El Ministerio de Cultura ha dado marcha atrás en uno de los proyectos que más tensión había generado en las últimas semanas dentro del sector cultural. El departamento dirigido por Ernest Urtasun ha descartado finalmente transformar el INAEM en una Entidad Pública Empresarial (EPE), una posibilidad que había despertado una fuerte oposición entre trabajadores, sindicatos y parte del mundo teatral y musical.
La decisión fue comunicada por el secretario general del organismo, Benjamín Marco, durante una reunión con representantes de CC.OO., UGT y CSIF. Según explicaron posteriormente las organizaciones sindicales en un comunicado conjunto, Cultura mantendrá el modelo actual del INAEM como organismo autónomo dependiente del Estado.
La rectificación supone una victoria importante para los trabajadores del instituto y para buena parte del sector cultural público, que en los últimos meses había mostrado un creciente rechazo a una reforma percibida como un intento de introducir criterios de rentabilidad empresarial en instituciones culturales sostenidas con fondos públicos.
El INAEM gestiona algunos de los principales espacios e instituciones culturales estatales, entre ellos el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Orquesta y Coro Nacionales de España o el Ballet Nacional de España. El temor dentro del sector era que una transformación jurídica hacia el modelo de Entidad Pública Empresarial terminara modificando prioridades artísticas, condiciones laborales y criterios de programación.
“La rentabilidad no puede dirigir la creación artística”, repetían estos días distintos trabajadores y representantes sindicales en un conflicto que había ido creciendo silenciosamente dentro del propio ministerio. La Asamblea de Trabajadores del INAEM expresó públicamente el pasado 25 de mayo su rechazo a cualquier reforma que alterara el carácter público del organismo y reclamó reforzar su estructura actual en lugar de acercarla a modelos de gestión empresarial.
Los sindicatos interpretan ahora la decisión de Cultura como el reconocimiento implícito de esa presión interna. CC.OO., UGT y CSIF celebraron conjuntamente el cambio de rumbo y defendieron que abandonar la vía de la EPE era una condición imprescindible para seguir negociando un nuevo estatuto del INAEM.
El debate alrededor de la reforma no era únicamente técnico o administrativo. En el fondo aparecía una discusión mucho más amplia sobre el modelo cultural español y sobre el papel del Estado en las artes escénicas y la música pública. Buena parte del sector temía que el nuevo marco jurídico facilitara futuras externalizaciones, una mayor dependencia de ingresos propios o criterios más próximos a la lógica empresarial que al servicio público cultural.
La controversia resulta especialmente sensible en un momento de creciente precarización dentro de las industrias culturales, donde muchas creadoras, intérpretes y técnicos denuncian la fragilidad de las condiciones laborales y la dificultad de sostener proyectos fuera de las dinámicas del mercado. En ese contexto, instituciones públicas como las dependientes del INAEM siguen funcionando como uno de los pocos espacios relativamente estables para buena parte del tejido cultural español.
También existía inquietud entre trabajadores por el posible impacto que la reforma pudiera tener sobre las plantillas y sobre la autonomía artística de los centros nacionales. La conversión en Entidad Pública Empresarial habría acercado el funcionamiento del organismo a modelos donde la sostenibilidad económica y los objetivos de gestión adquieren un peso mucho más central.
Desde el Ministerio de Cultura sostienen ahora que el objetivo seguirá siendo modernizar el funcionamiento del INAEM y ampliar sus capacidades de gestión, aunque sin alterar su naturaleza jurídica pública. Las conversaciones para redactar un nuevo estatuto continuarán en las próximas semanas.
La marcha atrás de Urtasun se interpreta además como una de las primeras grandes crisis internas de gestión cultural del actual ministerio. Un conflicto que ha evidenciado hasta qué punto las políticas culturales siguen siendo un terreno profundamente político: no solo por lo que se programa sobre los escenarios, sino también por quién decide cómo debe sostenerse económicamente la cultura pública.