Ana Redondo empieza 2026 después de incumplir, en varias ocasiones, los plazos que ella misma se dio para aprobar leyes de enorme calado para su departamento. La ministra de Igualdad, que ya se ha visto cuestionada por su silencio durante la etapa más aguda de la crisis por el caso Salazar, o por los fallos de las pulseras telemáticas que portan las víctimas de violencia machista y sus agresores, ha ido planteando metas temporales para impulsar normas esperadas -y anunciadas- que no ha podido cumplir.
Lo ha hecho con dos leyes tan sensibles como la que persigue reforzar y ampliar la lucha contra la trata de personas, o la norma abolicionista de la prostitución. La primera es un compromiso de la anterior legislatura, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez arrastra desde finales de 2022. Con la convocatoria electoral del 23-J, el anteproyecto de ley ya aprobado en Consejo de Ministros decayó, y volvieron a aprobar un texto prácticamente idéntico en abril de 2024.
Un año y ocho meses después, ese anteproyecto, que Redondo dijo querer mejorar, ni siquiera ha vuelto a pasar por segunda vuelta por el Consejo de Ministros, y por lo tanto no ha sido remitido al Congreso de los Diputados.
Los plazos incumplidos: “Antes del verano”, en “septiembre”-“octubre” y en diciembre
En marzo, en una entrevista en El País, la ministra de Igualdad defendió los cambios que han ido aplicando sobre este anteproyecto, y calculó que “antes del verano” habrían logrado visarlo en segunda vuelta. “Calculo que a lo largo del año y espero que antes del verano”.
En septiembre, durante la presentación de la campaña institucional Por huevos, anticipó que enviarían esta norma al Congreso de los Diputados “en las próximas semanas”. “Si no es en septiembre, en octubre”, apuntó. Antes de eso debía pasar por el Consejo de Ministros, y ni siquiera llegaron a este punto.
Esto no le impidió volver a insistir, en noviembre, en que esperaba que el Consejo de Ministros diera su aval definitivo a esta norma antes de que acabase el año. El 23 de diciembre se celebró la última reunión del Gabinete antes del parón navideño. De nuevo, ni rastro de la ley de trata.
Según sus palabras, la norma es compleja porque no sólo actúa sobre los casos de trata con fines de explotación sexual, y porque contempla la modificación de otras leyes como la de Extranjería. Hasta el momento, la ministra no ha justificado estos retrasos.
Fuentes del Ministerio consultadas por Artículo14 sólo han aclarado que Igualdad ya ha terminado de trabajar con esta norma. Y que otros departamentos también están involucrados en su formulación, como es habitual en la mayoría de leyes. No han precisado cuándo “salió” de Igualdad, o cómo se justifica esta cadena de retrasos.
La ley abolicionista, también en vía muerta
Después de un fracaso estrepitoso en 2024, el grupo socialista volvió a registrar, y después retiró, su ley abolicionista de la prostitución. Redondo anunció después que la tramitaría como proyecto de ley del Ejecutivo, y no como una iniciativa del grupo socialista. Esto supone alargar los plazos e incomodar profundamente al socio minoritario de la coalición, Sumar.
Según sus palabras, el plan de la ministra era aprobar el anteproyecto de ley abolicionista en el Consejo de Ministros en septiembre. De nuevo, incumplió este plazo. El gran agujero del pacto de Estado contra la violencia machista, en opinión del PSOE, es precisamente la ausencia de medidas centradas en la prostitución y en actuar contra los puteros. Las diferencias con su socio de Gobierno, pero también con otras fuerzas de izquierdas, les han dificultado actuar.
Tras la difusión de los audios del exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, y de los informes policiales que apuntan a que pagó a mujeres por mantener relaciones sexuales, la indignación se extendió por el PSOE. Esta voluntad de actuar se ha topado con el retraso a la hora de canalizar una norma abolicionista. Con los límites que marcan sus socios, y con la enorme distancia que les separa del PP, que teóricamente aspira a moverse en la misma dirección política, pero que tampoco propicia este encuentro.
La ministra de Igualdad sí ha cumplido con la obligación del pacto de Estado de empezar a tramitar una ley contra la violencia vicaria. El anteproyecto salió del Consejo de Ministros a finales de septiembre, y en diciembre recibió el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. En lo que se refiere a la abolición de la prostitución y la ley de trata, sin embargo, 2025 ha servido para acumular nuevos retrasos sobre los plazos que la propia ministra vendió públicamente.
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