Dos años y cuatro meses a la espera de pasar por segunda vuelta en la mesa del Consejo de Ministros. Más de la mitad de la duración de una legislatura completa. El Gobierno lleva desde 2022, en la anterior legislatura, intentando aprobar un proyecto de ley contra la trata de seres humanos, también para quienes sufren la trata con fines de explotación sexual, mujeres en su inmensa mayoría.
Ha incluido esta norma entre sus prioridades en tres planes anuales normativos (PAN), en 2024, 2025 y 2026. Pero la ley sigue sin culminar su andadura, siquiera dentro del Ejecutivo, desde que en abril de 2024 fue aprobado el anteproyecto correspondiente.
Es una de las tres leyes que el Ministerio de Igualdad debería ver en el BOE al finalizar el curso político 2026, si bien la ministra Ana Redondo lleva años comprometiendo plazos que no se cumplen. A finales de junio, en el Senado, defendió estos tiempos ante las críticas del PP, que le afeó su supuesta “falta de voluntad política”. Días después, aseguró que llevará la norma al Congreso “antes de fin de año”, en “los próximos meses”. Llovía sobre mojado.
En marzo de 2025 deseó poder aprobar la norma como proyecto de ley “antes del verano”, para su inmediata remisión a las Cortes. En septiembre del mismo año volvió a mover su propio calendario, y calculó que pasaría por segunda vuelta en u octubre. Después calculó que llegaría antes de finales de 2025. Y afronta su segundo verano vendiendo su pronto aterrizaje en la Cámara Baja. De vuelta al punto de partida.
De cumplirse esta nueva estimación, el margen temporal que tendría ante sí el Gobierno sería mínimo. Con la vista puesta en la duración máxima de la legislatura, que debería concluir en julio de 2027 a más tardar -si no hay adelanto técnico tras la previsible caída de los Presupuestos-, y en mitad de un año con elecciones autonómicas y municipales, tendría muy difícil llevar la norma al Boletín Oficial del Estado en este periodo. Incluso si el Ejecutivo contara con los apoyos necesarios, y si forzara una tramitación exprés de la norma, que después el Congreso debería remitir al Senado.
Fuentes de Igualdad consultadas por Artículo14 no han aclarado en qué estado se encuentra la norma. Tampoco lo han hecho desde Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio por el que deben pasar todas las leyes. “Ya está superando los trámites de informe del resto de ministerios”, sostuvo Redondo en una entrevista con El País en mayo. “Sí veo posible que salga antes de que acabe la legislatura”, añadió.
En diciembre, desde su Ministerio trasladaron a este diario que Igualdad ya ha terminado de trabajar con esta norma. Y que otros departamentos también están involucrados en su formulación, como es habitual en la mayoría de leyes. No precisaron cuándo “salió” de Igualdad, o cómo se justifica esta cadena de retrasos. Sí han conseguido que otra de las normas clave este curso, la ley contra la violencia vicaria, aterrice en la Cámara Baja. En lo que toca a la norma contra la trata, sin embargo, ninguno de los departamentos ministeriales cuestionados aporta novedades.
Sólo en 2025 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron a 1.869 víctimas de trata y explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores. Son datos del Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Redondo, tras el ninguneo de Bolaños con la ley abolicionista: “No creo que pueda salir adelante”
En un Ejecutivo de coalición es habitual ver discrepancias y tensiones entre ministros con distintos carnets de partido. Lo que no es tan común es que los ministros que presentan escenarios contradictorios sean del mismo partido. Y, menos aún, que el integrante del Consejo de Ministros con más peso político ningunee a su compañera de filas, mientras esta última sigue en sus trece.
Es lo que escenificaron el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la titular de Igualdad, en mayo. En rueda de prensa en Moncloa, Bolaños respondió a preguntas de los medios que la ley abolicionista que quieren impulsar los socialistas -siguiendo el mandato de su 40 Congreso Federal-, no saldrá de La Moncloa como proyecto de ley. En su lugar, dijo, se tramitará como proposición de ley, por iniciativa del grupo parlamentario. En contra de lo que ha sostenido durante varios meses Redondo.
Concretamente, Bolaños esgrimió que esta ley “no tiene que ver con esta mesa [la de las ruedas de prensa en La Moncloa]”. “Me habla de una norma que también respondo, porque se me pregunta, pero que no tiene que ver con esta mesa, que es la proposición de ley del grupo parlamentario socialista para la abolición de la prostitución”. Por si había dudas, añadió: “No está en el plan anual normativo porque ésta es una cuestión que es el grupo socialista quien la lidera”. En respuesta a este diario, desde Igualdad redirigieron las preguntas al Ministerio de Bolaños. “Seguimos trabajando en esta materia”.
Una semana después, en otra entrevista en El País, Redondo no quiso aclarar si se había sentido ninguneada por Bolaños: “Entendía las dificultades que tiene sacar esa ley adelante porque no está en el acuerdo de Gobierno con Sumar ni en el pacto de Estado contra la violencia de género, y ese es un escollo porque ahí está todo lo que hemos negociado con el resto de grupos y tiene un consenso previo. Pero mantengo que al menos ese debate lo merecemos como sociedad”.
También rebajó sensiblemente las opciones de lograr su aprobación: “Como Ministerio no tiro la toalla, pero soy realista. Se está trabajando en un texto que no creo que pueda salir adelante, pero que va a permitir un debate público y posiblemente un debate parlamentario en torno a la prostitución, clave para entender la violencia de género”, dijo.
Además, apostilló que una de las cuestiones que aborda la ley, “la protección a las víctimas”, “se va a incorporar a la ley de trata”. En relación a esta norma también planteó plazos; su plan era aprobar el anteproyecto de ley abolicionista en Consejo de Ministros en septiembre de 2025, si bien fue postergándolo y anunciando otras estimaciones. Tampoco se cumplieron.
Los audios de Ábalos y las diferencias con Sumar
Con las grabaciones machistas de Ábalos de fondo, la ministra pidió “hacer de la necesidad virtud”, porque “esos audios nos ponen frente al espejo”. “Aquí hay un partido que reacciona de forma inmediata, apartando a los corruptos, a los machistas y dando la cara. El PSOE ha dado la cara desde hace tiempo con la abolición de la prostitución. (…) Vamos a seguir insistiendo”, dijo en junio de 2025. En septiembre, justificó sacar esta actuación del Congreso y derivarla al Gobierno, para así contar “con el aval de todos los informes técnicos y jurídicos pertinentes”.
La ley abolicionista de la prostitución surge de una enmienda del PSOE al proyecto de ley del sólo sí es sí, impulsada por el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos. Los socialistas acabaron desgajando esta norma para presentarla por separado, toda vez que no tenían una postura común con sus socios, y que era Irene Montero (Podemos) quien controlaba el Ministerio de Igualdad. Ya en esta legislatura, el grupo parlamentario socialista llevó la norma al pleno en mitad de la campaña electoral a las elecciones europeas, en junio de 2024.
Sus socios de Sumar, que no tienen una postura unitaria sobre la prostitución, votaron en contra. La ley se estrelló. A posteriori, fuentes parlamentarias socialistas asumieron que había sido un “error” forzar la toma en consideración de esta proposición de ley a las puertas de unos comicios, al menos en lo que a sus socios se refiere.
Esta diferencia entre ambos partidos fue clave para que la abolición de la prostitución quedara fuera de la reedición del pacto de Estado contra la violencia machista, cuyo contenido avanzó Artículo14 en febrero de 2025. Según distintas fuentes de la cúpula socialista, esta ausencia es el gran agujero del último pacto de Estado contra la violencia machista.
La norma plantea castigar a puteros -con multas o incluso cárcel-, proxenetas y a quienes se lucren de locales e inmuebles en los que se ejerza la prostitución (tercería locativa). En el PSOE ya han modificado sus estatutos para poder expulsar a los puteros. En el Gobierno y en el grupo parlamentario, sin embargo, no hay avances concretos sobre la norma dos años y dos meses después de su derrota en el Congreso.
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