Verano de 2023. Dos amigas. Una fiesta. Dos agresores sexuales, uno de ellos con cara y nombre de futbolista: Rafa Mir.
Las dos amigas acaban en casa de él, junto a Pablo Jara —el otro agresor sexual— para dar por finalizada una noche de fiesta más en Bétera. No querían mantener relaciones sexuales, pero por lo que sea, al futbolista y a su colega no les pareció bien. Así que terminaron agrediéndolas sexualmente.
Así lo considera la Audiencia Provincial de Alicante, que ha condenado a Mir a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, y a Jara a dos años y medio.
Y lo que también ha considerado este tribunal es que había más de un presunto mentiroso en la sala —dos de ellos ya no son presuntos—: los condenados y algunos de los agentes que atendieron a las víctimas en su primera declaración.
La investigación más allá de Rafa Mir
La Audiencia afirma en su sentencia que existe una “flagrante contradicción” entre la versión de los agentes y la de las denunciantes y, por ello, ha decidido abrir una investigación independiente a la causa.
Resulta que las dos jóvenes denunciaron durante el juicio la “indolencia” de los policías que las atendieron aquella noche. Dijeron que no las protegieron. Dijeron que minimizaron lo ocurrido. Dijeron incluso que algunos agentes se reían junto a los acusados.
Y aquí, querido lectores, es donde el caso deja de ser únicamente ‘el caso Rafa Mir’.
Porque la investigación ordenada por la Audiencia no plantea únicamente dudas sobre la actuación de unos agentes. Plantea algo mucho más profundo: ¿qué ocurre cuando el primer contacto de una víctima con el Estado no es protección, sino desconfianza?
Si quieren una respuesta rápida e indignante -cada vez menos sorprendente- les adelantamos que “nada”. Al menos, en la mayoría de las ocasiones.
Y para comprenderlo, lean a quienes ven materializada esa respuesta cada día.
El ‘falso testimonio’ de la policía: una realidad inseparable de la violencia machista institucional
La magistrada María del Prado, portavoz de Igualdad de Juezas y Jueces para la Democracia, considera que no puede explicarse las consecuencias y el significado en sí de este hecho sin contextualizar lo evidente: un posible ‘falso testimonio’ policial en este tipo de contextos – una denuncia por violencia sexual- es violencia institucional. Y sin erradicarla, será “difícil” acabar con esta merma democrática.
La magistrada recuerda a Artículo14 que no se puede partir de la premisa de que los funcionarios públicos actúan mal. Pero, insiste, tampoco hay que se ingenuos.
“Lo cierto es que la falta de perspectiva de género o esos estereotipos, esos roles machistas, como están en toda la sociedad, pues también están en el funcionariado público. Y eso a veces se refleja en el ejercicio de nuestra función, también por parte de los agentes de la policía”.
Algo más que una praxis
Cuando esos prejuicios condicionan la actuación de quienes deben proteger a las víctimas, hablamos de algo más grave que una mala praxis. “Hablamos de violencia machista institucional”, insiste del Prado.
Y pocas cosas, dice, pueden resultar más dañinas para una víctima y más corrosivas para un Estado que presume de proteger sus derechos.
Porque la violencia institucional no consiste únicamente en hacer daño. También consiste en abandonar. En no escuchar. En no investigar adecuadamente.
“Existe la obligación de proteger de forma adecuada a la víctima”
Del Prado recuerda que esto no es una preocupación teórica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en distintas ocasiones a Estados por no ofrecer una respuesta eficaz a víctimas de violencia sexual. No basta con castigar a los agresores cuando los hay, “también existe la obligación de escuchar, investigar y proteger de forma adecuada”.
Cuando eso falla, la impunidad deja de ser solo responsabilidad del agresor y pasa a convertirse también en un fracaso institucional.
¿Qué les puede pasar a los policías?
Por eso la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante resulta tan poco habitual. Porque, por una vez, el foco no apunta únicamente hacia quienes se sientan en el banquillo. También apunta hacia quienes, presuntamente, pudieron contribuir a que las víctimas se sintieran más solas, más cuestionadas y desprotegidas.
Y es ahí donde aparece otra realidad demoledora que destaca Isaac Guijarro, de Olympe Abogados: las consecuencias para quienes faltan a la verdad durante un procedimiento judicial son mucho menos frecuentes de lo que la ciudadanía imagina, especialmente cuando quienes declaran ocupan posiciones de autoridad.
“Las consecuencias penales son excepcionales”
Guijarro apunta a una realidad que muchos profesionales del ámbito judicial conocen bien: “Los testigos mienten. Ya sea por este pacto de caballeros que tienen entre los hombres, o ya sea pues porque pues es famoso como aquí el futbolista”. Y cuando quien presuntamente faltan a la verdad es un agente policial “las consecuencias suelen ser mínimas o inexistentes”.
Según explica Guijarro, para que prospere una acusación por falso testimonio la mentira debe ser prácticamente grosera, escandalosa, imposible de justificar. En la práctica, la mayoría de las contradicciones quedan absorbidas por una fórmula mágica extraordinariamente útil: “no lo recuerdo”.
El falso testimonio de la policía no es un hecho puntual
Este tipo de modus operandi entre la policía, dice, no son hechos aislados. Ellos mismos, como despacho, están inmersos en una situación similar entre el presunto falso testimonio de la policía y el de la víctima a la que defienden.
Y esta realidad, la de que los policías puedan dar falso testimonio a la ligera, tiene consecuencias devastadoras para las víctimas. No basta con denunciar. No basta con soportar una investigación. No basta con enfrentarse a un juicio. También hay que sobrevivir a quienes deberían ayudarte.
Resulta llamativo, como mínimo, que cuando una víctima cambia un detalle de su relato debido al trauma, el miedo o el paso del tiempo, esa contradicción puede utilizarse para cuestionar toda su credibilidad y acabar archivando su denuncia.
Pero ¡ay, amiga! Cuando las contradicciones aparecen en el lado institucional, el sistema suele activar un reflejo protector admirablemente eficiente. De repente todo son errores, confusiones, interpretaciones o fallos de memoria.
La diferencia no es jurídica. Es de poder.
Una merma democrática (más)
Por eso la decisión de la Audiencia Provincial tiene una importancia que trasciende al caso Rafa Mir. Lo verdaderamente excepcional no es que existan sospechas sobre una actuación policial. Lo excepcional es que un tribunal haya decidido investigarlas.
Intentar, al menos, que esa impunidad no siempre pase desapercibida. Que se cuestione. Que se hable, que no se invisibilice una realidad que debería preocupar a cualquier democracia: ¿qué ocurre cuando quienes tienen el monopolio de la credibilidad oficial son precisamente quienes deben rendir cuentas?
La respuesta determinará no solo la confianza en la policía. También una confianza en la justicia cada vez más mermada. Y sin esa confianza, la próxima campaña institucional que anime a denunciar corre el riesgo de sonar menos a protección y más a sarcasmo.
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