La escena dura apenas unos segundos, pero tiene un enorme peso simbólico. Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, aparece junto a otros miembros de la familia real durante el traslado del féretro del rey Harald V por el Palacio Real de Oslo. Lo hace después de haber sido condenado en junio a cuatro años de prisión por dos delitos de violación, además de violencia doméstica y otros delitos.
Høiby se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y con control mediante dispositivo electrónico mientras recurre la sentencia. Aun así, las autoridades le permitieron abandonar temporalmente el domicilio para participar en los actos relacionados con la muerte de Harald, incluido el funeral.
La cuestión, por tanto, no es únicamente que una familia acompañe a uno de sus miembros en un momento de duelo. Es el lugar que ocupa ese miembro en una ceremonia de extraordinaria relevancia pública.
Para Carolina Pulido, experta en igualdad y violencia de género, ahí está precisamente el problema. “No es lo mismo que una familia acompañe a un familiar condenado a que una persona condenada por violencia sexual sea colocada en una posición de honor dentro de una ceremonia vinculada a la Jefatura del Estado”.
No sólo importan las leyes
La Justicia noruega ha establecido una condena. Pero, según Pulido, existe una diferencia fundamental entre cumplir una consecuencia jurídica y asumir públicamente la responsabilidad por el daño causado. “Cumplir una condena es asumir una consecuencia, en este caso jurídica; asumir responsabilidad es reconocer el daño causado”, explica.
El matiz resulta especialmente relevante en los delitos sexuales. Una sentencia puede determinar responsabilidades penales, pero para una víctima el proceso no termina cuando el juez dicta el fallo. Queda la necesidad de ser reconocida, creída y reparada. Por eso, la experta considera que los gestos de las instituciones tienen un peso que va mucho más allá de una fotografía de una ceremonia.
“Todas las instituciones tienen además la obligación moral de ser referentes y en materia de violencia sexual los gestos importan. No basta con condenar las violencias contra las mujeres en los discursos; es necesario dar ejemplo”, sostiene. Y la imagen que llega a la sociedad es difícil de separar del mensaje institucional: un hombre condenado por dos violaciones vuelve a aparecer integrado en el entorno de la familia real en uno de los momentos más solemnes de la monarquía noruega.
El impacto no termina en la fotografía
Para una víctima de violencia sexual, volver a encontrarse públicamente con su agresor puede tener consecuencias que no siempre son visibles. Mucho menos cuando esa persona aparece rodeada de reconocimiento, poder y protección. “Desde luego para las víctimas es catastrófico”, afirma Pulido. Habla de “impotencia e injusticia”, pero también de algo más profundo: la importancia que tiene la respuesta del entorno en el proceso de reparación después de una agresión sexual.
La exposición pública del caso puede añadir otra capa de sufrimiento. La experta advierte de que encontrarse de nuevo con el agresor puede provocar una reexperimentación de la vivencia traumática y considera que, en este caso, la enorme atención mediática aumenta todavía más esa posibilidad.
Pero hay otra consecuencia que preocupa especialmente: el efecto sobre las mujeres que todavía no han denunciado. “Cuando una víctima ve que un condenado por violencia sexual sigue siendo integrado y reconocido públicamente por una institución de enorme poder y visibilidad, puede sentir que el sistema que debería protegerla no considera realmente grave aquello que le ocurrió”, señala. Y esa percepción, añade, puede acabar desalentando a futuras víctimas a acudir a la Justicia.
¿Una justicia diferente según apellido?
El caso también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: hasta qué punto el poder y el estatus modifican las consecuencias sociales de una condena. Marius Borg no es un miembro de la línea sucesoria ni posee título real, pero creció integrado en el entorno de la familia real desde que su madre comenzó su relación con Haakon. Durante años ha formado parte del paisaje familiar de una institución con enorme visibilidad pública.
Para Pulido, esa posición privilegiada importa. “Es evidente que hay una gran diferencia entre quienes no tienen una posición de poder, reconocimiento ni apellido, y otra para quienes pertenecen a determinados círculos”, afirma. “El privilegio permite mantener determinados espacios de reconocimiento que difícilmente estarían al alcance de cualquier otra persona en una situación equivalente”.
La experta menciona además otros casos de figuras públicas como Plácido Domingo o Dani Alves para explicar cómo el reconocimiento social puede condicionar la percepción de una condena y sus consecuencias públicas.
La familia y la institución no son lo mismo
Hay una frontera especialmente delicada en este caso. Una cosa es el vínculo privado entre una madre y su hijo. Otra, muy diferente, es el papel que desempeña una institución como la Corona cuando permite que ese vínculo tenga una traducción visible en actos oficiales.
La muerte de Harald es, naturalmente, un acontecimiento familiar. Pero también es un acontecimiento de Estado. El féretro del monarca fue trasladado por el Palacio Real en una ceremonia solemne, rodeado por miembros de la familia real. Ahí es donde la imagen deja de ser únicamente familiar. Porque una institución no comunica solamente a través de sus discursos. También lo hace mediante quién aparece, dónde aparece y qué lugar ocupa.
Y en un momento en el que Noruega debate precisamente sobre violencia sexual y consentimiento, la fotografía de un condenado por violación caminando junto al féretro del rey puede terminar diciendo mucho más de lo que pretendía decir.
La condena no debería borrar las víctimas
Pulido insiste en que asumir responsabilidad implica aceptar que una condena por violencia sexual tiene también una dimensión social. “El agresor mantiene su lugar de honor. Su vida continúa prácticamente con normalidad y, además, su entorno de poder sigue protegiéndolo”, denuncia.
No se trata, por tanto, de cuestionar que una familia pueda llorar a uno de los suyos. Se trata de preguntarse qué ocurre cuando el espacio privado de una familia poderosa se mezcla con la representación pública de una institución.
La sentencia puede establecer una pena. Pero la reparación de una víctima necesita algo más: que la sociedad no relativice aquello que le ocurrió, que la violencia sea reconocida como tal y que el entorno no convierta al condenado en una figura nuevamente aceptada como si nada hubiera sucedido. Porque, como resume Pulido, “la experiencia de las víctimas no termina cuando se dicta sentencia”. Y precisamente por eso, después de una condena por violación, cada gesto público también cuenta.
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