La alerta internacional por los casos de hantavirus que ya se han extendido por varios países, vuelve a poner el foco sobre la capacidad de respuesta ante las emergencias sanitarias. En España, esta función está encomendada por ley a la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP). Un organismo que el Gobierno anunció en 2022 como “una prioridad política” tras la pandemia de la COVID-19 y que hoy sigue sin estar operativo.
El BOE publicó el pasado 28 de julio la ley para la creación de la Agencia, que daba al Ejecutivo un plazo máximo de seis meses para aprobar su Estatuto y activar el marco para su funcionamiento. Pero ese desarrollo reglamentario, imprescindible para dotarla de estructura, dirección y capacidad operativa, ni siquiera ha comenzado a tramitarse. Es decir, el Ejecutivo está incumpliendo su propia legislación, que le obligaba a aprobar antes de finalizar enero la norma necesaria para poner en marcha la Agencia.
Una “urgencia” olvidada
La ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública es clara: “el Gobierno aprobará en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, mediante real decreto, el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública”. Este desarrollo reglamentario para estructurar este organismo -con sus centros y consejo rector- ni siguiera ha comenzado a tramitarse. Ello a pesar de que el Consejo de Ministros del pasado 30 de septiembre autorizó al Ministerio de Sanidad la “tramitación administrativa urgente” del citado real decreto.
Una prueba adicional es que aún no se ha lanzado la consulta pública previa, el primer hito en cualquier desarrollo normativo. Es más, ni siquiera figura en las previsiones legislativas del Ejecutivo para este año, a tenor de lo reflejado en el Plan Anual Normativo 2026, aprobado el pasado 5 de mayo por el Consejo de Ministros. En este documento, el Gobierno marca sus objetivos regulatorios.
Sin Estatuto, sin sede, sin personal, sin presupuesto
Paradójicamente, el Gobierno ya superó el principal escollo político: lograr una mayoría parlamentaria para aprobar la ley. Sin embargo, ahora no está impulsando el desarrollo reglamentario, que depende exclusivamente del Ejecutivo y puede aprobarse mediante reales decretos.
El Congreso aprueba definitivamente la Agencia Estatal de Salud Pública!!
España gana protección, vigilancia y respuesta ante cualquier emergencia sanitaria que venga.
A pesar de los bebelejías que se han puesto en contra de la ciencia: pic.twitter.com/bmRZ5wtNgq
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 22, 2025
El desarrollo reglamentario del Estatuto de la Agencia es el primer paso para su puesta en marcha efectiva. Este debe desarrollar todos los detalles para su operatividad plena, incluyendo su estructura y los servicios y centros dependientes del Ministerio de Sanidad que pasarían a formar parte de esta nueva entidad. La designación del consejo rector, que requiere su aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), será a su vez determinante para la elección del director general de la misma.
Específicamente, el inicio de la actividad de la AESP se materializará con su constitución mediante la reunión de su Consejo Rector, prevista para un plazo máximo de tres meses tras la aprobación de su Estatuto.
En paralelo a este marco reglamentario, el Ministerio de Sanidad ha pospuesto hasta el 18 de agosto la elección de la sede para facilitar su elección. Un total de ocho ciudades: Toledo (Castilla-La Mancha), Granada (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Murcia, Barcelona (Cataluña), León (Castilla y León), Oviedo (Asturias) y Lugo (Galicia) aspiran a acoger su ubicación.
Aunque desde el Departamento de Mónica García se asegura que la Agencia puede operar en la sede de Ministerio, tampoco cuenta este año con presupuesto asignado.
Sí presenta su cumplimiento ante Bruselas
Si en el ámbito nacional la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública está siendo ignorada por el Gobierno, frente a Bruselas sí está vendiendo su cumplimiento. Carlos Cuerpo reconocía ante el Congreso de los Diputados el 17 de diciembre que el Ejecutivo ha incluido su creación dentro de las reformas comprometidas con la Comisión Europea para el sexto desembolso de los fondos europeos Next Generation.
“Hay cinco reformas que se sustituyen por otras de similar ámbito y ambición, porque coinciden, con esas áreas identificadas como prioritarias por parte de la Comisión Europea. […] En el ámbito de sanidad, por ejemplo: saldría o se eliminaría de los hitos del plan de recuperación la ley de cohesión, equidad y universalidad del Sistema Sanitario Nacional, pero sería sustituida por la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la designación y renovación de los centros, servicios y unidades de referencia, los CSUR, y también la reorganización de la atención no gestionada por dichos centros, entre otros ejemplos”, afirmó.
Finalmente, el sexto desembolso se solicitó el pasado 3 de marzo por un total del 7.256 millones. Sin embargo, una semana después, el Ejecutivo presentó una revisión que ha paralizado el proceso y que está pendiente del visto bueno de Bruselas. Este calendario, que ha retrasado el pago, complica a su vez la solicitud del séptimo y último pago cuando el próximo 31 de diciembre finalizan todos los desembolsos de Bruselas.
Más de 15 años en el limbo
La creación de esta agencia, que busca reforzar las capacidades del Estado para responder a las emergencias sanitarias, lleva más de una década de retraso. Este organismo estaba previsto en la Ley General de Salud Pública de 2011. Lo reconocía la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuando en agosto de 2022 se anunció su creación: “Me gustaría destacar que con la aprobación de este proyecto de ley por el que creamos la Agencia Estatal de Salud Pública, es que se hace después de 11 años. Esta es la buena noticia para la Salud Pública de hoy”.
“Se trata de una prioridad política para el Gobierno de España, tras la experiencia vivida con la pandemia y, también, una necesidad de país para abordar situaciones en nuestro sistema público de salud que requieren de anticipación, respuesta rápida y coordinación”, añadió. Una necesidad para la protección de la salud pública frente a la preparación, prevención, detección y respuesta rápida frente a amenazas y riesgos para la salud de la población, que todavía sigue en el cajón.