, según adelantó El Independiente y ha podido confirmar este medio de fuentes fiscales, que había recibido una propuesta a través de una persona vinculada a Leire Díez para aclarar el origen de la investigación por fraude que llevó a Sandro Rosell a estar dos años en prisión preventiva antes del archivo de su caso por parte de la Audiencia Nacional.
Asimismo, se le planteaba el archivo de varios casos relacionados con el independentismo entre ellos una parte de la investigación a la familia de Jordi Pujol por el cobro de comisiones en la conocida como “trama del 3%”. A cambio el fiscal Grinda sería premiado con un destino en el extranjero.
En esta transacción también se solicita a Grinda mediación en la causa contra el empresario Javier Pérez Dolcet, uno de los participantes en la reunión de Leire Díez con el industrial investigado en la trama de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, en la que la militante del PSOE pide pruebas contra del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.
Pérez Dolcet y su abogado, Jacobo Teijelo, presente también en el citado encuentro para recabar pruebas contra la UCO, conoció a Sandro Rosell durante la estancia de ambos en la prisión de Soto del Real. Ahora la “lucha contra las cloacas” del estado habría vuelto a unir sus destinos a través de “amigos” con intereses comunes como Puigdemont y Cerdán.
En esta cadena de coincidencias el abogado Jacobo Teijelo también ha compartido clientes con Gonzalo Boye, encargado de la defensa del expresidente catalán. Teijelo y Boye participaron en la defensa del conocido narcotraficante, Sito Miñanco.
En su afán de buscar la nulidad de su causa, Pérez Dolcet habría ido tejiendo una red de “damnificados” a los que se denomina en círculos próximos “La asociación” entre los que, además del expresidente del Barça, estaría Higini Cierco, exdueño de Banca Privada de Andorra que fue intervenida en 2015 dentro de una operación de blanqueo de capitales. La familia Cierco ha reclamado, al igual que Rosell, una indemnización millonaria al Estado por los “daños causados” y ha demandado en los tribunales andorranos a Rajoy.
En el intento de que el fiscal Grinda prevaricase, se le ofrece aportar información comprometedora sobre el fiscal jefe Luzón encargado de las investigaciones del “caso Koldo” que mantienen en vilo al PSOE. Grinda, al quién el emisario de Leire Díez le ofrece colaborar, siempre habría estado en el punto de mira de la “fontanera” de Santos Cerdán. Según desveló El Confidencial en otra reunión con Pérez Dolset y varios abogados con el empresario de hidrocarburos la periodista vinculada al PSOE pide información sobre el fiscal: “Y una cosa te voy a decir más y esta para mí es súper importante para cuando ese fiscal o lo que sea tenga que ir. Y es el tener lo que tengas que tener de Grinda. En un papel y un boli ¿vale?”.
El fiscal Grinda ha sido una bestia negra para los independentistas que le acusan de participar en la “persecución” a empresarios y políticos catalanes simpatizantes con el “procés”. Una de las piezas a batir cuando Puigdemont exige reabrir la “Operación Cataluña” a cambio de dar la presidencia del Congreso a Francina Armengol.