La SEPI ha sacado a licitación un contrato para que una empresa haga el cribado de los ’emails’ que va a remitir a la UCO tras la petición de la unidad de élite de la Guardia Civil en la causa en la que investigan las cloacas del PSOE y en la que este lunes se ha imputado a 25 personas, entre ellas, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Aunque los casos de tramitación reservada o secreta son mínimos y se acotan a asuntos relacionados con seguridad y Defensa, el contrato no figura hasta la fecha en la Plataforma de Contratación del Estado porque se ha negociado sin publicidad, con el concepto de servicios de investigación digital (eDiscovery), y el adjudicatario ha sido Grant Thornton, según ha podido saber Artículo14.
Se trata de un movimiento por el que la SEPI aleja la responsabilidad en la que pudiera incurrir en este proceso y en el que se va a realizar una selección de correos que no respetaría la petición de la UCO de recabar los mails de un periodo sin limitaciones, lo que no se habría puesto en conocimiento de la Guardia Civil ni del juez Santiago Pedraz.
Se licita hacer un cribado de los emails de ese período según unos criterios establecidos en los que no interviene la UCO y a la que no se habría consultado. Tampoco al Juzgado. Es decir, no se habría preguntado ni pedido que se acote el requerimiento. Un filtrado que no parece que sea habitual en otras causas.
Ha licitado el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), un mecanismo temporal dotado con 10.000 millones de euros para rescatar empresas afectadas por la COVID-19 y gestionado por SEPI a través de un Consejo Gestor, a partir de la memoria de la necesidad del contrato y sin que aparezcan otros Departamentos como el de Servicios Jurídicos.
Artículo14 ha preguntado a la SEPI por este contrato pero no ha obtenido respuesta.
El precedente del hermano de Sánchez
En esta causa ya se han producido conflictos que afectan a informes de la UCO sobre correos electrónicos, el caso de los de empleados de la Diputación de Badajoz que la juez Beatriz Biedma que investigaba al hermano de Pedro Sánchez ordenó analizar en julio de 2024.
El entonces director general de la Benemérita, Leonardo Marcos, tocó a rebato cuando se produjo este requerimiento y en una reunión en su despacho el 12 de julio a la que asistieron el el DAO, el Jefe de UCO y un testigo, Marcos, les manifestó que se encontraba “indignado” porque había conocido por terceros la propuesta de actuaciones en la que según él, se hacían “presunciones falsas”. El oficio de solicitud efectuado por la UCO le parecía “totalmente prospectivo y malintencionado”, afirmando que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos
Concluyó indicando que se elaborara cuanto antes el informe de los correos, en el que se concluyera “que no había nada” y, “si había que dejar a personal de UCO sin vacaciones, que así se hiciera”.
Cuatro días más tarde, el 16 de julio de 2024, el DAO de la Guardia Civil se trasladó a las dependencias de la UCO, donde mantuvo una reunión en la que indicó que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en los mismos, bajo indicación de “que nos pusiéramos de perfil”, según un testigo.
Un error “sospechoso” en el despido de la ‘comisionista’
Ha habido otras decisiones controvertidas que atañen a la operativa interna y a los servicios jurídicos de la SEPI, según ha desvelado Artículo14. María Jesús Garrido, subdirectora del Fondo de Reestructuración Empresarial conocida como la comisionista de la SEPI, y que fue despedida e indemnizada con 140.000 euros por un error, y la SEPI firmaron un pacto de no agresión. Así lo desveló este periódico cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que el despido de Garrido es nulo y la Sociedad de Participaciones Industriales, que depende de Hacienda, ha decidido no recurrir en casación, con lo que la nulidad es firme y Garrido será indemnizada con la cantidad citada.
Garrido y SEPI rubricaron un documento en el que ambas partes renunciaban a emprender acciones legales contra la otra, a tomar cualquier tipo de medida, en suma, aparte del despido declarado nulo por un supuesto error.
En mayo de 2024, tres meses después de que saltara el caso Koldo, se produjeron despidos en la SEPI, lo que no se ha conocido hasta el pasado diciembre y se ha atribuido a una revisión de su presidenta. Entre ellos, destaca el de Garrido, comisionista en la SEPI de Vicente Fernández, el ex presidente que operaba en la sombra, y que fue detenido el pasado 10 de diciembre junto a Leire Díez y Joseba Antxon Alonso Egurrola.
La Sala de lo Social del TSJM ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Madrid que anuló el despido y dio por probado -aunque no tiene efecto porque estima la demanda de Garrido- que ha habido irregularidades merecedoras de despido disciplinario por infracción grave, pero por defecto de forma lo considera nulo.
La nulidad respondería a un “error garrafal” de los Servicios Jurídicos (SJ) de la SEPI, cuyo responsable, Javier Morales de Abad, era el secretario general y del consejo y director del SJ, que fuentes conocedoras ven “sospechoso”. Se saltaron el trámite fundamental de audiencia al trabajador en el procedimiento disciplinario, un defecto de procedimiento básico cuando se trata de un expediente contradictorio y se obvió la posibilidad de alegar en contra.
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