La negociación del nuevo decreto de vivienda ha abierto un nuevo frente dentro de la izquierda. El periodista y escritor Antonio Maestre ha reaccionado con dureza a una de las medidas fiscales incluidas en el borrador que negocia el Gobierno: una bonificación que podría alcanzar el 100% para determinados pequeños propietarios que reduzcan el precio del alquiler al menos un 5%.
“Creo que será una broma que el PSOE ha incluido en el decreto una deducción a los caseros del 100% en el IRPF por reducir un 5% el alquiler. Tiene que ser una broma”, ha escrito Antonio Maestre este martes en su cuenta de X.
La crítica llega mientras PSOE y Sumar continúan negociando contra reloj el contenido definitivo del real decreto. El desacuerdo ha provocado incluso que el inicio del Consejo de Ministros previsto para este martes 29 de septiembre se haya retrasado mientras ambas partes tratan de acercar posiciones.
Qué medida ha provocado la reacción de Antonio Maestre
Creo que será una broma que el PSOE ha incluido en el decreto una deducción a los caseros del 100% en el IRPF por reducir un 5% el alquiler.
Tiene que ser una broma.
— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) September 29, 2026
El punto cuestionado por Antonio Maestre forma parte del bloque fiscal con el que el Gobierno pretende incentivar que determinados propietarios reduzcan los precios de sus viviendas en alquiler.
Según el borrador conocido durante las últimas horas, los pequeños propietarios podrían acceder a bonificaciones de hasta el 100% si rebajan al menos un 5% la renta. La medida conviviría con otras deducciones dirigidas a los propios inquilinos y forma parte del intento del Ejecutivo de combinar regulación e incentivos fiscales.
Conviene precisar, sin embargo, qué significa ese 100%. No supone necesariamente que el propietario quede exento de pagar todo su IRPF. La bonificación afecta al rendimiento neto positivo generado por el alquiler de la vivienda, es decir, a la cantidad obtenida una vez aplicados los gastos deducibles correspondientes.
La fórmula tampoco aparece completamente de cero. La legislación vigente ya establece una reducción del 90% sobre el rendimiento neto positivo cuando un propietario firma un nuevo contrato en una zona de mercado tensionado y rebaja la renta inicial en más de un 5% respecto al contrato anterior.
La discusión actual gira, por tanto, en torno a ampliar todavía más ese incentivo fiscal en determinados casos.
El PSOE apuesta por incentivar las bajadas del alquiler
El planteamiento del PSOE responde a una estrategia que el partido lleva tiempo defendiendo: utilizar la fiscalidad como instrumento para convencer a los propietarios de que ofrezcan sus viviendas a precios inferiores.
El propio PSOE ya había presentado anteriormente una propuesta para permitir reducciones del 100% sobre los rendimientos del alquiler cuando se cumplieran determinados requisitos. Una iniciativa registrada en el Congreso contemplaba esa reducción máxima cuando el propietario disminuyera el alquiler más de un 5% y la nueva renta quedara por debajo de un determinado nivel establecido por el Ministerio de Vivienda.
El argumento que subyace a este modelo es que renunciar a una parte de la recaudación fiscal puede compensarse si a cambio se consigue moderar el precio de los alquileres y aumentar la oferta disponible.
Es precisamente esa lógica la que cuestiona Antonio Maestre. Su mensaje pone el foco en que una rebaja relativamente limitada de la renta pueda generar una ventaja fiscal muy elevada para el propietario.
Un decreto que sigue negociándose esta mañana
El comentario de Antonio Maestre se produce además en un momento en el que el contenido definitivo del decreto continúa abierto. PSOE y Sumar han negociado durante toda la noche y las conversaciones han obligado a retrasar el Consejo de Ministros que inicialmente debía comenzar a las 9:30 horas.
Una de las mayores diferencias se encuentra en la estabilidad de los contratos. El PSOE ha trabajado con una prórroga extraordinaria de los alquileres, mientras que sectores de Sumar y otras fuerzas de izquierda reclaman avanzar hacia renovaciones automáticas o contratos de carácter indefinido mientras el inquilino cumpla con sus obligaciones.
El borrador incluye también un escudo frente a determinados desahucios de hogares vulnerables hasta 2028, límites para los alquileres de temporada, mecanismos de protección frente a operaciones de fondos de inversión y deducciones fiscales para algunos inquilinos.
Por tanto, la bonificación criticada por Antonio Maestre forma parte de una negociación todavía abierta. Su configuración final podría variar antes de que el Consejo de Ministros apruebe el texto.
La izquierda discute sobre incentivos y regulación
El debate fiscal refleja una diferencia más profunda sobre cómo afrontar la crisis de vivienda. Una parte del espacio progresista considera necesario utilizar incentivos para conseguir que los pequeños propietarios mantengan sus inmuebles dentro del mercado residencial y reduzcan las rentas.
Otros sectores reclaman que el Gobierno priorice mecanismos regulatorios más contundentes. La presión ha aumentado tras las movilizaciones de los últimos días y la acampada instalada en la Puerta del Sol después del desahucio de Maricarmen Abascal.
Sumar, Podemos, ERC y organizaciones de inquilinos han reclamado diferentes medidas para ampliar la estabilidad contractual, limitar las posibilidades de desahucio y restringir la capacidad de los grandes propietarios y fondos para intervenir en el mercado residencial.
El Ejecutivo necesita al mismo tiempo construir una mayoría suficiente en el Congreso. Junts y PNV mantienen posiciones diferentes sobre cuestiones como los derechos de los pequeños propietarios, la duración de los contratos o las medidas que pueden aplicarse frente a los impagos.
Del 90% actual al posible 100%
La discusión adquiere todavía más relevancia al observar la normativa que ya existe. La Ley del IRPF permite actualmente reducir un 90% del rendimiento neto positivo obtenido por un alquiler cuando se firma un nuevo contrato sobre una vivienda situada en una zona tensionada y el propietario rebaja la renta en más de un 5%.
También existen reducciones inferiores en otros supuestos, como determinados alquileres dirigidos a jóvenes o viviendas sometidas a actuaciones de rehabilitación.
El salto hasta el 100% supondría llevar el incentivo fiscal a su nivel máximo en los casos que determine finalmente la norma. Para sus defensores, sería una forma de lograr bajadas reales de precios mediante incentivos. Para críticos como Antonio Maestre, supone conceder una ventaja fiscal excesiva a los propietarios a cambio de una reducción limitada del alquiler.
El resultado definitivo depende ahora del acuerdo que alcancen PSOE y Sumar y de la capacidad del Gobierno para garantizar posteriormente los apoyos parlamentarios. Incluso después de pasar por el Consejo de Ministros, el real decreto deberá ser convalidado por el Congreso.
Mientras esa negociación continúa, la reacción de Antonio Maestre resume uno de los debates que atraviesan a la izquierda en plena crisis habitacional: hasta qué punto debe recurrirse a los incentivos fiscales para los propietarios y hasta qué punto la respuesta debe descansar en una intervención directa sobre el mercado del alquiler.