Vox no se conforma con entrar en el Gobierno andaluz. El partido de Santiago Abascal negocia con el PP, al margen del acuerdo de investidura ya sellado, su presencia en organismos públicos de la comunidad, entre ellos la televisión autonómica, Canal Sur. Así lo confirmó este lunes el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política.
Según explicó Fúster, ambos partidos mantienen “una negociación separada” para “tener presencia” en otros organismos públicos andaluces, más allá de las conversaciones para conformar el Ejecutivo autonómico. En el caso de Canal Sur, donde Vox ya cuenta con un consejero -el director de comunicación del partido, Álvaro Zancajo-, fuentes de la formación apuntan a que la intención es incorporar a un segundo representante en el consejo de la televisión pública, informa Europa Press.
“Debemos velar por la libertad de pensamiento, que no haya vetos de ningún partido y, en ningún caso, como ocurre en otras televisiones, Vox sea relegado o apartado”, justificó el portavoz.
El pacto alcanzado entre PP y Vox para investir presidente a Juanma Moreno contempla la entrada de Manuel Gavira, líder de la formación en Andalucía, en el Gobierno autonómico al frente de una súper consejería de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación con rango de vicepresidencia. El acuerdo incorpora además el concepto de prioridad nacional, medidas contra la inmigración ilegal y los menores migrantes no acompañados, el rechazo a la Agenda 2030, bajadas de impuestos y la lucha contra la “okupación”.
Fúster se declaró “satisfecho” con el resultado, aunque admitió que la “proporcionalidad” derivada del resultado electoral -el PP logró 53 escaños, a solo dos de la mayoría absoluta- limita el margen de acción de su partido. “Hemos llegado lejos, pero hasta lo que queríamos hacer hay un amplio trecho que hay que recorrer”, reconoció.
Además, el portavoz situó los gobiernos de coalición con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía como “el paso intermedio” de una estrategia más ambiciosa: “condicionar” a los populares “no es el techo” de Vox. “Los acuerdos son pasos, instrumentos, pruebas de que nuestras ideas funcionan, pero nuestro objetivo es gobernar en solitario en el futuro para aplicar nuestro programa sin cesiones”, afirmó.
El cese de la directora de la Guardia Civil
Por otra parte, Fúster denunció que el Ejecutivo está “rodeado por una red de corrupción que cada semana alcanza una institución más” y cifró el balance en “121 imputados vinculados al sanchismo, tantos como diputados tiene el PSOE en el Congreso”, además de “16 sumarios y peticiones de cárcel que sumarían, por el momento, 2.300 años”.
La última “línea roja”, según el portavoz, es la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el ‘caso Leire Díez‘. “Presionar a la UCO desde el poder político en cualquier nación decente habría ocasionado una crisis de Gobierno” o incluso una “crisis de Estado”, advirtió, “porque ya no solamente es un Gobierno investigado, sino que es un Gobierno que ataca a quienes le investigan”.
Vox exige el cese de ambos responsables y la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso, previa a su dimisión. “La Guardia Civil no pertenece al PSOE, la UCO no pertenece a Sánchez y la Justicia no pertenece a La Moncloa”, zanjó Fúster, que mostró su “respaldo público a todos los agentes y a los mandos que sí que cumplen con su deber”.
El portavoz extendió sus críticas a la Agencia Tributaria, que a su juicio “vive una sacudida enorme” tras la salida de su directora general y de varios responsables de recaudación e inspección, y a la SEPI, que “sufre la mayor crisis de reputación institucional de su historia”. “Los tres presidentes que ha tenido durante el mandato de Pedro Sánchez están investigados”, reprochó.
Para Fúster, el panorama “ya no es una sucesión de escándalos”, sino “un sistema mafioso, un sistema de ocupación del poder, de uso partidista de las instituciones y de resistencia desesperada de un Gobierno que sabe que el día que pierda La Moncloa” va a “acabar en el banquillo de los acusados”.
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