Un grupo de niñas juega a las puertas de las grandes carpas blancas mientras varias mujeres permanecen sentadas mirando hacia el horizonte. Algunas charlan entre ellas; otras observan en silencio el movimiento alrededor de la mezquita de Sidi Embarek, en la periferia de Ceuta. Dentro falta espacio. Colchones, mantas, bolsas con ropa y las pocas pertenencias que cada una consiguió traer consigo ocupan buena parte del suelo. Duermen juntas mujeres adultas, adolescentes y niños y niñas que hace apenas un mes no se conocían y a las que ahora une una misma incertidumbre: no saben cuánto tiempo permanecerán allí ni qué ocurrirá cuando termine esta acogida improvisada.
Este tampoco era el lugar en el que empezaron. Hasta el pasado 25 de agosto, las mujeres y menores dormían en la pista deportiva de la barriada, en la zona de Los Rosales, transformada por los propios vecinos en un campamento de emergencia después de las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio. Las lluvias, la falta de espacio y la ausencia de unas instalaciones adecuadas terminaron precipitando el traslado a un terreno habilitado por la ONG Luna Blanca junto a la mezquita. El cambio les proporcionó al menos un espacio cubierto, aunque la prensa local comprobó al día siguiente que seguían faltando recursos tan elementales como baños suficientes.
Actualmente rondan las 350. La asociación conserva un registro con los nombres de quienes están allí, hoy tomado por la madre de los voluntarios que comenzaron la acogida, y controla las entradas para que el lugar siga siendo fundamentalmente un espacio seguro para mujeres y menores. Durante semanas llegaron a concentrarse alrededor de 400 personas.
Fatima conoce a muchas por su nombre. Su madre, Karima, participa en el registro y en la organización cotidiana; ella ha pasado buena parte de agosto entrando y saliendo del campamento mientras intentaba mantener su trabajo como ayudante de cocina y una vida que dejó de parecerse a la que tenía antes del 30 de julio. El que comenzó la acogida fue su hermano, Abdellah Mustafa, presidente de la asociación de vecinos del barrio y ahora “director” de este centro improvisado.
“Esto nos ha pillado de sopetón”, explica Fatima a Artículo14 mientras nos guía por el interior de la carpa, atestada. “Lo hacemos por humanidad. Mi madre empezó ayudando porque le daban pena y después ya no puedes mirar hacia otro lado. Pero mi madre dice cada día que se va, que no puede más. Sin embargo, al día siguiente vuelve a abrir”.
De una tienda de campaña a 350 personas
Todo empezó con unas pocas chicas. Fatima recuerda que su hermano, Abdellah, encontró en el barrio a varias jóvenes que acababan de bajar del monte después de cruzar desde Marruecos. Estaban solas, desorientadas y tenían miedo. Las llevó hasta el campo de fútbol y colocó allí una tienda de campaña para que pudieran pasar la noche protegidas. Después aparecieron más.
La preocupación tenía fundamento. Durante los primeros días de agosto, Save the Children alertó de la especial vulnerabilidad de las niñas y adolescentes que permanecían fuera del sistema de protección y advirtió expresamente del riesgo de agresiones sexuales, explotación y trata. Human Rights Watch documentaría después que cuatro médicos de servicios de urgencias de Ceuta habían atendido a dos mujeres y seis niñas por agresión sexual o violación. Una de las menores tenía 14 años y otra, 11.
Los vecinos comenzaron entonces a convertir la pista en algo parecido a un refugio. Colocaron lonas, colchones y tiendas. Organizaron turnos. Controlaron la puerta. Durante el día trataban de resolver problemas pequeños y enormes; por la noche intentaban que las mujeres pudieran dormir sin miedo. El 9 de agosto, más de 200 menores se refugiaban ya en aquel campo de fútbol sala custodiado día y noche por vecinos. El espacio, previsto inicialmente para actividades de verano del barrio, se había transformado en cuestión de días.
La asociación de vecinos de Sidi Embarek, presidida por Abdellah Mustafa, acabó al frente de una estructura humanitaria para la que nunca había sido creada. Mustafa es cocinero. Los demás responsables tienen también sus empleos, familias y obligaciones. Ninguno recibió formación para gestionar a cientos de personas que acababan de atravesar una frontera y que, en muchos casos, acumulaban situaciones de violencia, pobreza o ruptura familiar.
“No somos una ONG”, ha repetido Mustafa durante este mes. El 13 de agosto, cuando la situación llevaba ya días desbordada, la asociación llegó a advertir que levantaría el campamento y trasladaría a las mujeres al centro de Ceuta si las administraciones no ofrecían una alternativa. En la puerta permanece desde entonces un cartel: “No hay sitio”.
Fatima lo explica de otra manera: “O te quedas aquí 24 horas al día o no puedes con todo esto. Son 300 o 350 personas juntas que no se conocen. Discuten como niños, se pelean, no se entienden y tienes que estar pendiente. Yo iba a trabajar, venía aquí, volvía a trabajar y llegaba a mi casa a las 3 de la mañana. Compaginar la solidaridad con una vida normal es imposible”.
“Lo hacemos por las mujeres”
Cuando Fatima habla de la migración evita cualquier relato complaciente. No aprueba la forma en la que se produjo la entrada masiva y tampoco idealiza a quienes cruzaron. Lleva un mes conviviendo prácticamente a diario con cientos de personas y asegura haber visto situaciones muy distintas.
“Yo no estoy de acuerdo con la manera en la que han entrado. La mayoría viene buscando una vida mejor. Hay gente que no tiene trabajo, que a lo mejor no come en todo el día y que vive situaciones muy vulnerables. Pero también hay borrachos, ladrones, gente que viene a buscar droga y problemas… Hay de todo. Si hablamos, tenemos que contar la verdad”, afirma.
Precisamente por eso insiste en que la asociación decidió concentrar su esfuerzo en las mujeres y las menores. “Lo hacemos por ellas, para protegerlas”. Abdellah Mustafa sitúa el punto de inflexión en uno de aquellos encuentros: intervino al ver a una mujer rodeada por varios hombres que trataban de agredirla sexualmente. La ayudó a escapar y decidió que tenían que habilitar un espacio específico para mujeres. El campo deportivo fue la primera solución; las carpas levantadas junto a la mezquita son ahora la continuación de aquel refugio improvisado.
Fatima ha escuchado durante estas semanas historias difíciles de comprobar en todos los casos, pero también otras cuya gravedad ha podido observar directamente: mujeres que aseguran haber sufrido abusos dentro de sus propias familias, jóvenes que huyeron de matrimonios forzados, esposas que abandonaron a sus maridos y temen las consecuencias legales y familiares de regresar a Marruecos. “Hay gente violada por sus padres, matrimonios forzosos… un infierno total”, cuenta.
Recuerda especialmente a una joven con miedo atroz a que la devuelvan a Marruecos, porque allí le espera “algo inimaginable”. “La niña acabó con un ataque de ansiedad”. Hay otra, explica, convencida de que si vuelve a Marruecos será localizada por su familia y obligada a casarse. Algunas están denunciadas por abandono del hogar por sus maridos y temen que la devolución las coloque de nuevo bajo el control de las personas de las que huyeron. Por eso no quieren (ni pueden) decir sus nombres ni mostrar sus rostros.
La convivencia con 300 o 350 mujeres también ha obligado a los voluntarios a aprender sobre la marcha. Hay discusiones, acusaciones cruzadas y relatos que Fatima pone en duda después de semanas viviendo junto a ellas. “Han venido muchas con el cuento de agresiones o violaciones ya formado”, asegura, antes de matizar que ha conocido también casos que considera indudablemente graves. Esa mezcla explica en parte el agotamiento de quienes sostienen el lugar: tienen que proteger, escuchar, mediar y, al mismo tiempo, decidir qué hacer ante situaciones para las que ninguno está profesionalmente preparado.
“Yo estoy viviendo con ellas y estoy viendo lo que hay”, insiste Fatima. “Tengo chicas que me han dicho que, si no hubiéramos estado diez personas juntas, no saben qué les habría pasado. Todo empezó para protegerlas”.
El resultado es un espacio que se parece poco a cualquier recurso institucional. La enorme carpa en la que duermen está al borde del colapso. La asociación ya no acepta nuevas incorporaciones porque ha alcanzado su límite. Dos vigilantes de seguridad de Eulen enviados por la Ciudad ayudan ahora a controlar el acceso, ayudados por algunos de los migrantes que se han prestado voluntarios para vigilar el campamento y visten chaleco amarillo, y la ONG Luna Blanca proporciona la alimentación, pero buena parte de la organización cotidiana continúa dependiendo de Abdellah, su familia y un grupo de voluntarios.
“Los valores se demuestran en los momentos difíciles”, ha resumido Abdellah. También reclama desde hace semanas que la Ciudad o el Gobierno central asuman a las mujeres que continúan bajo responsabilidad de los vecinos. La respuesta que recibe es que tenga paciencia. La paradoja atraviesa todo el trabajo de Sidi Embarek. Mustafa rechaza que se denomine “invasores” a quienes cruzaron la frontera y considera que tratarlos como enemigos alimenta una violencia que empieza a resultar visible en las calles. Al mismo tiempo, intenta convencer a quienes no tienen posibilidad de permanecer legalmente en España para que regresen voluntariamente a Marruecos. Asegura haber acompañado ya a más de 2.000 personas hasta la frontera.
Fatima comparte ese difícil equilibrio. Entiende que muchas de las personas que llegaron acabarán regresando y considera imposible que Ceuta absorba indefinidamente a quienes permanecen en sus calles. Pero rechaza que la respuesta sea abandonar a quienes necesitan protección. “Que se ayude a la gente que realmente lo necesite. Que tengan comida y dónde dormir. A esa gente sí espero que se la ayude”.
Una ciudad que empieza a fracturarse
Durante las primeras semanas, la asociación tuvo que gestionar sobre todo la emergencia humanitaria. Ahora Fatima percibe otro problema alrededor de las carpas: la crisis migratoria está alterando la convivencia entre los propios ceutíes.
Ceuta llega al final de agosto con miles de personas todavía durmiendo en playas, calles y asentamientos improvisados. Las cifras tampoco coinciden: el Gobierno central calcula que permanecen alrededor de 5.000 migrantes y la Ciudad eleva el número por encima de 9.000. Tras un mes de convivencia forzada, han aumentado las denuncias de robos, entradas en viviendas y agresiones, pero también los ataques contra quienes duermen en la calle y los mensajes que identifican a cualquier persona de apariencia magrebí como responsable de la situación.
El jueves, un grupo de manifestantes llegó a la playa de Benítez después de haber cantado “A por ellos”. Los migrantes huyeron y varias personas destrozaron sus chabolas, arrojaron algunas al mar y prendieron fuego a otras junto a mantas, mochilas y cañas de bambú. En otra de las noches de protesta, grupos provistos de palos recorrieron el centro buscando marroquíes. Cada tarde se han sucedido además manifestaciones en las que se escucha “invasores, expulsión”.
La inseguridad que sienten muchos vecinos tampoco puede despacharse como una percepción inventada. Una pareja residente frente a Benítez contó al periódico que dos personas habían accedido días antes a su vivienda a través de la terraza. En El Príncipe, una vecina sufrió un corte en la cara después de sorprender a un hombre dentro de su garaje. Muchas familias han limitado durante semanas las salidas de sus hijos. En una de las manifestaciones, una niña musulmana condensó ese miedo en una pancarta: “Quiero salir a jugar”.
Fatima lo comprende porque también lo ha vivido. “Parecía una ciudad fantasma. Eran días de niebla, estaba todo cerrado y solo estaban ellos por las calles. La gente se encierra con razón”, recuerda. Uno de sus vecinos, asegura, recibió un golpe y quedó inconsciente. Comerciantes de la zona mantuvieron sus negocios cerrados durante los primeros días y algunos dudaron sobre cuándo volver a levantar la persiana.
Pero la misma Fatima que reconoce esos episodios considera que durante la última semana se ha traspasado otra frontera. Al salir del trabajo durante una de las protestas, varios participantes golpearon su coche. “A mí me atacaron, y fue porque llevo velo, me identifican como musulmana. Pero yo soy ceutí, no soy inmigrante”, recalca.
Para ella, la explicación está en que el rechazo ha dejado de distinguir entre quienes entraron en Ceuta hace un mes y los musulmanes ceutíes que llevan toda su vida en la ciudad. “Esto ya no es solamente odio al migrante, sino al musulmán. A mí me ven y no me diferencian”. En el centro de la ciudad ha habido episodios similares: una camarera musulmana que atendía a varios migrantes en una cafetería del centro fue insultada durante la manifestación del miércoles: la llamaron “mora de mierda” y le dijeron que se marchara a su país. Contestó que su país era España. El establecimiento apareció posteriormente en una lista difundida por la ciudad con comercios que atienden o venden productos a migrantes y a los que se insta a boicotear.
Ceuta ha construido durante décadas buena parte de su identidad pública alrededor de la convivencia entre comunidades. Aproximadamente un 55% de sus habitantes son cristianos y alrededor de un 45%, musulmanes, aunque las diferencias económicas y territoriales entre unas zonas y otras siguen siendo profundas. En barrios como El Príncipe, Los Rosales o Sidi Embarek, de población mayoritariamente musulmana y con niveles de desempleo superiores a los del centro, se ha concentrado además durante este mes buena parte de la presencia de migrantes.
“Nosotros hemos tenido que vaciar nuestros barrios”, protesta Fatima. Considera que durante los primeros días fueron precisamente los residentes de estas barriadas quienes absorbieron una emergencia para la que no existía una respuesta suficiente. “No lo ha hecho el Gobierno, ni la Policía, ni los militares. Lo hemos hecho los vecinos”.