Susana Ascaso empezó a verlas llegar a Urgencias durante los primeros días de agosto. Eran niñas que habían cruzado desde Marruecos y que, después de alcanzar Ceuta, seguían sin tener un lugar seguro donde dormir. Algunas llegaban al Hospital Universitario después de haber sufrido una agresión sexual.
“Estamos atendiendo casos de violaciones de niñas migrantes”, contó entonces la médica de Urgencias. Recordaba especialmente a chicas de 14 años que permanecían en la calle porque los centros de menores estaban desbordados. “No es que no quieran atenderlas, sino que no hay espacio para ellas”.
Había pasado apenas una semana desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Ascaso atendía entonces, junto al resto del personal de Urgencias, entre 300 y 400 migrantes diarios. Veían heridas infectadas después de días a la intemperie, personas diabéticas sin posibilidad de conservar la insulina en frío, pacientes con epilepsia que habían perdido su medicación. Pero las niñas agredidas sexualmente eran, según explicó, una de las consecuencias más graves que estaban encontrando.
Casi un mes después, aquellos primeros casos han dejado de ser episodios aislados. La Fiscalía General del Estado contabiliza ya 23 agresiones sexuales a personas migrantes en Ceuta desde el 30 de julio: prácticamente una por cada día transcurrido desde el comienzo de la crisis. Cinco fueron agresiones con penetración y consta además una tentativa. Nueve de las víctimas son menores de entre 14 y 17 años. Todas las víctimas son mujeres y niñas salvo un hombre perteneciente al colectivo LGTBI.
Las cifras permiten saber también algo sobre los investigados que resulta relevante en una ciudad donde las agresiones sexuales han entrado de lleno en la confrontación sobre inmigración. De los ocho presuntos autores identificados hasta ahora, cuatro son marroquíes, tres españoles y uno belga. La nacionalidad del resto continúa sin conocerse.
21 o 23 agresiones: dos cifras oficiales el mismo día
Ni siquiera las administraciones coinciden todavía sobre la magnitud exacta de la violencia sexual. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, compareció este lunes en el Congreso y habló de 21 agresiones sexuales, cinco de ellas con penetración y otra en grado de tentativa. Horas después, la información actualizada de la Fiscalía elevó el número a 23. El Ministerio Público contabiliza además ocho presuntos autores identificados, mientras que Redondo se refirió durante su intervención a cinco investigados.
Sí coinciden ambas fuentes en un dato: nueve de las víctimas son menores. Esas nueve chicas están siendo atendidas actualmente en el Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y trata. El recurso dispone de 14 plazas residenciales de corta estancia, y Redondo ha pedido que las menores puedan permanecer allí durante más tiempo del inicialmente previsto para garantizar su recuperación y evitar que vuelvan a quedar expuestas.
El problema comenzó mucho antes de que se conociera el balance de Fiscalía. La presencia de cientos de niñas que habían cruzado solas o que se habían separado de sus familias durante la entrada masiva desbordó un sistema de protección que disponía, antes de la crisis, de menos de un centenar de plazas. Save the Children advirtió ya el 6 de agosto de que la falta de identificación, un alojamiento seguro y acompañamiento especializado estaba aumentando su exposición a la violencia, la explotación y la trata.
Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de la organización, describe lo que estaban encontrando sobre el terreno: descampados cubiertos con lonas en los que se agrupaba a las niñas para intentar mantenerlas protegidas durante la noche mientras esperaban una plaza en el sistema de acogida. “Hay campamentos solo para ellas, para protegerlas por la noche”.
Las niñas que protegieron los vecinos
Uno de esos refugios surgió en Sidi Embarek. No lo abrió una administración ni una organización especializada en protección de menores. Lo hicieron los propios vecinos. La asociación del barrio comenzó a recoger a mujeres y niñas que encontraban solas después de bajar del monte y terminó habilitando el campo de fútbol para que pudieran dormir juntas.
Abdellah Mustafa, presidente de la asociación vecinal, ha relatado que algunas llegaban después de haber sufrido agresiones o intentos de agresión. Los voluntarios tuvieron que buscar incluso una psicóloga y una abogada para acompañar a quienes estaban en condiciones de denunciar. “No se protege a las menores”, declara antes de exigir una respuesta gubernamental.
En otro punto de Ceuta ocurrió algo parecido. Es el caso de Aya, de 17 años, a quien una vecina acogió y se negó a dejar sola por miedo a que pudiera sufrir una agresión sexual. En aquellos primeros días, más de 200 menores llegaron a refugiarse en el campo de fútbol sala de Sidi Embarek. Algunas jóvenes relataron intentos de agresión mientras permanecían fuera de los recursos oficiales. El problema ha persistido prácticamente durante todo agosto.
Todavía el 26 de agosto, cerca de 300 niñas seguían fuera del sistema de acogida, viviendo en instalaciones provisionales gestionadas por asociaciones vecinales. La Administración había conseguido reubicar aproximadamente a 400 de las alrededor de 700 niñas cuya acogida estaba prevista. Además, seguía sin conocerse cuántos menores permanecían en la calle o sin identificar.
La imagen comenzó a cambiar el último día de agosto. El domingo 31, alrededor de 250 mujeres y niñas que hasta entonces dormían en un polideportivo de la barriada de El Príncipe fueron trasladadas a un nuevo recurso habilitado junto al Centro Ecuestre de Ceuta, en La Hípica, con los vecinos en contra. Allí se han dispuesto 320 plazas destinadas principalmente a mujeres y menores, dentro del operativo con el que las administraciones pretenden cerrar los asentamientos provisionales que durante semanas han suplido la falta de recursos de acogida. El traslado llegó un mes después de la entrada masiva y cuando todavía unas 300 niñas permanecían alojadas en espacios gestionados por asociaciones vecinales y bajo supervisión policial.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado ahora en 1.478 los menores migrantes identificados desde la entrada masiva. Entre ellos hay alrededor de 700 niñas, una presencia femenina muy superior a la habitual en otras crisis migratorias registradas en la frontera ceutí.
“Una situación enorme de vulnerabilidad”
La edad importa. También importa dónde han pasado estas semanas. Una adolescente que llega sola a un país, no está identificada, desconoce el idioma, carece de un adulto de referencia y duerme en la calle queda expuesta a personas que pueden aprovecharse de esa situación. “Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación enorme de vulnerabilidad”, advierte Zuppiroli. Save the Children reclama que las menores sean localizadas activamente y trasladadas de manera urgente a espacios seguros con atención especializada y apoyo psicosocial.
Ahora existen 23 denuncias registradas por la Fiscalía. Nueve corresponden a menores. Pero el balance oficial tampoco permite conocer necesariamente toda la violencia sufrida durante este mes. Las barreras lingüísticas, el miedo, la falta de información sobre cómo denunciar y la situación administrativa de las víctimas pueden favorecer la infradenuncia, según ha reconocido Igualdad.
El relato de quienes han trabajado directamente con las niñas apunta en la misma dirección. En Urgencias, Ascaso vio llegar a algunas de las primeras víctimas. En los campamentos, los voluntarios encontraron a chicas que no querían denunciar o que estaban en estado de shock. Y durante buena parte del mes cientos de menores permanecieron en instalaciones vecinales porque el sistema público carecía de capacidad inmediata para incorporarlas.
La fiscal jefe de Ceuta, Silvia Rojas, advertía este fin de semana del límite al que ha llegado el sistema. “Hay que asistirlos, hay que darles educación, hay que atenderlos”, reclamaba al hablar de los menores que todavía necesitan ser identificados y protegidos. La Fiscalía ha recibido refuerzos y el juzgado encargado de investigar los delitos sexuales contará también con apoyo extraordinario ante el aumento de procedimientos.
Redondo ha pedido evitar que los delitos sexuales se utilicen para atribuir una responsabilidad colectiva a las personas migrantes. Los datos de los investigados muestran precisamente que entre los presuntos autores identificados existen distintas nacionalidades. La ministra defendió que cada agresión debe perseguirse y cada víctima recibir protección, con independencia de quién sea el agresor.
Para las menores, sin embargo, el debate sobre cifras, competencias y responsabilidades institucionales ha llegado después. Durante buena parte de agosto, su protección dependió de una cama disponible, una vecina que decidiera llevárselas a casa o un campo de fútbol convertido apresuradamente en dormitorio. Un mes después de la llegada masiva, las administraciones se disponen a completar la incorporación de las últimas niñas a los recursos de acogida. Las 23 agresiones registradas por Fiscalía explican qué podía ocurrir mientras esa protección no llegaba.