Durante décadas, cientos de mujeres de guardias civiles vivieron con una herida que marcó a varias generaciones: esposas que se quedaron viudas, madres que perdieron a sus hijos, niños que crecieron sin padre. Aquella violencia terrorista que sentenció el País Vasco y también Navarra, extendiendo sus tentáculos por el resto de España, convirtió a muchas familias en símbolo silencioso del sacrificio y el dolor.
Hoy, sin equiparar fenómenos ni confundir contextos, muchas de esas mujeres reconocen un eco inquietante en otra realidad: el riesgo extremo que afrontan los agentes destinados en el Campo de Gibraltar y que se extiende ya por el resto de Andalucía, donde el narcotráfico se ha consolidado como una de las amenazas más peligrosas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta sensación se ha reavivado tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva, en acto de servicio, mientras perseguían una narcolancha.
Ahora mismo el Campo de Gibraltar es el nuevo territorio hostil. “Muchas compañeras dicen que sienten más miedo que en los años duros del norte”, resume Sara Medina, secretaria general de “Nuestro corazón por bandera”, la asociación de mujeres y familiares de guardias civiles y policías nacionales creada tras la tragedia de Barbate para alzar la voz que ellos no pueden.
Según el informe de la Fiscalía Especial Antidroga, el narcotráfico en España ha alcanzado un nivel de violencia y capacidad de corrupción que “desestabiliza la sociedad y socava la confianza en las instituciones”. Solo en 2024, las diligencias previas por tráfico de drogas en la Audiencia Nacional crecieron un 32,14%, un indicador claro de que las organizaciones criminales operan con mayor agresividad, más medios y más impunidad. Este incremento se acompaña de un aumento del 180% en los procedimientos por blanqueo, lo que confirma que las redes no solo trafican sino que gestionan estructuras financieras complejas, con capacidad para corromper, infiltrar y sostenerse en el tiempo.
En el Campo de Gibraltar operan unidades de élite como el GAR (Grupo de Acción Rápida) y los GEAS (Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas) que trabajan en un entorno donde el narco controla rutas, vigila movimientos y no duda en emplear la violencia. “Las embarcaciones con las que trabajan no están preparadas para estas persecuciones; los propios especialistas lo llevan advirtiendo años”, explica Sara, que insiste en que el riesgo operativo se ha disparado mientras los medios siguen siendo insuficientes.
Muchas mujeres guardias civiles integran estas unidades o trabajan en puestos de seguridad ciudadana, judicial, marítima o investigación.
Y muchas otras son parejas, madres, hijas y viven una realidad que rara vez aparece en los titulares: no residen en la zona donde trabajan sus maridos o mujeres guardias civiles, porque la amenaza del narco es real, constante y visible. Como en los años de plomo del País Vasco, ha vuelto imperar el silencio. “Hay familias que viven a 40 o 60 kilómetros para no ser identificadas. Y hay niños que no pueden decir en el colegio a qué se dedican sus padres”, relata. Y eso hace que lo cotidiano se vuelva impensable.
“Hay niños que no pueden decir en el colegio a qué se dedican sus padres”
“En la zona todo el mundo se conoce y eso hace que la convivencia sea muy complicada”, explica Sara. “Cuando detienen a alguien, a las 48 horas está en la calle, y eso significa que te lo vuelves a cruzar en el supermercado, en la gasolinera o en la puerta del colegio. Por eso muchas familias no pueden ni salir a cenar en su propio municipio: prefieren desplazarse a otros pueblos para evitar miradas, represalias o que los marquen”. Según la asociación, esta sensación de vulnerabilidad se ha extendido incluso entre quienes viven en municipios pequeños, donde la cercanía con los clanes convierte el día a día en un ejercicio permanente de prudencia.
En barrios donde las redes criminales ejercen control social, vivir con un uniforme en casa es un riesgo.
Riesgo excepcional
A esta realidad familiar se suma un reconocimiento institucional explícito: el Ministerio del Interior anunció la dotación de 38,2 millones de euros para el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en 2026, una inversión que confirma que el Estado considera de alguna forma la zona un territorio de riesgo excepcional. El plan mantiene el refuerzo extraordinario de plantillas, despliega unidades de prevención y orden público procedentes de otras provincias y destina 19,4 millones a medios materiales, tecnológicos y de autoprotección. Interior exige que las intervenciones se realicen con dotación armamentística adecuada al “máximo riesgo previsible”, intensifica las operaciones en alta mar, refuerza el control de rutas fluviales y prioriza la investigación del tráfico de armas y de las estructuras financieras del narco.
Estas medidas -junto a los expedientes de adquisición de material por valor de 21,3 millones de euros tramitados a finales de 2025- explican por qué tantas familias no pueden vivir en la zona: el propio Estado admite que el riesgo es estructural, sostenido y extraordinario.
Pero las familias no ven mejoras reales. “Las plantillas siguen mermadas, los catálogos no se amplían y la delincuencia crece. No se está viendo en la calle ese refuerzo del que presume Interior”, denuncia la secretaria general de “Mi corazón por bandera”.
El coste humano del narco
Aunque no hay una estadística oficial que permita saber cuántas mujeres han quedado viudas por la violencia del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, sí constan en los registros las muertes más recientes de guardias civiles en la zona. En febrero de 2024, en Barbate, los agentes Miguel Ángel González Gómez, David Pérez Garacel, fueron asesinados después de que una narcolancha embistiera su embarcación durante una operación en el puerto. También se advierte de que, en los últimos años, varios guardias civiles y también policías nacionales han resultado heridos de gravedad en embestidas, atropellos intencionados y agresiones ocurridas en áreas donde las redes del narco mantienen un fuerte control territorial. Uno de ellos ocurrido en Algeciras, donde un inspector de Policía Nacional de 33 años fue arrollado por el coche de un narco en la zona de Getares. Sobrevivió, pero los médicos tuvieron que amputarle un brazo.
Las asociaciones de guardias civiles recuerdan que este tipo de agresiones, cada vez más violentas, forman parte del día a día de los agentes destinados en el Campo de Gibraltar. Las últimas son las de Germán Pérez González y el capitán Jerónimo Jiménez Molero cuando dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron a unas 80 millas náuticas de la costa onubense mientras perseguían a una narcolancha. Entre las familias ha sentado especialmente mal que el ministro calificara lo ocurrido como un “accidente”. “Es como si quisiera restar gravedad a algo que lleva años denunciándose”. También ha generado indignación que no acudiera a los velatorios. Para la asociación, ese gesto confirma “la falta de voluntad política para afrontar una realidad que está costando vidas y que no puede tratarse como un episodio fortuito”.
“No merece la pena”, el sentimiento que les invade a diario y que repiten a sus parejas y familiares
Cada muerte deja tras de sí una familia rota y que cada herido arrastra a un hogar a la incertidumbre. Se insiste, además, en que cada operación de riesgo obliga a muchas mujeres -tanto guardias civiles como parejas de agentes- a sostener la vida familiar en soledad, con la carga emocional y práctica que implica convivir con un peligro que no desaparece cuando termina el turno de servicio. ¿Y qué es lo que más les dicen cuando salen cada día por la puerta? “No merece la pena”. Ese, es un sentimiento que les invade a ellas, mientras ellos solo piensan en cumplir con su deber de servir a España.
“Las familias de Barbate llevan dos años sin recuperarse·, apunta Sara. Y es que los heridos de aquella tragedia siguen con secuelas psicológicas graves y, advierte “nadie les hace un seguimiento real”, lamenta. “Cuando ocurre una tragedia, el Estado desaparece. Hay un abandono total”, subraya. Desde “Nuestro corazón por bandera” destacan que, además, este nuevo golpe ha supuesto una regresión para ellos y “lo están pasando muy mal”. También les han hecho llegar a las familias de Germán y Jerónimo que están ahí para lo que puedan necesitar. “Sabemos por lo que están pasando”.
Especial peligrosidad
El Ministerio del Interior reconoce que el Campo de Gibraltar es hoy un espacio de especial peligrosidad, hasta el punto de mantener un despliegue extraordinario desde 2018. Los datos oficiales son contundentes: 47.862 operaciones policiales desde 2018, 31.335 detenidos o investigado, 2.179.973 kilos de droga intervenida, 3.183 armas de fuego incautadas, 124.441.726 euros en efectivo intervenidos, 9.728 vehículos decomisados, incluidos 2.068 marítimos. Y, aun así, “Nuestro corazón por bandera” advierte de las carencias: “No se cubren las vacantes porque nadie quiere ir a un sitio donde vivir es peligroso incluso para los hijos”.
Recuerdan que, cuando España afrontó el terrorismo, se legisló de manera específica para proteger a los agentes y endurecer las penas. “Igual que cuando había terrorismo había unas legislaciones especiales para esos casos, ahora con el narcotráfico debería hacerse lo mismo”, sostienen desde la asociación. Porque “la delincuencia ha cambiado, es más agresiva, y no se puede seguir aplicando un Código Penal que no está pensado para este tipo de criminalidad”. La falta de reformas legales, avisa Sara, transmite a los clanes un mensaje de impunidad que alimenta la violencia.
Una reclamación que se repite
Tras la tragedia de Barbate, las familias empezaron a reclamar medidas muy concretas: la declaración de profesión de riesgo, más medios materiales y humanos, un respaldo jurídico real y el reconocimiento del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. Pero “nada avanzaba”, explica Sara. “Todo lo que llegaba al Congreso se guardaba en un cajón, así que nos vimos obligadas a acudir a Bruselas”. La asociación, junto a la Confederación Española de Policía, presentó una petición en el Parlamento Europeo para que la UE impulse cambios legislativos que España no ha abordado. “Por suerte la petición fue aceptada y sigue adelante, pero es triste que tengamos que ir a Europa porque aquí no hay voluntad política”, lamenta.