La Fiscalía General del Estado ha dado a conocer que se han abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta desde la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio. Doce de ellas son menores –el 40% de los casos-.
La cifra se ha conocido este viernes después de la reunión mantenida entre la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la sede de la Fiscalía General. Durante el encuentro, ambas han abordado la situación de los niños y niñas migrantes que permanecen en Ceuta y han coincidido en la necesidad de acelerar su traslado a la Península.
Fue el pasado 31 de agosto cuando la Fiscalía dio la cifra de 23 agresiones sexuales cometidas en la ciudad autónoma con nueve víctimas menores de edad. Cinco de las agresiones fueron violaciones –agresiones con penetración–, y ocho presuntos autores fueron identificados: cuatro marroquíes, tres españoles y uno belga.
Peramato y Rego han advertido especialmente de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas. Los datos conocidos tras los acontecimientos de finales de julio reflejan precisamente esa preocupación, ya que cuatro de cada diez víctimas de las agresiones sexuales investigadas son menores migrantes no acompañadas.
Ante esta situación, Rego ha informado a la fiscal general de que el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península para efectuar el traslado de los menores desde Ceuta “en el menor tiempo posible”. Ambas han defendido que cualquier actuación que les afecte debe tener como prioridad el interés superior del menor, tal y como establece el ordenamiento jurídico español e internacional.
La Fiscalía insta a actuar ante las comunidades que rechacen a los menores
Durante la reunión, Peramato también ha explicado algunos de los detalles del decreto dictado el pasado 7 de agosto, en el que establece una serie de pautas destinadas a garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta.
En el decreto, la fiscal general dispone que los fiscales delegados de menores deberán intervenir cuando una comunidad autónoma rechace o muestre reticencias a recibir a los menores que le correspondan conforme al reparto.
En concreto, establece que deberán actuar “en caso de que la entidad pública de la comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de las y los menores que por reparto le correspondan” una vez tengan conocimiento de la resolución de traslado.
Preocupación por la delincuencia juvenil
La reunión entre Peramato y Rego también ha servido para abordar los datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, especialmente en lo relativo a la evolución de la delincuencia juvenil.
Ambas han analizado el crecimiento de los delitos cometidos por menores de 14 años, que no pueden ser imputados penalmente por su edad. Entre las conductas que generan una mayor preocupación se encuentran la violencia intrafamiliar, los delitos de lesiones, las agresiones contra la libertad sexual y los ilícitos relacionados con el uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación.
En este contexto, la fiscal general y la ministra han abordado también el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso. Según Rego, la futura norma pondrá el foco en la regulación de estos espacios para garantizar que sean seguros para la infancia y la adolescencia.
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