Albert Santamaría era bombero, tenía 46 años y formaba parte del GRAE, la unidad especializada en rescates en montaña, barrancos y zonas de difícil acceso. No era un hombre frágil, ni alguien que encajara en la imagen de una enfermedad súbita y extraña. Era deportista, estaba acostumbrado al esfuerzo físico y al riesgo, y llevaba años entrenado para leer señales de peligro.
Todo empezó a torcerse en enero. El día 16, Albert salió de su casa en la comarca barcelonesa del Bages para ir a trabajar. Iba conduciendo cuando empezó a sentirse mal. Se desorientó, notó que se dormía, que perdía el control y tuvo que detener el vehículo. Alertó al 112 y fue trasladado al hospital. Allí comenzaron las pruebas: punción lumbar, TAC craneal, análisis.
El cuadro era extraño: somnolencia, amnesias, desorientación. Albert no parecía él. Su entorno lo notaba lento, despistado, ausente. Los análisis dieron una primera pista: presencia de tóxicos en la orina, en concreto benzodiacepinas. Tras mejorar, recibió el alta y volvió a casa con su mujer, una enfermera de la UCI del hospital de Manresa.
Días después, Albert regresó al hospital. Seguía mal. Tenía dolores de cabeza, olvidos y lentitud al hablar. Ingresó en neurología y los médicos repitieron pruebas para tratar de entender qué estaba pasando. En un momento dado sufrió una hiperglucemia de origen desconocido, otro episodio que desconcertó al equipo médico. La última enfermera que lo vio con vida dejó anotadas constantes normales pasada la medianoche. A la mañana siguiente, sobre las siete, Albert apareció muerto en su habitación del hospital de Manresa.
Nadie se explicaba lo ocurrido. Se esperaba que la autopsia pudiera arrojar algo de luz, aunque su esposa insistía en que no se le practicara. Alegaba que Albert quería donar sus órganos y que el examen post mortem podía impedirlo. Pero la autopsia se hizo. Y fue precisamente ese examen el que abrió la puerta a la hipótesis del homicidio.
Durante cuatro meses, la División de Investigación Criminal reconstruyó los días previos a la muerte de Albert. Los investigadores sospechan que su pareja pudo administrarle los medicamentos que acabaron intoxicándolo. Según los análisis forenses, la medicación habría podido ser suministrada no solo días antes, en el domicilio familiar, sino también durante su estancia en el hospital.
Hay otro elemento que los investigadores miran con especial atención: el posible móvil. La principal sospecha es que el crimen pudiera estar relacionado con una relación extraconyugal de la enfermera. Al parecer, durante los días en los que Albert permanecía ingresado, la sospechosa habría vaciado parte de los enseres de la casa familiar y habría dado entrada en el domicilio a otro hombre. Según las informaciones publicadas, ese hombre sería ajeno a los hechos investigados.
La detención no fue inmediata ni fruto de una reacción precipitada. La mujer, de 41 años, fue arrestada finalmente el 25 de junio como presunta autora de la muerte de su pareja.
La muerte de Albert golpeó de lleno a los Bombers de la Generalitat. Sus compañeros ya le habían rendido homenaje en febrero, antes de que el caso estallara públicamente, recordando su trayectoria y su vocación. Y quizá esta sea una de las ironías más crueles de la historia: el hombre que trabajaba para rescatar a otros no pudo detectar a tiempo el peligro que, según la investigación, se había instalado en su propia vida.
Ahora el caso queda en manos del juzgado. Faltan cosas por saber: cómo se administraron los fármacos, durante cuánto tiempo, con qué acceso y con qué intención. Porque en los crímenes por envenenamiento el relato no se escribe con sangre, sino con horarios, análisis, historiales médicos y contradicciones.