La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la presunta trama investigada en el denominado caso Leire utilizó su acceso a dirigentes del PNV para facilitar el rescate público de la empresa vasca Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Según ha informado El Confidencial, un nuevo informe policial concluye además que la red también se movilizó para que Moncloa concediera a la compañía un aplazamiento en la devolución de los fondos.
De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso el citado medio, los investigadores sitúan entre los principales interlocutores de estas gestiones a Leire Díez Castro, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a Antxón Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar. La UCO asegura que los tres mantuvieron contactos con dirigentes del PNV, entre ellos el entonces presidente de la formación, Andoni Ortuzar, y el exsenador Joseba Aurrekoetxea, con el objetivo de impulsar la aprobación del rescate.
El informe recoge además que los integrantes de la presunta trama habrían obtenido pagos vinculados a estas gestiones. En concreto, Leire, Fernández y Alonso se habrían embolsado una presunta comisión ilegal de al menos 114.950 euros.
Según la investigación, la compañía habría canalizado parte de esos abonos a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL, una empresa que también aparece mencionada en otras diligencias relacionadas con la supuesta trama de adjudicaciones públicas investigada en torno a Santos Cerdán.
Contacto y reuniones con responsables del PNV
Según El Confidencial, los agentes han localizado mensajes intercambiados entre los investigados en los que se refieren a sí mismos como Hirurok —”nosotros tres” en euskera— y en los que comentan contactos y reuniones mantenidas con responsables del nacionalismo vasco. Entre ellas figura un encuentro celebrado el 28 de enero de 2025 en el que también habría participado el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, igualmente investigado en la causa.
La UCO sitúa el origen de estas gestiones en 2020, cuando Tubos Reunidos buscaba acceder al fondo de rescate creado por el Gobierno para empresas estratégicas afectadas por la pandemia. Los investigadores sostienen que Vicente Fernández, pese a haber abandonado la presidencia de la SEPI en 2019, conservaba influencia dentro del organismo y ofreció sus servicios a los responsables de la compañía para facilitar la tramitación del expediente.
Vicente Fernández, que ya había dimitido de la presidencia de la SEPI, habría ofrecido sus servicios a Francisco Irazusta. También habría empezado a colaborar con Antxón Alonso, quien habría empezado a tener acercamientos con el PNV.
El informe también recoge comunicaciones que apuntarían a contactos con dirigentes del PNV para desbloquear el proceso. Entre ellas figura un mensaje enviado por Fernández a Antxón Alonso en julio de 2021 en el que relaciona una convocatoria en Moncloa de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, con conversaciones previas mantenidas con responsables de Sabin Etxea, sede central del PNV.
La Guardia Civil localizó en el móvil del expresidente de la SEPI a Alonso. “Egunon [Buenos días]. Ayer convocaron de Moncloa a Belén Gualda hoy a las 11. No sé exactamente si será el tema, pero no descarto que haya sido producto de tu conversación con Sabin Etxea del miércoles, Anttón. Os iré contando”.
Asimismo, la Guardia Civil sostiene que Fernández tuvo acceso anticipado a información interna sobre la aprobación de la concesión de los 112 millones de euros gracias a contactos dentro de la SEPI. Según la investigación, comunicó a los responsables de Tubos Reunidos la inminente aprobación de la ayuda antes de que esta se hiciera pública oficialmente cuatro días después.
Actuaciones para la devolución de los fondos
La investigación también analiza actuaciones posteriores relacionadas con la devolución de los fondos. Según recoge El Confidencial, la UCO considera que en 2024 los investigados volvieron a intervenir para facilitar que Tubos Reunidos pudiera disponer de recursos procedentes de la venta de un inmueble en Sestao por 15 millones de euros, operación que requería autorización por estar vinculada a las condiciones del rescate público. “Vicente y Leire habrían utilizado su influencia sobre determinados cargos públicos con esta finalidad, percibiendo por ello una cuantía económica que al menos se cifra en 40.000 euros”.
Tubos Reunidos nunca devolvió el dinero. El pasado mayo declaró el concurso de acreedores.
Finalmente, la compañía solicitó en marzo de 2025 un aplazamiento para devolver las ayudas recibidas. La petición fue validada por distintos órganos del FASEE y aprobada ese mismo mes. El Confidencial expone que el 21 de marzo, sólo una semana después, “en un corto periodo de tiempo”, la petición de Tubos Reunidos fue validada por la Dirección Económico Financiera del FASEE.En los días siguientes emitieron el mismo dictamen favorable la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Comité de Negocio. Y, el 28 de marzo, Julián Mateos-Aparicio, director del FASEE, estampó la firma definitiva por delegación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.
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