Una madre llega con su hijo a un edificio que, a simple vista, podría parecer una oficina cualquiera. Hay una sala de espera, profesionales, horarios y una puerta que separa dos mundos. Ella entrega al niño. Él entra. Al otro lado está su padre.
No hay una conversación entre los progenitores. No tiene por qué haberla. Precisamente para eso existe el Punto de Encuentro Familiar (PEF); para facilitar que un menor pueda mantener contacto con uno de sus familiares cuando la relación está interrumpida, resulta conflictiva o existe una resolución judicial que establece que las entregas o las visitas deben realizarse en un espacio neutral.
El objetivo es proteger al menor y garantizar que el régimen de visitas se cumpla con las mayores garantías posibles. El estudio de FEDEPE recuerda que estos recursos pueden detectar distintas formas de violencia, física, emocional, psicológica, sexual o negligencia, durante su intervención.
Pero hay una pregunta que cambia completamente el escenario: ¿qué ocurre cuando el padre al que el niño tiene que ver es también el hombre que ha ejercido violencia contra su madre?
¿Quién puede acudir y cómo funciona?
Los PEF no son un servicio al que una familia acude simplemente porque lo decide. Son recursos especializados que intervienen cuando una autoridad competente establece un régimen de visitas que necesita ser desarrollado o supervisado en ese entorno.
Hay distintas formas de intervención. En las entregas y recogidas, el equipo actúa como intermediario para evitar el contacto entre los progenitores. En las visitas tuteladas, un profesional permanece presente durante el encuentro. Y existen también visitas supervisadas que se desarrollan en el propio centro sin la presencia continuada del equipo técnico.
Pero el trabajo no debería limitarse a abrir y cerrar una puerta. Los profesionales pueden desarrollar programas de intervención con las familias, orientar a progenitores y menores, registrar lo ocurrido y elaborar informes dirigidos a los juzgados.
El propio estudio señala que, en la práctica, los PEF tienen una posición privilegiada para observar comportamientos que quizá no aparecen en un procedimiento judicial: cómo llega un niño, qué dice, cómo se despide, qué ocurre durante una visita o qué señales muestra después.
La LOPIVI cambió el punto de partida
La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, introdujo una idea esencial: el niño no es simplemente un acompañante de la disputa entre sus padres; es un sujeto de derechos que debe ser protegido frente a cualquier forma de violencia.
La norma establece que la violencia incluye el maltrato físico, psicológico o emocional, la negligencia y la violencia de género, entre otras formas. Su finalidad es garantizar la integridad física, psíquica, psicológica y moral de los menores, incorporando medidas de sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación.
Y dedica dos artículos especialmente importantes a estas situaciones. El artículo 28 obliga a prestar especial atención al interés superior del menor cuando existe una ruptura familiar e incluye expresamente el impulso de los Puntos de Encuentro Familiar. El artículo 29 va más allá cuando existe violencia de género: establece que deben protegerse específicamente los derechos de los menores que conviven en estos entornos y que la recuperación de los hijos y de la madre debe contemplarse conjuntamente, porque ambos son víctimas de esa violencia.
El estudio de FEDEPE subraya precisamente ese cambio de mirada y recuerda que la LOPIVI obliga a los PEF a garantizar el bienestar y la protección de los menores durante su intervención.
El problema aparece cuando proteger se confunde con mantener el vínculo
Aquí empiezan las grietas. Porque un PEF puede impedir que una madre tenga que encontrarse con su expareja, o supervisar una visita, o redactar un informe. Pero ninguna de esas medidas elimina por sí sola el riesgo de que el contacto siga siendo una forma de violencia o control.
La psiquiatra Lluïsa García Esteve, especialista en las secuelas psicológicas que dejan la violencia de género y los procesos judiciales en madres e hijos, lo resume de una manera especialmente contundente: “Por defecto, el sistema funciona en contra de los hijos y de las madres”.
Para García Esteve existe una resistencia profunda a aceptar que un hombre que ha maltratado a su pareja pueda ejercer una paternidad sana. Y esa dificultad, sostiene, alcanza también a los juzgados, los equipos psicosociales y los Puntos de Encuentro Familiar. “La ley prioriza los supuestos derechos de un padre, aunque sea maltratador, frente al derecho de un niño o una niña a vivir sin violencia”, denuncia.
Sus palabras apuntan a uno de los principales riesgos: interpretar el miedo del menor como un problema de la relación con su madre y no como una posible consecuencia de la violencia que ha vivido.
La psiquiatra habla de niños que se niegan a acudir, sufren ansiedad, alteraciones del sueño o incluso episodios de incontinencia. “No es miedo: es terror”, afirma. Y añade una frase especialmente significativa: “Los más pequeños muchas veces no pueden explicar lo que les ocurre, pero el cuerpo sí lo expresa”.
Las carencias que detectan quienes trabajan dentro
El estudio de FEDEPE identifica precisamente varios de los puntos débiles que aparecen cuando estos casos llegan a los PEF: la necesidad de mejorar la coordinación entre profesionales, reforzar la detección y comunicación de situaciones de violencia y garantizar una formación especializada, inicial y continua.
No todos los territorios tienen además el mismo marco normativo. El estudio recoge normativa específica sobre los PEF en seis de las comunidades analizadas, mientras que señala que en Murcia no existía entonces una legislación específica que regulara su funcionamiento.
Y la coordinación es fundamental, así como un enfoque multidisciplinar. Sin embargo, aquí también aparecen problemas: falta de formación específica sobre violencia de género, dificultades de coordinación con los servicios especializados de atención a las mujeres y riesgo de que los agresores utilicen los regímenes de visitas para prolongar el control sobre las madres y los hijos.
Cuando el niño habla, pero nadie escucha
El propio estudio explica que la violencia puede detectarse mediante la observación, las palabras del menor o la información proporcionada por un adulto. Por eso el PEF puede ser mucho más que una sala donde se cumple una sentencia. Puede convertirse en un lugar desde el que detectar que algo no funciona. El problema llega cuando esa información no circula.
Si un profesional observa señales de sufrimiento pero esa información no llega correctamente al juzgado, a los servicios sociales, a los equipos especializados o a quienes evalúan el riesgo, la observación se queda encerrada entre cuatro paredes.
El reto no es solo que la visita sea segura
La existencia de un Punto de Encuentro puede marcar una diferencia enorme. Evita enfrentamientos, permite supervisar situaciones delicadas y ofrece un espacio profesional donde observar a los menores. Pero su función no puede reducirse a garantizar que una visita judicialmente ordenada se produzca. La pregunta es otra: qué necesita ese niño para estar realmente seguro. La LOPIVI obliga a colocar ahí el interés superior del menor y a entender la violencia de género como una realidad que también les afecta directamente.
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